Reportaje:REPORTAJE

La ley contra el imperio del miedo

La ilegalización por el Tribunal Supremo de las agrupaciones electorales surgidas al amparo de la plataforma Autodeterminazioaren Bilgunea (AuB) ha dejado a nueve municipios navarros sin elecciones locales.

Las candidaturas vecinales formadas por la izquierda radical han quedado anuladas. También aquellas en las que se incluyen antiguos militantes de HB o Euskal Herritarrok ya desligados de ese mundo. Y eran las únicas listas del municipio. La incertidumbre en esos ayuntamientos, que suman 10.000 vecinos, durará seis meses, plazo en el que se convocarán nuevas elecciones. Será el moment...

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La ilegalización por el Tribunal Supremo de las agrupaciones electorales surgidas al amparo de la plataforma Autodeterminazioaren Bilgunea (AuB) ha dejado a nueve municipios navarros sin elecciones locales.

Las candidaturas vecinales formadas por la izquierda radical han quedado anuladas. También aquellas en las que se incluyen antiguos militantes de HB o Euskal Herritarrok ya desligados de ese mundo. Y eran las únicas listas del municipio. La incertidumbre en esos ayuntamientos, que suman 10.000 vecinos, durará seis meses, plazo en el que se convocarán nuevas elecciones. Será el momento de conocer si otras formaciones políticas logran vencer el insalvable miedo a la violencia terrorista, la incomodidad de muchos militantes ante la perspectiva de regir su pueblo sabiendo que la fuerza mayoritaria ha sido expulsada del Ayuntamiento o el cansancio personal ante las rencillas internas emanadas de las luchas intestinas de los propios partidos. Paradójicamente, los alcaldes de Batasuna seguirán gobernando sus pueblos en ese espacio de tiempo.

"Los asesinatos de ediles han hecho un daño terrible. Nadie está dispuesto a vivir continuamente con guardaespaldas"
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En los municipios navarros de Anue, Bakaiku, Bera, Donamaria, Etxarri-Aranatz, Imotz, Iturmendi, Urdiain y Ziordia, los vecinos no tendrán a quién votar. En seis de ellos gobernaba Euskal Herritarrok, pero en el resto, el poder, hasta ahora, estaba en manos de otras candidaturas populares o partidos que en estos comicios han desaparecido. ¿Por qué?

"Es evidente que los asesinatos de concejales han hecho un daño terrible. En el pueblo hay partidos que nunca han tenido candidaturas, aunque sí votos, pero que en estas circunstancias no tienen tampoco ninguna posibilidad de formarlas o de empezar a trabajar. Nadie está dispuesto a vivir continuamente con guardaespaldas y con la amenaza de que te peguen un tiro o te pongan una bomba".

M. E., de 59 años, vecina de Bera de Bidasoa, sabe de lo que habla. Hace ya algún tiempo que a su marido, Pedro, empleado de una firma industrial de esta población navarra limítrofe con Francia, le tantearon desde un partido constitucional con el que simpatiza. Les dijo que no. "Tenemos dos hijos y una vida en el pueblo que se haría imposible si él hubiera ido en una lista de las que aquí llaman 'españolas'. Sintiéndolo mucho, rechazó el ofrecimiento. Y yo le respaldé. Nadie está obligado a ser un héroe, y la solución a todo esto aún parece lejana", explica M. E.

En Bera, una población industrial de 3.500 habitantes colindante con Guipúzcoa, ha gobernado durante la última legislatura Euskal Herritarrok, uno de los nombres adoptados por la izquierda radical en los últimos años. Ochocientos cuarenta vecinos votaron al brazo político de la organización terrorista ETA, que obtuvo cinco concejales. Sin embargo, la suma de votos al consistorio obtenidos en 1999 por Eusko Alkartasuna (693) y PNV (354) les permitió sumar seis concejales. No obstante, EH obtuvo la alcaldía en unos tiempos de tregua en los que los partidos nacionalistas decidieron ceder a la fuerza más votada el derecho a regir el destino del pueblo. Éste ha sido siempre un territorio vedado a otros partidos, y sólo los sindicatos UGT y CC OO aportan una fisura laboral a un panorama de representación social y política estrictamente nacionalista.

Cuatro años después, la misma izquierda radical rebautizada con otro nombre (Beraginez), pero con el mismo cabeza de lista, el ex alcalde de Batasuna Iosu Goya, ha sido apartada de la carrera electoral por los jueces, y EA y PNV no han presentado listas.

El vacío sorprende, dada la fuerza electoral de estas siglas y su penetración social.

El acoso de ETA

Más explicable es la ausencia de listas que apoyen el vigente modelo constitucional. El incesante acoso de ETA y su entorno a Unión del Pueblo Navarro (UPN), con dos concejales asesinados, y al PSN-PSOE, explica la imposibilidad de conformar candidaturas, aunque en 1999, en los comicios forales, 467 vecinos votaron a UPN; 141, a su escisión, Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN), y 127, a los socialistas, demostrando que el constitucionalismo tiene un importante apoyo popular en el municipio que las pistolas coartan.

