Los creadores visuales alertan del retroceso en la protección del derecho de autor

"Se ha desaprovechado una oportunidad magnífica de mejorar la actual Ley de Propiedad Intelectual, en la que se discrimina a los creadores visuales en relación a los escritores o músicos", indicó ayer Javier Gutiérrez Vicén, director general de la Fundación Arte y Derecho, en un acto convocado por cuatro asociaciones profesionales, que agrupan a unos 1.800 asociados, celebrado en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba). "Por contra, la reforma discrimina aún más a este sector, al excluirlos por completo del canon a la copia privada y permitir, por ejemplo, que pueda e...

"Se ha desaprovechado una oportunidad magnífica de mejorar la actual Ley de Propiedad Intelectual, en la que se discrimina a los creadores visuales en relación a los escritores o músicos", indicó ayer Javier Gutiérrez Vicén, director general de la Fundación Arte y Derecho, en un acto convocado por cuatro asociaciones profesionales, que agrupan a unos 1.800 asociados, celebrado en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba). "Por contra, la reforma discrimina aún más a este sector, al excluirlos por completo del canon a la copia privada y permitir, por ejemplo, que pueda especularse comercialmente con las obras de arte situadas en el espacio público", añadió Vicén.

De las cuatro asociaciones convocantes del acto, una tiene ámbito español, la de fotógrafos profesionales, y otras tres agrupan sólo a profesionales catalanes: diseñadores gráficos, ilustradores y artistas visuales. Las cuatro mostraron su absoluto respaldo a las peticiones que realiza VEGAP -que gestiona los derechos de unos 40.000 creadores visuales internacionales, de los que 1.500 son españoles- y la Fundación Arte y Derecho, ligada a esta última, en el sentido de que la reforma de la ley no perjudique aún más a los creadores visuales y, en general, no disminuya la actual protección de los autores. "Algunas de las propuestas de reforma de la ley son predemocráticas y tienen un aire franquista", afirmó Javier Gutiérrez Vicén, en una conferencia de prensa anterior al acto.

A la espera de cerrar por completo el ejercicio, VEGAP calcula que en 2002 habrá ingresado entre cinco y seis millones de euros en concepto de derechos de autor, más o menos la misma cantidad que su homóloga alemana ingresa anualmente sólo en concepto de remuneración por copia privada. Precisamente, la actual reforma de la ley en España excluye el soporte visual del canon de copia privada -que se aplica a fotocopiadoras, escáneres, CD o vídeos vírgenes-, lo que, a juicio de Gutiérrez Vicén, "es una discriminación que recurriremos ante todas las instancias que haga falta".

Los creadores visuales también piden que, al igual que se pagan derechos por interpretar música en espacios públicos, se tenga que pagar cuando se explotan comercialmente las obras de arte que se encuentran en el espacio público. Otras peticiones de VEGAP son que la ley incluya como obras protegidas el diseño gráfico y la ilustración, y que se establezca la gestión colectiva obligatoria del derecho de participación -el porcentaje de la reventa de una obra que va a parar al autor- para garantizar su aplicación.

Con todo, los creadores visuales, al igual que sus colegas músicos, cineastas o escritores, se quejan especialmente de la restricción que el anteproyecto establece a las entidades de gestión. "Esto es una operación de castigo contra un movimiento ciudadano, que es lo que son las entidades de gestión", señaló Perico Pastor, presidente de VEGAP. "Se pretende regular los derechos de forma tan etérea que en la práctica dificulta que puedan ejercerse".

El caballo de batalla de la queja de la mayoría de entidades de gestión es la Comisión de la Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Cultura que, en caso de desacuerdo entre las partes, podrá decidir las tarifas a aplicar. Según VEGAP, tal como está ahora redactado el anteproyecto, se extienden de forma poco definida los límites a los derechos, de manera que cualquier usuario puede pedir la intervención de la comisión en perjuicio del derecho del autor a poner precio a su obra. "El establecimiento de multas de 6.000 euros diarios contra los titulares de los derechos cuando se opongan a la decisión de la comisión impide en la práctica hablar de tutela efectiva de los jueces, lo que pone en cuestión el reparto de poderes que establece la Constitución", finalizó Gutiérrez Vicén.