El 83% de las instituciones incumplió en 2000 el plazo para enviar datos a la Cámara de Cuentas

El 83% de las diputaciones, ayuntamientos, organismos autónomos, empresas públicas, mancomunidades y consorcios que forman el sector público andaluz incumplió en 2000 el plazo establecido en la ley para rendir sus cuentas ante la Cámara de Cuentas. El consejero mayor de esta institución, Rafael Navas, expuso ayer en el Parlamento andaluz el informe anual de fiscalización del año 2000 y coincidió con los grupos políticos en mostrar su preocupación por el hecho de que algunas instituciones aún no rindan sus cuentas o lo hagan fuera de plazo.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado ...

El 83% de las diputaciones, ayuntamientos, organismos autónomos, empresas públicas, mancomunidades y consorcios que forman el sector público andaluz incumplió en 2000 el plazo establecido en la ley para rendir sus cuentas ante la Cámara de Cuentas. El consejero mayor de esta institución, Rafael Navas, expuso ayer en el Parlamento andaluz el informe anual de fiscalización del año 2000 y coincidió con los grupos políticos en mostrar su preocupación por el hecho de que algunas instituciones aún no rindan sus cuentas o lo hagan fuera de plazo.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado una "disminución generalizada", el 13%, de las entidades locales que cumplieron con el plazo legal establecido para la rendición de sus cuentas, según el informe anual de 2000 de este organismo sobre el sector público local andaluz.

Rafael Navas, ante la Comisión de Economía del Parlamento autonómico, expuso las principales conclusiones del informe, en el que se precisa que durante ese año sólo cumplieron el plazo legal cuatro diputaciones provinciales (Almería, Jaén, Málaga y Sevilla), 87 ayuntamientos, 36 organismos autónomos, 18 empresas públicas, siete mancomunidades y cinco consorcios.

En 2000 el número de entidades locales integradas en la comunidad andaluza ascendió a 1.492, de las que rindieron cuentas finalmente un 63%. Pero sólo el 17% de las instituciones obligadas a rendir cuentas ante el órgano fiscalizador cumplieron con el plazo legal (el 1 de noviembre posterior al ejercicio económico al que se refiere).

Sobre los ayuntamientos, la Cámara detectó que en ese ejercicio cumplieron con su obligación legal de rendición de cuentas 523 de un total de 769, de los que 87 las remitieron en el plazo legal establecido, y el porcentaje de rendición registró un incremento de diez puntos respecto al ejercicio correspondiente a 1999.

Además, del total de los 246 ayuntamientos que no rindieron sus cuentas en 2000, 19 no han rendido nunca sus cuentas a esta institución desde 1989, primer ejercicio que fue fiscalizado.

El informe del órgano fiscalizador precisa además que las diputaciones provinciales y los ayuntamientos que son objeto de este estudio gestionan un 90% del total de fondos públicos de Andalucía, lo que supone cinco puntos más que en 1999.

"Objeto de reflexión"

Por parte del Partido Popular, el diputado Salvador Fuentes, reconoció que este tipo de informes pierden virtualidad porque son de 2000, pero destacó que deben ser "un objeto de reflexión" para los ayuntamientos.

La portavoz del PSOE, María del Mar Román, lamentó que los ayuntamientos "no siempre están igual de sensibilizados con la necesidad de cumplir con la legalidad en los plazos para la rendición de las cuentas". Añadió que se trata de un problema que no tiene nada que ver con el "color político" de las corporaciones y reiteró la necesidad de que cumplan con la normativa establecida en beneficio de todos los ciudadanos.

En relación con los organismos autónomos, dependientes de diputaciones provinciales y ayuntamientos, el informe destaca que en 2000 se redujo un punto la rendición de cuentas (58%, frente al 59% en 1999), extremo que también ocurrió con las sociedades mercantiles.

El documento también pone de manifiesto que hay organismos autónomos y sociedades mercantiles que después de constituidas no tienen actividad, por lo que la Cámara de Cuentas entiende que si una vez que se constituyó la entidad se considera que no es oportuna la forma de gestión, se debería proceder a su disolución.