Es más difícil de digerir el vacío dejado por EA y PNV. Begoña Errazti, presidenta de EA, señaló días antes de comenzar la campaña electoral que el proceso de ilegalizaciones iniciado con Batasuna y continuado ahora con sus sucesores ha afectado también a su partido, cuyos militantes habrían declinado presentarse en algunos municipios ante la difícil perspectiva de asumir el poder sabiendo que una opción política relevante no podrá presentarse a los comicios. "En esas circunstancias, la presión sobre un alcalde puede hacerse insoportable. Si además ese edil está, como es el caso de los nacionalistas vascos, en completo desacuerdo con la ilegalización de las candidaturas populares, su situación política y personal se podría hacer insostenible", señala un militante de EA. "Algunos de los nuestros han renunciado debido, entre otras cosas, a la constatación de que los resultados electorales no reflejarán el verdadero sentimiento de los vecinos. Las ilegalizaciones van a falsear la voluntad popular, y hay quien no quiere participar en ese juego porque además le da miedo", añade.

Sin embargo, otras fuentes nacionalistas, que no niegan la incomodidad de los cargos locales y de los militantes, señalan que el miedo no es la única explicación de esas ausencias.

En Navarra, EA es el hermano grande del nacionalismo democrático, y PNV, el pequeño. Al final, ni en Bera ni en municipios tan significativos para el nacionalismo vasco como Etxarri-Aranatz han presentado candidaturas.

Y es que Etxarri-Aranatz es otro ejemplo evidente de cómo el acoso de los violentos ha conseguido despejar todo el camino a la izquierda radical y a sus candidaturas locales, en este caso denominada Batzarraren Aldeko Indarra.

Población de 2.300 habitantes del valle de Sakana, Etxarri-Aranatz es uno de los feudos del nacionalismo radical de la disuelta Batasuna. Han pasado los tiempos en que el nacionalismo moderado gobernaba el pueblo. En 1999, un total de 688 vecinos votaron a EH, y 548 lo hicieron a la coalición EA-PNV. El alcalde de Batasuna, Juan Fernando Flores, encabezaba de nuevo la ahora anulada candidatura local.

En estas circunstancias, la opción de concurrir a las elecciones por UPN o PSN-PSOE sería "suicida", apunta Manuel A., de 34 años. "Le harían la vida imposible", añade. Trabajador autónomo, Manuel es votante de un partido nacionalista democrático y explica lo que, a su juicio, ocurre en Etxarri-Aranatz. "El contrapeso a la radicalidad de Batasuna ha sido siempre la gente de EA y PNV, pero las relaciones mutuas entre estos últimos han sido y siguen siendo tensas", afirma.

En 1999, EH obtuvo 47.041 votos y fue el tercer partido de Navarra y logró 20 alcaldías. "¿Cómo se comportaría cualquier otra formación ante una agresión tan descomunalmente antidemocrática como la que hemos sufrido?", se pregunta un simpatizante de AuB.

Fachada del Ayuntamiento de Bera, con matronas que representan la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza.LUIS AZANZA

En 26 municipios, nadie quiere ser alcalde

NAVARRA ES LA ÚNICA región española que ha regulado por ley la concesión de un sueldo para todos los alcaldes y concejales de su territorio a partir de esta próxima legislatura. Uno de los objetivos declarados de la iniciativa, aprobada esta primavera por el Parlamento foral, es la de incentivar la participación de los ciudadanos en sus consistorios frente al descrédito de la actividad política, además de compensar económicamente el compromiso democrático de muchos concejales, obligados a llevar protección policial por su trabajo municipal.

A la vista de los primeros resultados, la ley foral no parece haber dado demasiados frutos. UPN y PSN-PSOE vieron frustrado su intento de configurar candidaturas con sus siglas en cerca de medio centenar de municipios debido a la presión de ETA y su entorno político. Los impulsores de la norma reconocen que ningún salario puede compensar el riesgo de ser víctima de un atentado, aunque tanto UPN como PSN-PSOE han superado sus expectativas presentando más listas que nunca. Sin embargo, en 26 municipios, algunos de ellos de varios miles de vecinos, nadie quiere ser alcalde. Y ello no se debe a la presión terrorista, sino a la indolencia de muchos y al cansancio de quienes abandonan el cargo. El Parlamento foral estableció unas cuantías variables en función del número de vecinos, con unos topes máximos y unos porcentajes de subvención que van reduciéndose en la medida en que el municipio tiene más capacidad recaudatoria. El resto lo pagan los ayuntamientos. Dos ejemplos: el alcalde de un pueblo de cien vecinos verá sufragado el 80% de un salario máximo de 4.207 euros anuales. Un concejal sin dedicación exclusiva de un pueblo de menos de 2.000 vecinos recibirá 869 euros al año, un 70% de los cuales será financiado por los presupuestos de Navarra.

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