REVÉS JUDICIAL AL GOBIERNO

La ONG Acoge afirma que hay miles de inmigrantes perjudicados

La anulación por el Tribunal Supremo de 11 artículos del Reglamento aprobado en julio de 2001 que desarrollaba la Ley de Extranjería ha supuesto un fuerte varapalo al Gobierno. La sentencia, que es firme, da la razón a las organizaciones de apoyo a los inmigrantes Andalucía Acoge y la Red Acoge, que interpusieron un recurso contencioso contra el reglamento dos meses después de su aprobación. Ambas organizaciones estiman que hay "miles" de inmigrantes afectados por la aplicación de los artículos del reglamento ahora considerados ilegales. Como ejemplo, precisaron que en 2002, al amparo del regl...

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La anulación por el Tribunal Supremo de 11 artículos del Reglamento aprobado en julio de 2001 que desarrollaba la Ley de Extranjería ha supuesto un fuerte varapalo al Gobierno. La sentencia, que es firme, da la razón a las organizaciones de apoyo a los inmigrantes Andalucía Acoge y la Red Acoge, que interpusieron un recurso contencioso contra el reglamento dos meses después de su aprobación. Ambas organizaciones estiman que hay "miles" de inmigrantes afectados por la aplicación de los artículos del reglamento ahora considerados ilegales. Como ejemplo, precisaron que en 2002, al amparo del reglamento, se rechazaron "numerosísimas" solicitudes de permisos de trabajo que ahora "deberán ser revisadas".

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El espíritu de la sentencia se basa en el principio de jerarquía normativa por el que una norma de rango menor -en este caso el reglamento recurrido- no puede contravenir o restringir disposiciones de una ley superior. "En otras palabras, que al concretar administrativamente una ley no se pueden inventar nuevos requisitos", resumió la presidenta de la Red Acoge, Sonia Rodríguez.

Para el presidente en funciones de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez, la sentencia demuestra que "el Gobierno, una vez más, se coloca al margen de la legalidad", ya que desoyó las advertencias sobre ilegalidad del reglamento que antes de su aprobación le hicieron el Foro para la Integración Social del Inmigrante y el Consejo de Estado.

La sentencia también supone que miles de devoluciones hechas desde 2001 son ilegales. Según la Ley de Extranjería, cuando un inmigrante es sorprendido tratando de entrar ilegalmente en España procede la devolución; pero si ya está dentro del territorio nacional, corresponde la expulsión, un procedimiento más lento y con mayores garantías. Pues bien, el reglamento amplió el uso de la devolución -un método más expeditivo y menos garantista- a los que ya estaban "en el interior del territorio nacional, en tránsito o en ruta". Bajo este apartado, por ejemplo, fueron devueltos hace un par de años los 36 inmigrantes interceptados en Mijas (Málaga), a muchos kilómetros ya de la frontera marítima, según Acoge.

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