Varias ONG denuncian a la UE el trasvase Júcar-Vinalopó
El trasvase Júcar-Vinalopó es contrario al Derecho Comunitario por lo que la Unión Europea no sólo no debería participar en su financiación sino que incluso debería impedir la realización del proyecto. Así lo consideran las organizaciones no gubernamentales WWF/Adena, Ecologistes en Acció, Greenpeace y SEO/Birdlife, junto a la Fundación Nueva Cultura del Agua, quienes ayer presentaron una denuncia que plantearán a la Comisión Europea para bloquear el trasvase.
Estas entidades entienden que en la solicitud de financiación europea del proyecto -que supondría el 34,78% de los 230,4 millone...
El trasvase Júcar-Vinalopó es contrario al Derecho Comunitario por lo que la Unión Europea no sólo no debería participar en su financiación sino que incluso debería impedir la realización del proyecto. Así lo consideran las organizaciones no gubernamentales WWF/Adena, Ecologistes en Acció, Greenpeace y SEO/Birdlife, junto a la Fundación Nueva Cultura del Agua, quienes ayer presentaron una denuncia que plantearán a la Comisión Europea para bloquear el trasvase.
Estas entidades entienden que en la solicitud de financiación europea del proyecto -que supondría el 34,78% de los 230,4 millones de euros en los que se valora todo el trasvase- el Gobierno español ha incumplido el artículo 10 del tratado de la Unión referido al "deber de cooperación leal" al haber aportado "datos obsoletos" (de 1989 y 1990) y ofrecer "recursos sobreestimados" sobre el caudal del Júcar. Por ello, "el trasvase sería imposible en los años medios y secos y sólo sería posible en años especialmente húmedos". De hecho, mantienen que para asegurar el trasvase, se depende de la aportación de agua del Ebro al Júcar prevista por el Plan Hidrológico Nacional (PHN), "pero paradójicamente , si finalmente se ejecutase el trasvase del Ebro, la conducción Júcar-Vinalopó sería redundante". Y eso es así porque el PHN prevé una canalización entre Tous y Villena, lo que duplicaría "de forma inútil" la infraestructura anterior.
Alternativas posibles
A estos argumentos, suman que el gobierno "ha adoptado una solución sin acreditar que es la más eficiente y coherente de las alternativas posibles", lo que "significaría privar de fondos a otros proyectos de cohesión", circunstancia que contravendría el artículo 161 del tratado, así como el reglamento de los fondos estructurales. Las entidades ecologistas consideran también que no se respeta el deber de compatibilidad ambiental que se exige en la acción de los fondos estructurales. La solicitud de financiación del trasvase "incumple el objetivo y deber de la protección y mejora del medio ambiente". Uno de los principales reparos que exponen es la falta de un estudio "serio y completo" de los impactos ambientales ya que en el estudio realizado "no se han tenido en cuenta todos los espacios merecedores de protección".
Por otra parte, la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, señaló ayer que calcula que después de la presentación de alegaciones al trazado y al estudio de impacto ambiental del trasvase del Ebro, cuyo plazo concluye el próximo 1 de agosto, se tardará alrededor de dos meses en analizar los documentos que se presenten. Rodríguez añadió que se empleará "el tiempo que se necesite para analizar, clasificar y contestar a todas las alegaciones" y se comprometió a que el ministerio pondrá todos los medios y recursos necesarios para estudiar las alegaciones que se presenten.