Cajas de ahorro: ¿nueva etapa?
Durante este último año se han producido diversos cambios legales que están modificando o que parece que van a modificar el ámbito de actuación de las Cajas de Ahorro. Si tenemos en cuenta que las mismas en estos momentos representan el 50% del sistema financiero español y que, además, tienen una presencia cada vez más activa en la participación del capital de sectores claves de la economía española, no es extraño que desde distintas fuentes se plantee que estos cambios no son más que el inicio de transformaciones mas importantes que se pueden producir en el futuro.
La denominada Ley Fi...
Durante este último año se han producido diversos cambios legales que están modificando o que parece que van a modificar el ámbito de actuación de las Cajas de Ahorro. Si tenemos en cuenta que las mismas en estos momentos representan el 50% del sistema financiero español y que, además, tienen una presencia cada vez más activa en la participación del capital de sectores claves de la economía española, no es extraño que desde distintas fuentes se plantee que estos cambios no son más que el inicio de transformaciones mas importantes que se pueden producir en el futuro.
La denominada Ley Financiera, aprobada por las Cortes españolas el pasado mes de noviembre, ha representado el pistoletazo de salida, con cambios que afectan tanto a la composición de sus órganos de gobierno (con importantes modificaciones de la Ley de órganos rectores de las Cajas de Ahorros de 1985), como a la posibilidad de captación de nuevas fuentes de sus pasivos a través de las denominadas cuotas participativas. Las posteriores Leyes autonómicas han venido a reforzar esas decisiones con regulaciones adicionales que, al menos formalmente contribuyen a disminuir la participación de los poderes públicos en sus órganos de gobierno, objetivo éste, al menos formalmente, "querido" por los Gobiernos del PP
Pero no son sólo ésos los cambios realizados. Las restricciones para las emisiones de obligaciones subordinadas en los denominados paraísos fiscales o la inclusión de la necesaria aplicación del denominado Código de Buen Gobierno (Informe Aldama) a las cajas, incluido en la modificación de la Ley de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se unen a los anuncios de posibles limitaciones de los derechos políticos de las Cajas en las sociedades que participan como accionistas. A la espera de los Decretos de desarrollo de las condiciones de emisión de las cuotas participativas, no son pues pocos los escenarios que se abren durante los próximos meses para el devenir del sistema financiero español representado de forma sobresaliente por las Cajas de Ahorro.
Quiérase o no, estas modificaciones no son ajenas a la vida política del país. La influencia directa e indirecta de las Comunidades Autónomas en el Gobierno de las Cajas y la posibilidad de cambios en los Gobiernos regionales en las pasadas elecciones autonómicas, no han dejado de tener su influencia en los desarrollos legales producidos que limitan la presencia pública en dichos órganos en el 50% del total de sus Consejeros.
Ahora bien, en la práctica, no debemos olvidar que, si bien estos cambios no cabe duda que son importantes, las Cajas de Ahorro españolas han desarrollado durante los últimos años un proceso tan fuerte de profesionalización que difícilmente se puede aseverar que la actuación básica de las mismas responde a directrices políticas (salvo actuaciones puntuales aunque reseñables), ni antes con porcentajes superiores al 50% ni ahora. Como muestra de esta situación pueden verse las declaraciones del Presidente-Director de la CECA (nombrado por los Presidentes y Directores Generales de las Cajas Federadas y éstos a su vez, nombrados por las Asambleas de las mismas), en las que se mantiene una línea de independencia de los poderes públicos digna de destacar.
Y es que no está claro quién decide las líneas de actuación de las Cajas y, si algo está claro, es que éstas se trazan en líneas generales, con criterios de profesionalidad, salvo en casos excepcionales.
Los criterios marcados por la competencia del resto del sistema financiero dejan estrechos márgenes para posibles estrategias independientes que, con el objetivo de influir en el desarrollo regional, por ejemplo, olviden los principios básicos del riesgo o la diversificación de sus activos. Esto no quiere decir que no existan estrategias distintas. Lo que quiere decir es que las mismas deben verse desde la óptica de las entidades financieras y no como decisiones ajenas a las cajas. Posiblemente en esta independencia y profesionalidad está la clave de su éxito.
Y es esta operatoria la que está siendo vista con malos ojos por parte de los poderes económicos y políticos en la actualidad. La fuerte penetración en sectores económicos clave antes dominados por la banca o por los poderes públicos a través de las antiguas empresas públicas (cerca de 7,000 millones de euros de inversión en el capital de esas empresas en la actualidad) ha convertido a estas entidades, hoy más que nunca, en lo que un autor denominó hace unos años "el dinero de la discordia": posibilidades de intervención de los Gobiernos Autonómicos y alta profesionalidad son dos componentes que difícilmente pueden verse con buenos ojos desde un Gobierno Central como el actual. La última actuación sobre la operación de Gas Natural sobre Iberdrola da buena cuenta de ello.
La situación no puede ser estable para estas instituciones. A los nuevos escenarios de funcionamiento con márgenes financieros estrechos, alta competencia y nuevas exigencias para el riesgo de sus operaciones en el proceso de aplicación de Basilea II, se unen también los comportamientos a adoptar en los sectores en los que participan como socios activos y no sólo financieros.
Con un escenario de elecciones generales para el próximo mes de marzo, no cabe ninguna duda que la cuestión de las Cajas de Ahorro continuará siendo un motivo de debate para los próximos meses. Esperemos que el mismo sirva para fortalecer estas entidades, especialmente en lo relativo a la mejora de su eficiencia y prestación de servicios.
Martín Sevilla es catedrático de Política Económica de la Universidad de Alicante