El puerto deportivo de Alicante retoma las obras tras ganar 10 sentencias en un pleito de 22 años
Puertoamor reclama indemnizaciones y comunica a Obras Públicas el reinicio de los trabajos
Los tribunales -el Supremo, la Audiencia Nacional y el Superior de Justicia valenciano- han quitado la razón en 10 ocasiones al Gobierno, al Consell y al Ayuntamiento de Alicante en sus intentos de impedir que en la Albufereta alicantina se construya un puerto deportivo. Este mes de abril, 22 años después de que obtuviera la concesión del Consejo de Ministros para la construcción y explotación del puerto, su promotor, Juan Ignacio Otamendi, ha anunciado que retoma las obras. Ya no caben recursos ni dilaciones. El empresario, agotado, reclama indemnizaciones.
Una sentencia cada dos años....
Los tribunales -el Supremo, la Audiencia Nacional y el Superior de Justicia valenciano- han quitado la razón en 10 ocasiones al Gobierno, al Consell y al Ayuntamiento de Alicante en sus intentos de impedir que en la Albufereta alicantina se construya un puerto deportivo. Este mes de abril, 22 años después de que obtuviera la concesión del Consejo de Ministros para la construcción y explotación del puerto, su promotor, Juan Ignacio Otamendi, ha anunciado que retoma las obras. Ya no caben recursos ni dilaciones. El empresario, agotado, reclama indemnizaciones.
Una sentencia cada dos años. Y así desde hace 22. Juan Ignacio Otamendi rehusa dar explicaciones públicas tras ganar la última batalla legal en el Tribunal Supremo. Está cansado, pero gente de su entorno asegura que aún le restan fuerzas para materializar el proyecto de su vida: un gran puerto deportivo en la Albuereta, sobre un suelo ganado al mar.
Desde que en abril de 1981 se pararon por primera vez las obras -después de haberse enterrado 64.000 metros cuadrados de mar y de construirse los diques principales del puerto-, hasta hoy, se han sucedido varios gobiernos autonómicos y locales. Fueron los socialistas, de acuerdo con el movimiento vecinal, los más beligerantes con la construcción el puerto. Con argumentos legales que han ido tumbado los tribunales, el Consell y el Ayuntamiento fueron sucesivamnete bloqueando el proyecto; como sorteando obstáculos y ganando tiempo en una carrera que muchos políticos consideraban perdida de antemano. Todo valió menos la impopularidad.
"(...) Tenga por expresada la intención de la concesionaria de reanudar las obras de construcción del puerto deportivo a partir del estado en que quedaron cuando las suspendió el Consell en 1991". Con este escrito, el abogado de la empresa de Otamendi ha comunicado ahora al director general de Obras Públicas de la Generalitat que retoma el proyecto.
El letrado de la promotora de Puertoamor declara: "En este momento, la continuación de las obras para la construcción del puerto es una situación irreversible". Y luego deja claro que quienes han estado bloqueado "arbitrariamente" el proyecto no deben irse de rositas. Ya en su día, la concesionaria estimó en unos 30 millones de euros los daños y perjuicios que le ha ocasionado la Admnistración por pararle las obras reiteradamente.
Todo comenzó en octubre de 1979, cuando el Consejo de Ministros otorgó concesión en favor de Puerto Deportivo de Alicante, SA, para la construcción y explotación del Puerto Deportivo de la Albufereta. Poco después, el entonces MOPU` autorizó el inicio de las obras. Pero el alcalde de Alicante, José Luis Lassaletta, se había opuesto en la campaña electoral a la construcción de este puerto. Las obras se pararon por primera vez en abril de 1981, cuando ya se había iniciado el arranque de los diques principales y se había ganado terrenos al mar en una superficir de 64.000 metros cuadrados.
Ese fue el inicio de una de las batallas legales más importantes libradas en la ciudad de Alicante, en la que hubo hasta curiosidades como esta: una vez transferidas las competencias portuarias a la Generalitat, ésta llegó a requerir a la concesionaria para la inmediata reanudación de las obras con el apercibimiento de que en caso contrario incoaría expediente de caducidad. Poco duró esa afinidad entre el Consell y la promotora del puerto. Otamendi se dispuso a retomar los trabajos en diciembre de 1991, con el socialista Ángel Luna en la alcaldía.
Pero los vecinos se echaron encima, comprometieron al alcalde e incluso formaron escudos humanos para impedir el avance de la maquinaria. Las fotografías de vecinos parando las excavadoras fueron portadas de los diarios. Otra vez parón, otra vez recurso de la Administración y otra vez resolución favorable de los tribunales a la promotora de Puertoamor. Y así hasta en 11 ocasiones. Hasta ahora, en la que la concesioria declara: "Tras litigios de han durado más de 22 años, la concesionaria ha obtenido la plena satisfacción por parte de los tribunales, de su derecho a la construcción y explotación del puerto deportivo, y por tanto está en condiciones de comunicar a la Administración autonómica y local su intención de reanudar las obras de construcción del puerto deportivo".
La mayor batalla legal en la historia de Alicante
El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano han emitido 11 sentencias sobre el conflicto entre la promotora de Puertoamor y la Administración. Éste es un extracto de las sentencias que finalmente han validado la construcción del puerto:
-Sentencia de 20 de febrero de 1984 del Supremo: las obras suspendidas no precisaban licencia municipal, como alegó el Gobierno Civil.
-Sentencia de 18 de marzo de 1984 del Supremo: el Tribunal da la razón al Ayuntamiento de Alicante y anula la concesión del puerto.
-Sentencia de 4 de febrero de 1987. La Sala Especial de Revisión del Supremo validó la concesión y declaró la competencia del MOPU para autorizar las obras.
-Sentencia de 20 de octubre de 1988 de la Audiencia Nacional: Rechaza el recurso del Ayuntamiento contra el inicio de las obras y convalida la legalidad de la orden ministerial.
-Sentencia de 19 de junio de 1987 del Supremo: anula el fallo de 18 de marzo de 1984 que daba la razón al Ayuntamiento.
-Sentencia de 1 de abril de 1993, del TSJ: anuló las resoluciones de la Administración autonómica que establecieron la necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental.
-Sentencia de 30 de mayo de 1997 de la Sala de lo Contencioso del TSJ: deja sin efecto una resolución del Consell que declaró la caducidad de la concesión.
-Sentencia de 30 de octubre de 2000 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo: desestima el recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra la sentencia sobre el impacto ambiental. Condena a la Generalitat a satisfacer daños y perjuicios por la paralización de las obras.
-Sentencia de 20 de enero de 2003 de la Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo: desestima la casación de la Generalitat contra el fallo de 30 de mayo de 1997 del TSJ y confirma, por tanto, la resolución que rechazaba el acuerdo sobre la caducidad de la concesión. La sentencia impone las costas a la Generalitat.
Sobre posibles actuaciones legales que pudiera ahora emprender el Consell, la promotora apela al artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se expresa que las sentencias "se ejecutarán en sus propios términos", sin que en este caso concurra la circunstancia de que la ejecución resultare imposible.
Así las cosas en el plano judicial, el actual gobierno local ha hecho causa de Puertoamor para emprender una batalla política contra los socialistas. En el último pleno municipal, el alcalde, el popular Luis Díaz Alperi, acusó a los socialistas de permitir "el desastre de Puertoamor".