La Asociación de Afectados por el SCH pide que se ejecute la sentencia que anula el Plan de Urbanismo de Boadilla
La Asociación de Afectados por el Santander Central Hispano (SCH) ha solicitado al juez que ejecute la sentencia que anulaba el Plan General de Urbanismo de Boadilla del Monte, dictada el pasado mes de febrero y que dejaba en suspenso la concesión de licencias de construcción.
La asociación de afectados está compuesta por 86 familias que en 1998 vendieron, a precio de suelo rústico (1.500 pesetas el metro cuadrado), el terreno donde ahora se construye la ciudad financiera propiedad del Santander Central Hispano. Las familias comprobaron cómo pocos meses después estos terrenos pasaron a ...
La Asociación de Afectados por el Santander Central Hispano (SCH) ha solicitado al juez que ejecute la sentencia que anulaba el Plan General de Urbanismo de Boadilla del Monte, dictada el pasado mes de febrero y que dejaba en suspenso la concesión de licencias de construcción.
La asociación de afectados está compuesta por 86 familias que en 1998 vendieron, a precio de suelo rústico (1.500 pesetas el metro cuadrado), el terreno donde ahora se construye la ciudad financiera propiedad del Santander Central Hispano. Las familias comprobaron cómo pocos meses después estos terrenos pasaron a ser de uso terciario, con la consiguiente revalorización, hasta los 391 euros por metro cuadrado que cuesta en la actualidad.
Los vecinos aseguran sentirse engañados por el Ayuntamiento, que les invitó a vender los terrenos a una sociedad propiedad de la entidad bancaria (Centros de Equipamiento Zona Oeste, sociedad anónima), con el argumento de que se trataba de una zona de forestación entre dos vías rápidas.
La suspensión judicial del Plan General de Urbanismo aprobado por el equipo de gobierno, que encabeza el alcalde Arturo González Panero, del Partido Popular, tras la denuncia del PSOE sobre defectos de forma en el pleno de su aprobación, abrió nuevas esperanzas para estos vecinos que esperan recuperar su dinero.
Un portavoz de la asociación declaró ayer: "Pedimos que se anule el Plan General que dio luz verde al proyecto del Santander y se vuelva a la situación anterior a la modificación urbanística que cambió los usos del suelo y se pague al precio correspondiente".
Los afectados acusaron, además, al alcalde de Boadilla del Monte de un presunto delito de prevaricación por seguir concediendo licencias de construcción con el plan paralizado.
El Ayuntamiento de Boadilla recurrió la sentencia y está a la espera de una resolución, y siempre ha defendido que las licencias concedidas antes y después de la decisión judicial son válidas.