El Gobierno vasco rechaza suspender la ayuda a familiares de presos con el voto de Batasuna

Los familiares de los presos de ETA seguirán cobrando las ayudas económicas que les concede el Gobierno vasco para visitar a los reclusos que cumplen condena fuera de Euskadi. Los tres partidos que apoyan al Ejecutivo de Ibarretxe (PNV, EA e IU) votaron ayer junto con Sozialista Abertzaleak (el grupo de la ilegalizada Batasuna) para derrotar una propuesta del PP que reclamaba su supresión. Los populares sólo contaron con el apoyo del PSE. El grupo independentista participó con normalidad en el pleno del Parlamento de Vitoria, tras rechazar su presidente, el peneuvista Juan María Atutxa, la pet...

Los familiares de los presos de ETA seguirán cobrando las ayudas económicas que les concede el Gobierno vasco para visitar a los reclusos que cumplen condena fuera de Euskadi. Los tres partidos que apoyan al Ejecutivo de Ibarretxe (PNV, EA e IU) votaron ayer junto con Sozialista Abertzaleak (el grupo de la ilegalizada Batasuna) para derrotar una propuesta del PP que reclamaba su supresión. Los populares sólo contaron con el apoyo del PSE. El grupo independentista participó con normalidad en el pleno del Parlamento de Vitoria, tras rechazar su presidente, el peneuvista Juan María Atutxa, la petición del PP de que les negase la palabra porque el Tribunal Supremo ha ordenado su disolución.

El primer pleno ordinario del Parlamento vasco tras la anulación por el Tribunal Supremo, el pasado miércoles, de los acuerdos de la Mesa de la Cámara que permiten seguir existiendo al grupo de Batasuna registró dos votaciones conjuntas de éste con los tres grupos del Gobierno vasco, relativas a derechos de los presos de ETA y de sus familiares.

La Cámara rechazó con los votos del tripartito y de Sozialista Abertzaleak una propuesta popular que pedía que se revocase la orden por la que el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, de EA, dio luz verde el pasado 30 de julio a las ayudas económicas para los desplazamientos de familiares de presos que cumplen condena fuera del País Vasco. Las ayudas, de carácter anual y con una partida total de 200.000 euros, se conceden para los familiares de cualquier preso vasco que cumpla condena fuera de Euskadi. La gran mayoría de ellos están en la cárcel por relación con la banda terrorista.

Sólo el PSE votó en favor de la iniciativa. Su portavoz, Rodolfo Ares, se preguntó "por qué el Gobierno vasco no financia los viajes a los familiares de personas amenazadas por ETA o a víctimas directas de sus atentados que han tenido que abandonar el País Vasco o a quienes tienen a sus parientes enterrados en cementerios de toda España". Ares advirtió del riesgo de fraude que suponen estas subvenciones y reprochó que se le concedan a quienes tengan ingresos de hasta tres veces el salario mínimo interprofesional, mientras que se niegan las ayudas de emergencia social a quienes lo superan 1,75 veces.

El diputado proponente, el popular Carlos Urquijo, advirtió al Gobierno vasco de que su grupo da por roto el acuerdo sobre medidas de apoyo para las víctimas del terrorismo alcanzado en junio y consideró un "escarnio" para ellas que se sufraguen con dinero público las necesidades de sus verdugos. Los grupos del tripartito adujeron la "inocencia" de los familiares de los presos para mantener las ayudas, que desde ahora "serán individuales", resaltó Rafael Larreina, de EA.

La otra votación conjunta se dio tras modificar el tripartito una proposición de SA en favor de que los presos de ETA puedan estudiar en la Universidad del País Vasco (UPV). El texto aprobado considera "absolutamente denunciable" la reciente reforma de la Ley General Penitenciaria que impide a los reclusos etarras estudiar en la UPV y defiende su derecho a cursar sus estudios en un centro universitario que ofrezca docencia en euskera. El PSE y el PP no participaron en el debate al ser una propuesta de los independentistas, pero los socialistas volvieron a la sala a votar en contra.

Los populares intentaron sin éxito de nuevo que Atutxa le negase la palabra al portavoz de los radicales. La actuación del presidente fue cuestionada otra vez. Urquijo le pidió que exigiera a la radical Jone Goirizelaia que retirase los insultos de "fascista y torturador" que le había dirigido. Atutxa se negó también al considerar que entre ambos parlamentarios se había dado "un empate", al achacar Urquijo a la parlamentaria abertzale pertenencia a ETA.

[El delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, recurrirá el encargo por el Gobierno autónomo de un estudio sobre un sistema penitenciario vasco y las ayudas a libros de texto concedidas por el Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Mondragón, gobernado por el PNV, a diez reclusos etarras.]