Juicio a 3 empresarios por la muerte de 46 personas en el accidente de Torreblanca
P. R.,
El Juzgado de lo Penal número 5 de Barcelona empezó a juzgar ayer a tres personas acusadas de organizar ilegalmente en 1992 el viaje de un autocar desde Cornellà hasta Andalucía, que volcó a la altura de Torreblanca (Castellón) y causó la muerte de 46 personas y otros 10 heridos.
En el banquillo de los acusados se sentaron Emiliano Pascual Calvo, propietario de la empresa Bus Exprés, responsable del autocar siniestrado; Carmen Carrillo, su esposa y administradora de la sociedad, y Manuel Pérez Valero, administrador de la empresa Agrupacar, organizadora del viaje del autoca...
P. R.,
El Juzgado de lo Penal número 5 de Barcelona empezó a juzgar ayer a tres personas acusadas de organizar ilegalmente en 1992 el viaje de un autocar desde Cornellà hasta Andalucía, que volcó a la altura de Torreblanca (Castellón) y causó la muerte de 46 personas y otros 10 heridos.
En el banquillo de los acusados se sentaron Emiliano Pascual Calvo, propietario de la empresa Bus Exprés, responsable del autocar siniestrado; Carmen Carrillo, su esposa y administradora de la sociedad, y Manuel Pérez Valero, administrador de la empresa Agrupacar, organizadora del viaje del autocar.
El fiscal solicita para ellos penas que oscilan entre los tres meses y el año de prisión por un delito contra la seguridad en el trabajo y otro de falsificación de documentos oficiales.
La vista fue suspendida en la tarde de ayer y continuará el próximo 10 de abril después de que no compareciera a declarar Felipe Bernal, el conductor ayudante, que es el principal testigo de cargo. Los familiares de las víctimas increparon a los acusados y al conductor del autocar, Rafael Casado, que ayer fue citado a declarar como testigo.
Casado ya fue juzgado y condenado en junio de 1996 por la Audiencia de Castellón a dos años y tres meses de prisión por imprudencia temeraria y a otros tres años de suspensión del permiso de conducir. La sentencia estableció que el autocar volcó el 19 de agosto de 1992 cuando circulaba a la altura del kilómetro 391 de la autopista A-7 en Torreblanca y cuando tomaba una curva. El tribunal dictó que el motivo fue un exceso de velocidad, que en el momento del accidente era de 100 kilómetros por hora y había señales que la limitaban a 40.
La tesis de la fiscalía es que el viaje de ese autocar era más barato que los habituales porque los conductores no estaban dados de alta en la Seguridad Social y eran obligados a realizar viajes de 12 y 13 horas sin apenas descanso.
Emiliano Pascual declaró ante la juez que él se limitó a alquilar el autocar a la empresa Agrupacar. Su esposa explicó que sólo cobraba los billetes y el dueño de Agrupacar admitió que esa empresa no llegó a constituirse nunca.