Desmantelada una red que defraudó 27 millones en ayudas al tomate

La Guardia Civil ha desmantelado una red dedicada al fraude en las subvenciones comunitarias a la producción de concentrado de tomate en Badajoz que podría haber defraudado más de 27 millones de euros entre 1997 y 2000. La operación, denominada Tomba, ha culminado con la detención de 15 miembros de la red, pertenecientes a varias empresas del sector que eran utilizadas como tapadera para cobrar irregularmente ayudas por la compra de tomate.

La operación se inició a principios del año pasado a raíz de las denuncias recibidas en la Oficina de Lucha Antifraude de la Comisión Europea...

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La Guardia Civil ha desmantelado una red dedicada al fraude en las subvenciones comunitarias a la producción de concentrado de tomate en Badajoz que podría haber defraudado más de 27 millones de euros entre 1997 y 2000. La operación, denominada Tomba, ha culminado con la detención de 15 miembros de la red, pertenecientes a varias empresas del sector que eran utilizadas como tapadera para cobrar irregularmente ayudas por la compra de tomate.

La operación se inició a principios del año pasado a raíz de las denuncias recibidas en la Oficina de Lucha Antifraude de la Comisión Europea, según las que en la zona de la cuenca baja del Guadiana se estaban produciendo irregularidades en la adquisición de tomate para la transformación en zumo.

La Guardia Civil constató la existencia de un entramado que, tras adquirir el producto, alteraban la documentación para la recepción de las ayudas. Desde 1997, la reglamentación comunitaria establece para los agricultores que cultiven tomate para conserva o concentrado y quieran beneficiarse de precios mínimos fijados en el Reglamento de la UE tienen que asociarse en organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH). En este caso, la organización se servía de empresas intermediarias que compraban el tomate a los agricultores por un precio inferior al mínimo establecido en la UE, aunque en la factura figuraba el establecido. Para justificar la diferencia, las empresas intermediarias facturaban servicios que no prestaban.

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