Una demora fiscal, y el 15% de las quinielas, en el aire
El posible aplazamiento de la Liga de fútbol a causa de la postura de fuerza de los clubes alineados en el G-30 constituye un arma de doble filo. Si por un lado sirve de elemento de presión para tratar de mejorar sus contratos televisivos, por otro pone en peligro las negociaciones de la propia Liga Profesional (LFP) con el Gobierno para aumentar el porcentaje de las quinielas que revierte en los clubes -actualmente es del 10% y se pretende que aumente hasta el 15%- y para buscar fórmulas de negociación sobre la deuda que vienen arrastrando con Hacienda, que asciende en conjunto a 288,8 millon...
El posible aplazamiento de la Liga de fútbol a causa de la postura de fuerza de los clubes alineados en el G-30 constituye un arma de doble filo. Si por un lado sirve de elemento de presión para tratar de mejorar sus contratos televisivos, por otro pone en peligro las negociaciones de la propia Liga Profesional (LFP) con el Gobierno para aumentar el porcentaje de las quinielas que revierte en los clubes -actualmente es del 10% y se pretende que aumente hasta el 15%- y para buscar fórmulas de negociación sobre la deuda que vienen arrastrando con Hacienda, que asciende en conjunto a 288,8 millones de euros.
La LFP remitió en abril pasado una carta al vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que solicitaba una tregua fiscal y un mayor porcentaje del dinero de las apuestas entre otras medidas. En principio, el Ejecutivo aceptó parcialmente sus sugerencias. Sin embargo, la misma Liga se teme que esas negociaciones se rompan si finalmente el torneo no se inicia en la fecha prevista.
"Con el nuevo porcentaje de las quinielas, que podría ser del 15%, los clubes podrían ingresar unos 48 millones de euros más", sostiene una fuente de la Liga. Una cantidad de dinero muy superior "a los seis millones por los que, en estos momentos, no se llega a un acuerdo con Gestsport", añade.
Respecto a la enorme deuda con Hacienda, desde la Liga se expone que las actuales conversaciones con el Gobierno servirían para "buscar fórmulas más beneficiosas para los clubes en el tiempo". En definitiva, se pretende aumentar los aplazamientos, que ya existen, y congelar los intereses derivados de esas demoras. Una cuestión que también se vería abocada al fracaso si finalmente los clubes modestos llevan a la práctica su amenaza.