El Poder Judicial investiga al juzgado que en 4 años no instruyó un triple asesinato

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenó ayer a su Servicio de Inspección que obtenga información sobre lo ocurrido en el Juzgado número 1 de Alcoy (Alicante), que el martes último tuvo que decretar la libertad provisional del único acusado de un triple asesinato por no haber acabado de instruir el caso durante los cuatro años que, como máximo, puede estar legalmente un imputado privado de libertad sin que se haya celebrado el juicio. La excarcelación ha originado un fuerte escándalo judicial y político por el anormal funcionamiento de la justicia.

La salida de la cárcel de F...

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenó ayer a su Servicio de Inspección que obtenga información sobre lo ocurrido en el Juzgado número 1 de Alcoy (Alicante), que el martes último tuvo que decretar la libertad provisional del único acusado de un triple asesinato por no haber acabado de instruir el caso durante los cuatro años que, como máximo, puede estar legalmente un imputado privado de libertad sin que se haya celebrado el juicio. La excarcelación ha originado un fuerte escándalo judicial y político por el anormal funcionamiento de la justicia.

Acebes considera que "el Estado de Derecho provoca consecuencias indeseables"

La salida de la cárcel de Francisco Gómez Simón, único acusado por el triple crimen cometido en una masía de Benifallim (Alicante) en 1999, originó ayer la orden fulminante al Servicio de Inspección del CGPJ para que informe sobre "las circunstancias que han dado lugar a esta situación".

El portavoz del Consejo, Enrique López, vocal propuesto por el PP, declaró que la información que se obtenga será analizada por la Comisión Disciplinaria, que abrirá un expediente disciplinario, iniciará una investigación o archivará el caso.

A falta de la información previa solicitada, López explicó que, en su opinión, al haber ejercido en ese juzgado durante cuatro años dos jueces titulares y tres sustitutos, "no ha habido demasiada movilidad". Igualmente, consideró que lo sucedido no puede atribuirse a "una excesiva carga de trabajo", ya que ese juzgado mixto [de primera instancia civil y de instrucción de casos penales] "tenía una carga penal por debajo de la media y un 10% por encima en materia civil".

Explicaciones muy similares ofrecieron fuentes del Ministerio de Justicia, que resaltaron que este caso era el único por asesinato que se instruía en ese juzgado. López aventuró que "el problema tal vez ha estado más en la oficina judicial que en los jueces". Y el también vocal propuesto por el PP, José Luis Requero, apuntó a Europa Press que lo sucedido se debe "a la sobrecarga de trabajo (...) y a las anomalías realizadas por un oficial que ya ha sido condenado por delitos de falsedad, cohecho y prevaricación", en referencia a un funcionario juzgado por hechos ocurridos en 1995, cuatro años antes que el triple crimen de Benifallim.

Desde Almería, el ministro del Interior, Ángel Acebes, atribuyó la puesta en libertad de Gómez Simón a que "el Estado de Derecho provoca unas consecuencias indeseables que no deben producirse", y señaló que "todos los responsables deben poner en marcha las posibilidades, recursos y competencias para que esto no se produzca".

Dos vocales del CGPJ propuestos por el PSOE fueron más críticos con lo sucedido. José Antonio Alonso avaló la investigación ordenada por el Consejo y aseguró: "Lo ocurrido desmiente la política oficial, que vende bastante humo, cuando pregona estupendas mejoras y cada vez que nos enfrentamos con un problema, la realidad las desmiente, porque estamos por debajo de la media europea". Para Alonso, "es intolerable que un acusado de asesinato esté cuatro años sin juicio o que no se investiguen los delitos económicos, mientras la política criminal del Gobierno se centra en la pequeña delincuencia".

Javier Martínez Lázaro se mostró, por su parte, muy autocrítico, al evaluar la noticia: "Un fracaso de todos los que tenemos responsabilidad en la Administración de Justicia". Detalló que "algo falla en el Consejo, cuyo Servicio de Inspección debe conocer la carga de trabajo de cada juzgado; en la fiscalía, obligada a intervenir cuando el retraso supere los seis meses; y una enorme responsabilidad es del Ministerio de Justicia por no dotar de los medios necesarios y no ejercer la iniciativa legislativa de forma adecuada para resolverlos".

Javier Barrero, portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso, responsabilizó también al Gobierno de la falta de medios materiales y humanos, "que crea alarma social", y recordó: "Disponemos de 8 jueces por cada 1.000 habitantes, mientras que los países de nuestro entorno cuentan con 11 ó 12".

Antonio Camacho, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, atribuyó lo sucedido a que "España tiene una Administración de Justicia del siglo XIX" y José María Fernández Seijo, de Jueces para la Democracia, lo vinculó con la "desidia de los responsables de la Administración de Justicia".