Abocados a la delincuencia
Por mi profesión de socióloga, y más concretamente de investigadora sobre la inmigración magrebí en España, me entero -boquiabierta- de que los jóvenes hijos de inmigrantes, y que han crecido en España por haber llegado de niños, acogiéndose a la reagrupación familiar, cuando alcanzan la edad en que cualquier joven español puede acceder libremente al mercado de trabajo (16 años) se encuentran con que el permiso de residencia que tienen para estar legalmente en España sólo les da derecho a "residir", pero en ningún caso a trabajar. Si quieren trabajar legalmente, y con todos los derechos que la...
Por mi profesión de socióloga, y más concretamente de investigadora sobre la inmigración magrebí en España, me entero -boquiabierta- de que los jóvenes hijos de inmigrantes, y que han crecido en España por haber llegado de niños, acogiéndose a la reagrupación familiar, cuando alcanzan la edad en que cualquier joven español puede acceder libremente al mercado de trabajo (16 años) se encuentran con que el permiso de residencia que tienen para estar legalmente en España sólo les da derecho a "residir", pero en ningún caso a trabajar. Si quieren trabajar legalmente, y con todos los derechos que las leyes españolas reconocen, han de esperar a que algún empleador les proporcione una oferta de trabajo. Lo que, pese a lo que pudiera parecer, no siempre es fácil, pues muchos empleadores recelan de hacer una oferta de trabajo a alguien que carece de permiso para trabajar, por miedo a incurrir en alguna ilegalidad, que sólo les podría acarrear problemas.
¿Qué pasa entonces con estos chicos? (Hablo de ellos porque es el caso que más conozco, aunque es fácil también sacar conclusiones en el de las chicas). Pues que ven cómo van cumpliendo los diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte años sin poder acceder a un trabajo digno (para muchos de ellos, con escasa formación y sin ánimo de realizar estudios, su salida natural es el mundo laboral), con lo que se están creando bolsas de marginación al excluírseles del derecho al trabajo.
Con lo fácil que sería que, simplemente, al cumplir estos chicos los dieciséis años, se les cambiase automáticamente su permiso de residencia sin trabajo por otro que les autorizase a trabajar. Con ello, el Estado español evitaría discriminar, marginar y excluir a estos jóvenes, que de esta forma no quedarían abocados al vagabundeo y a la delincuencia -o sea, a coger malos hábitos- y a poblar aún más las cárceles, con el consiguiente gasto para el bolsillo nacional, sólo por falta de previsión y de auténticas ganas de integrar a los inmigrantes y a sus familias.