Más de 80 menores siguen retenidos en el extranjero por uno de sus progenitores

Más de 80 niños españoles, generalmente hijos de parejas mixtas, permanecen secuestrados en el extranjero. Allí fueron llevados por uno de sus progenitores en contra de la opinión del otro o, incluso, de la decisión de la justicia española. Sin embargo, desde que el pasado diciembre se tipificó como delito el secuestro de hijos, la situación ha comenzado a mejorar, según una organización de afectados.

El Ministerio de Justicia matizó ayer que resulta imposible conocer el número exacto de menores españoles retenidos en el extranjero por uno de sus progenitores. Un portavoz concretó que 6...

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Más de 80 niños españoles, generalmente hijos de parejas mixtas, permanecen secuestrados en el extranjero. Allí fueron llevados por uno de sus progenitores en contra de la opinión del otro o, incluso, de la decisión de la justicia española. Sin embargo, desde que el pasado diciembre se tipificó como delito el secuestro de hijos, la situación ha comenzado a mejorar, según una organización de afectados.

El Ministerio de Justicia matizó ayer que resulta imposible conocer el número exacto de menores españoles retenidos en el extranjero por uno de sus progenitores. Un portavoz concretó que 66 pequeños permanecen secuestrados en países que han suscrito acuerdos para combatir el rapto paterno o materno (convenio de La Haya sobre sustracción de menores, convenio del Consejo de Europa y acuerdo bilateral con Marruecos). Los estados firmantes con mayor número de casos son EE UU y Marruecos (ocho niños españoles secuestrados en cada uno), Francia y el Reino Unido (seis en cada), México (cuatro) y Venezuela (tres).

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A esos casos se añaden los de pequeños retenidos en países que no han suscrito los acuerdos internacionales (entre ellos figuran buena parte de los musulmanes, Cuba o la República Dominicana). "Existen en torno a 20 casos en esa situación", aseguran en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Desde el pasado diciembre, el secuestro de los hijos es un delito castigado con penas de dos a cuatro años de cárcel. El endurecimiento de la ley ha permitido que "empiecen a moverse los casos", según una portavoz de la Asociación para la Recuperación de Niños Sacados de su País. Esta entidad trabaja en 14 casos.

La nueva normativa permite que se dicte una orden internacional de búsqueda y captura contra el sustractor. También fija medidas cautelares como la no concesión de pasaporte al menor en riesgo o la prohibición de cruzar la frontera sin autorización judicial.

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