El Gobierno recurre ante el Constitucional la Ley de Mutuas de la Generalitat catalana

El Consejo de Ministros decidió ayer recurrir ante el Constitucional cinco artículos de la Ley de Mutuas catalana. El Gobierno central argumenta que esta norma, aprobada en junio de este año, invade sus competencias y vulnera la legislación básica de seguros. La Generalitat dijo estar "acostumbrada" a que se cuestionen sus competencias. El recurso llega horas después de que el ministro de Economía, Rodrigo Rato, apuntara hacia el consejero de Economía de la Generalitat catalana, Francesc Homs, como responsable en gran parte de la crisis de las mutuas de Eurobank.

El Gobierno de José Mar...

El Consejo de Ministros decidió ayer recurrir ante el Constitucional cinco artículos de la Ley de Mutuas catalana. El Gobierno central argumenta que esta norma, aprobada en junio de este año, invade sus competencias y vulnera la legislación básica de seguros. La Generalitat dijo estar "acostumbrada" a que se cuestionen sus competencias. El recurso llega horas después de que el ministro de Economía, Rodrigo Rato, apuntara hacia el consejero de Economía de la Generalitat catalana, Francesc Homs, como responsable en gran parte de la crisis de las mutuas de Eurobank.

El Gobierno de José María Aznar entiende que la norma catalana invade competencias de la Administración central porque, en primer lugar, extiende su ámbito de aplicación a mutuas que operan fuera del territorio de la Comunidad y, por otro lado, vulnera la legislación básica en materia de seguros.

La Generalitat, que asegura no querer una guerra con el Gobierno sobre Eurobank, encajó el golpe con ironía: "El Gobierno del PP ya nos tiene acostumbrados a cuestionar las competencias de la Generalitat en muchas materias", declaró Francesc Homs en un comunicado oficial. Sin embargo, el consejero sólo centró sus críticas en el ámbito de aplicación territorial, pero no se refirió en ningún momento a la vulneración que, según el Gobierno central, se hace de la legislación básica en materia de seguros.

El artículo 23.1 de la ley catalana de mutuas somete a la autorización administrativa la actividad de las mutuas, mientras que los preceptos 4.b y 25 permite a las entidades desarrollar operaciones de coseguro y reaseguro.

Oficialmente, tampoco se refirió Homs al momento en que llega el recurso: en plena crisis de Eurobank. El Ministerio de Economía desvincula cualquier relación entre la decisión del Ejecutivo con el caso, y arguye que se dio a conocer ayer porque el plazo para impugnar "estaba a punto de vencer". La ley catalana de mutuas fue aprobada el 13 de junio de 2003.

Sin embargo, la oposición del Gobierno catalán, que calificó de "centralista" e "intervencionista" la decisión del Ejecutivo, está convencida de que la decisión del Consejo de Ministros es una clara rencilla a Homs por el caso del banco, lo que eleva el tono del conflicto institucional, tras las declaraciones de Rodrigo Rato según las cuales su ministerio y el Banco de España avisaron cinco veces a la Generalitat sobre anomalías en la operativa de las mutuas vinculadas a Eurobank, Norton Life y Caja Hipotecaria Mutual.

El portavoz de Economía de los socialistas catalanes, Martí Carnicer, aseguró que "Rato y el PP quieren aprovechar las deficiencias en el control y la tutela del Gobierno de CiU para castigar el desarrollo de las mutuas catalanas". El portavoz parlamentario de ERC, Josep Huguet, se preguntó ayer retóricamente si "cuando Rato deja con el culo al aire al consejero Homs, no estaba anticipando la noticia de hoy [ayer para el lector]".

Homs se reunirá el próximo lunes con los responsables económicos de todas las fuerzas parlamentarias catalanas para contarles las conclusiones de la inspección llevada a cabo por su departamento, antes de dar cuentas a la opinión pública.

Moción del PSOE

Mientras, el Grupo Socialista ha cogido el guante lanzado el miércoles por el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, y ha presentado en el Congreso una moción en la que propone modificar la normativa actual de control de las entidades finacieras, que el pleno discutirá el próximo martes. Entre las propuestas figura la de elevar de 20.000 a 30.000 euros el importe garantizado de los depósitos individuales por parte del Fondo de Garantía de Dépositos.