Endesa fuma la pipa de la paz

Después de seis años de conflicto, Endesa Chile cerró esta semana un acuerdo económico con las últimas cuatro familias pehuenches de la zona cordillerana del río Biobío que se resistían a ser trasladadas desde sus tierras, ubicadas 500 kilómetros al sur de Santiago, y permitir que sean tapadas por el lago artificial que se formará en 2004, cuando funcione la central hidroeléctrica Ralco.

La participación del Gobierno del socialista Ricardo Lagos fue determinante para llegar a una solución que deja más satisfecha a la empresa, que finalizará un proyecto de 570 millones de dólares, y al G...

Después de seis años de conflicto, Endesa Chile cerró esta semana un acuerdo económico con las últimas cuatro familias pehuenches de la zona cordillerana del río Biobío que se resistían a ser trasladadas desde sus tierras, ubicadas 500 kilómetros al sur de Santiago, y permitir que sean tapadas por el lago artificial que se formará en 2004, cuando funcione la central hidroeléctrica Ralco.

La participación del Gobierno del socialista Ricardo Lagos fue determinante para llegar a una solución que deja más satisfecha a la empresa, que finalizará un proyecto de 570 millones de dólares, y al Gobierno, que apaga el choque entre los derechos de los indígenas y la necesidad de abastecimiento eléctrico, que a los pehuenches.

La recolocación de las 98 familias indígenas que desde épocas ancestrales vivían en la zona ha costado a la eléctrica más de 24 millones de dólares

Según el memorando de entendimiento, que aún debe ser suscrito ante notario, las cuatro familias que resistieron hasta el final a Endesa -del grupo Endesa España- recibirán de la empresa el equivalente a 1,2 millones de dólares de compensación y 77 hectáreas de terreno en permuta por las tierras que entregan. La empresa deberá entregar otros 460.000 dólares para una institución que generará proyectos de desarrollo para hijos y descendientes de los afectados.

Además, el Gobierno se comprometió a entregarles 1.200 hectáreas de un terreno cercano, asistencia técnica y otros beneficios al centenar de familias pehuenches que debieron trasladarse. A cambio, los afectados aceptan permutar sus tierras y deponen las acciones judiciales que habían emprendido, e informan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde demandaron al Estado, de esta solución.

Un ministro mapuche

El coste total del proceso de relocalización de las 98 familias pehuenches que desde épocas ancestrales vivían en el alto Biobío fue entre 24 y 25 millones de dólares, incluyendo las tierras de permuta y viviendas para los afectados. El monto estaba dentro de lo que se podía prever, aunque el conflicto supuso atrasos, afirma el gerente de Endesa, Héctor López. "Con este entendimiento termina el conflicto. Ha sido una experiencia nueva, en que por primera vez hubo que desplazar a personas de un área de características indígenas... Todos hemos aprendido", sostiene.

López desmiente que las últimas familias pehuenches hayan recibido una compensación mayor y dice esperar que Ralco entre en producción en julio próximo. Cuando esté en funcionamiento, esta hidroeléctrica tendrá una potencia de 570 megavatios, que representan el 8% del sistema interconectado central del país, donde habita el 93% de los chilenos.

Con satisfacción, Lagos resaltó que se ha logrado un acuerdo en un tema "tremendamente complejo", demostrando que es posible, "respetando las comunidades pehuenches, tener un desarrollo hidroeléctrico, fundamental para Chile". La mediación del Gobierno, hecha de forma reservada y encabezada por un ministro democratacristiano, Francisco Huenchumilla, de ascendencia mapuche, apuntó a conciliar dos derechos en pugna, el de los indígenas a vivir en sus tierras, con la necesidad de asegurar el abastecimiento eléctrico, aunque la clave fue el monto de las compensaciones.

Sin embargo, entre los pehuenches se advierte cierta amargura. Al término de la reunión con Endesa y el Gobierno, una de las cuatro mujeres que suscribió el memorando dijo: "No estamos para nada satisfechas con el acuerdo". Uno de los abogados de las familias indígenas, Roberto Celedón, dijo que las últimas firmantes -Berta Quintremán, Aurelia Marihuán, Mercedes Huenteao y Rosario Hueteao- "son las grandes sacrificadas, porque están renunciando a lo mayor, que es el derecho a permanecer en sus tierras".