La fiscalía solicita que se mantenga la sanción impuesta por el Gobierno vasco a una empresa por acoso laboral
La fiscal solicitó ayer a la juez que mantenga la sanción de 12.020 euros que la Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco impuso a una empresa de Usurbil por considerar que ésta había sometido a acoso laboral, también conocido como mobbing, a uno de sus trabajadores, al que apartó de su puesto de trabajo tras una discusión con su jefa.
La petición se produjo en la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Social número 3 de San Sebastián para resolver el recurso presentado por la empresa, Ingemar Industria del Mármol, contra la multa. La firma sostiene que no ha atentado contra ...
La fiscal solicitó ayer a la juez que mantenga la sanción de 12.020 euros que la Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco impuso a una empresa de Usurbil por considerar que ésta había sometido a acoso laboral, también conocido como mobbing, a uno de sus trabajadores, al que apartó de su puesto de trabajo tras una discusión con su jefa.
La petición se produjo en la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Social número 3 de San Sebastián para resolver el recurso presentado por la empresa, Ingemar Industria del Mármol, contra la multa. La firma sostiene que no ha atentado contra la dignidad del trabajador y califica la multa de "desproporcionada".
La versión del empleado es distinta. Según declaró ayer, la empresa le contrató como informático en enero de 2001. Un año después tuvo una discusión con su jefa. Fue después de ser requerido un viernes por la tarde para prolongar su jornada laboral, que habitualmente duraba diez horas. El trabajador se negó.
Tan sólo tres días después, la empresa lo trasladó a un cuarto junto al almacén. Era un lugar "lleno de polvo, mal iluminado, ruidoso, frío y húmedo", describió. "Estaba en una mesa contra la pared que nunca se había utilizado como puesto de trabajo", relató el empleado, para añadir que le asignaron un trabajo "totalmente inútil".
Tras un mes allí, le enviaron a una oficina técnica, donde, según el trabajador, continuó realizando la misma labor "inútil", pero con un ordenador. A mediados de mayo de 2002, cogió una baja por estrés. El pasado marzo se incorporó de nuevo a la oficina técnica, donde se dedica a hacer fotocopias. CC OO denunció el caso el 24 de mayo del año pasado ante la Inspección de Trabajo y Osalan. La empresa fue sancionada por una infracción muy grave con 12.020 euros, multa que recurrió en noviembre.
El abogado de la firma señaló ayer que se cambió de sitio al trabajador "para evitar más incidentes". "Se le asignó una función y sólo estuvo en el almacén 15 días", hasta que se acondicionó el lugar donde fue trasladado luego, dijo. La fiscal y los letrados del Gobierno y CC OO mantuvieron que la medida tomada fue "un castigo encubierto y ejemplarizante", consecuencia de la discusión del empleado con su jefa.