La fiscalía pide 15 años de cárcel para tres acusados de actos de violencia callejera

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide un total de 15 años de prisión para tres vecinos de Elorrio a los que acusa de protagonizar diversos actos de violencia callejera en San Sebastián donde, presuntamente, incendiaron dos autobuses, una oficina bancaria y contenedores de basura, además de atacar con cócteles molotov a la Ertzaintza. Los incidentes ocurrieron el 15 de agosto de 2000.

Según el fiscal, los procesados, Arkaitz Bellón Blanco, Andoni Cengotitabengoa Fernández y Txomin Lesende Aldecoa, se trasladaron a San Sebastián con el propósito de aprovechar la jornada de fies...

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide un total de 15 años de prisión para tres vecinos de Elorrio a los que acusa de protagonizar diversos actos de violencia callejera en San Sebastián donde, presuntamente, incendiaron dos autobuses, una oficina bancaria y contenedores de basura, además de atacar con cócteles molotov a la Ertzaintza. Los incidentes ocurrieron el 15 de agosto de 2000.

Según el fiscal, los procesados, Arkaitz Bellón Blanco, Andoni Cengotitabengoa Fernández y Txomin Lesende Aldecoa, se trasladaron a San Sebastián con el propósito de aprovechar la jornada de fiesta "para causar un clima de terror y temor en la población", en apoyo a los objetivos de ETA. En la capital guipuzcoana, los jóvenes se taparon el rostro y en compañía de un grupo compuesto por 20 ó 25 personas, no identificadas, se dirigieron al Boulevard.

En primer lugar, atacaron un autobús. Los encapuchados entraron en el vehículo dando gritos para que los pasajeros se marcharan. Uno de los agresores dio un fuerte puñetazo en el rostro al conductor, que le produjo fractura nasal. Acto seguido, prendieron fuego al autobús. Posteriormente, incendiaron otro autobús atacaron una sucursal del Banco Guipuzcoano y quemaron contenedores de basura.

El fiscal califica los hechos como un delito continuado de daños, un delito de coacciones de carácter terrorista, atentado contra la autoridad, y tenencia de sustancias inflamables e incendiarias. Junto a la pena de prisión, pedirá una indemnización por responsabilidad civil de más de 147.000 euros por los daños causados.

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