España, en la nueva Europa

La Unión Europea está en proceso de mutación. En unos meses, con la ampliación a diez nuevos miembros y la aprobación de una Constitución, habrá dado un paso de gigante, si no pierde el rumbo en el intento. Esta gran transformación plantea unos retos particulares a España, un país excéntrico en la nueva y en la vieja UE, de tamaño intermedio, en una de las periferias de Europa, y con problemas muy particulares. La forma en que encaje dependerá más de su capacidad para hacer alianzas dentro de la UE y de desarrollar políticas comunes que de su peso institucional. De momento, en la recta final d...

La Unión Europea está en proceso de mutación. En unos meses, con la ampliación a diez nuevos miembros y la aprobación de una Constitución, habrá dado un paso de gigante, si no pierde el rumbo en el intento. Esta gran transformación plantea unos retos particulares a España, un país excéntrico en la nueva y en la vieja UE, de tamaño intermedio, en una de las periferias de Europa, y con problemas muy particulares. La forma en que encaje dependerá más de su capacidad para hacer alianzas dentro de la UE y de desarrollar políticas comunes que de su peso institucional. De momento, en la recta final de la Convención que ha elaborado el proyecto de Constitución se ha quedado sola en su defensa del statu quo de Niza en materia de reparto de los votos entre los Estados.

La ampliación puede acentuar los problemas contradictorios de España en la UE. Pero España no tiene por qué resignarse a una posición periférica que parece imponer la geografía

Para algunos observadores extranjeros resulta absurdo que España aspire, con su población, su economía y su mínimo gasto militar, a ser un país grande en la Unión. No lo es

El Gobierno de Aznar ha mantenido estos años una actitud más defensiva que creativa ante la mutación de la UE. No obstante, algunas ideas sí ha aportado España en esta etapa cuasi-constituyente de la construcción europea. Como señala el miembro de la Convención y eurodiputado del PP Íñigo Méndez de Vigo, los participantes españoles han impulsado, entre otras cosas, el concepto de una unión de ciudadanos y de Estados (aunque los "pueblos" no han desaparecido del preámbulo); la garantía de la integridad territorial; la categorización de las competencias, en vez de la elaboración de un (imposible) catálogo; el desarrollo del espacio de libertad y seguridad, un sistema de alerta temprana para el control de la subsidiariedad por los parlamentos nacionales, y la cláusula de solidaridad ante ataques terroristas o catástrofes.

Votos y vetos

Pero es el capítulo institucional el que ha centrado la atención en la recta final de la Convención. España, por sus votos en el Consejo de Ministros comunitario, número de comisarios (2) y escaños en el Parlamento Europeo (64), era, hasta Niza, un país intermedio, más cerca de los grandes que de los pequeños. En la negociación del Tratado de Niza buscó un status más próximo a los grandes en el Consejo (27 votos, frente a 29 de éstos), pero a costa de sacrificar, más que ningún otro país, escaños en el Parlamento Europeo (de 64 a 50), cuando la eurocámara gana peso con la ampliación del procedimiento de codecisión con el Consejo y la reducción de la capacidad de veto. A este futuro apostaron los alemanes y ganaron.

Ahora, frente a las tres mayorías (y, por tanto, tres capacidades de bloqueo) de Niza, la Convención ha planteado una simplificación para 2009 o 2012: la mayoría cualificada deberá contar con una mayoría de países (13 en la UE de 25) que representen un 60% de la población de la Unión. En teoría, la posición de España queda deteriorada, aunque en un estudio (http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/292.asp), el profesor José Ignacio Torreblanca no considera el sistema negativo para España. En la Europa de 25 no puede formarse una minoría de bloqueo mediterránea (de Portugal a Chipre). La Europa de los Ocho que Aznar capitaneó contra Francia en la crisis de Irak serviría para bloquear, no para avanzar. En la UE de 27 que se divisa para 2010, ninguna decisión podrá tomarse en contra de los cuatro grandes (Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia), pero tampoco contra el Reino Unido, Italia, España y Polonia, una coalición que ha existido en esa crisis. Forjar alianzas positivas requerirá, guste o no, pasar por Francia y Berlín, eje necesario aunque ya no suficiente en esta nueva UE. Y ahí España -entre otras razones, porque el Gobierno piensa que necesitará menos a Alemania, dado que la fuente de transferencia de fondos se va a secar- ha perdido capacidad de interlocución, en el más alto nivel político, antes que entre diplomáticos.

El tema no está cerrado. Aunque bastante aislada (de poco le ha valido su política de apoyo a la guerra de Irak para beneficiarse en Europa), España tiene aún capacidad de presión. El texto final de la Constitución han de decidirlo los Gobiernos en Conferencia, no la Convención. España puede insistir en no tocar Niza, o en elevar el umbral del 60% (el sistema anterior equivalía a un 71%) y llegar en la práctica a una situación similar, además de rectificar el error de Niza, con más europarlamentarios para este país.

Para algunos observadores extranjeros resulta absurdo que España aspire, con su población, su economía y su mínimo gasto militar, a ser un país grande en la Unión. No lo es. Pero puede serlo -o, mejor dicho, volver a serlo-, más que por su peso institucional, por lo que aporte a la Unión Europea en términos de ideas, vínculos o seriedad (que Italia ha perdido). Por eso es tan importante que España recupere las relaciones euromediterráneas que este Gobierno ha dejado languidecer o que impulse nuevas políticas hacia las Américas. No es fácil impulsar todas estas dimensiones a la vez, menos aún cuando España tiene intereses comerciales contradictorios y una política de inmigración cada vez más restrictiva hacia ambas zonas. Pero éstas deben ser dos prioridades de España en una Unión ampliada que, por inercia, tenderá a concentrarse en sus problemas al Este. Si lo logra, España se transformará en puente, en vez de ser el muro al que le condena la geografía y la política de inmigración, nacional o europea. Y aunque las relaciones con Washington se han vuelto centrales, más que buscar una relación de subordinación a EE UU, España tiene que ampliar sus áreas propias en ese multiplicador de influencia que es la UE.

La ampliación puede acentuar los problemas contradictorios de España en la UE. Pero España no tiene por qué resignarse a una posición periférica que parece imponer la geografía. Se puede impedir o corregir esta deriva geográfica y funcional. En una Unión ampliada parece inevitable que en su seno se constituya un núcleo, llámese vanguardia, directorio o de cualquier otra manera, que tire de los demás, o avance dejando atrás a los que no quieren o no pueden, en su integración política. Estar en y ser parte de esa vanguardia va a ser un reto central de España. En todo caso, el "virgencita, que me quede como estoy" no es una opción, ni para la UE ni para España. Pero cuidado con el punto 1-40.6 del proyecto de Constitución que se refiere a "los Estados miembros que cumplan criterios elevados de capacidades militares y que hayan suscrito entre sí compromisos más vinculantes al respecto con vistas a realizar las misiones más exigentes". Pues cumplir en este ámbito lleva también al núcleo. Asimismo, España debe volver a aprender a vestir la defensa del interés nacional de interés general europeo. Todo un savoir faire.