Condenada una banda que obligaba a inmigrantes a trabajar de braceros

La Audiencia de Madrid ha condenado a penas que oscilan entre los cuatro y los 15 años de cárcel a ocho miembros de una banda que durante dos años (entre 2000 y 2001) trajo a España a decenas de inmigrantes ucranios a los que ofreció trabajo como braceros en el campo andaluz a cambio de quedarse gran parte del sueldo. La banda les trataba casi como a esclavos. Los condenados, que formaban parte de una estructura perfectamente "jerarquizada", son compatriotas de sus víctimas, y la mayoría de ellos están en este momento en prisión.

En el juicio, uno de los primeros que se celebran en Espa...

La Audiencia de Madrid ha condenado a penas que oscilan entre los cuatro y los 15 años de cárcel a ocho miembros de una banda que durante dos años (entre 2000 y 2001) trajo a España a decenas de inmigrantes ucranios a los que ofreció trabajo como braceros en el campo andaluz a cambio de quedarse gran parte del sueldo. La banda les trataba casi como a esclavos. Los condenados, que formaban parte de una estructura perfectamente "jerarquizada", son compatriotas de sus víctimas, y la mayoría de ellos están en este momento en prisión.

En el juicio, uno de los primeros que se celebran en España en aplicación del artículo 318 del Código Penal (que castiga el tráfico de trabajadores inmigrantes con fines laborales), se sentaron 17 acusados, si bien la Sección Séptima de la Audiencia ha absuelto a nueve de ellos y condenado a otros ocho.

El fiscal pidió penas de entre 4 y 16 años de cárcel por tráfico ilegal de trabajadores, amenazas y secuestro, pues sostuvo que siete de las decenas de inmigrantes ucranios que cayeron en manos de esta red fueron llevados a una especie de cortijo de Jaén y allí se les retuvo contra su voluntad mientras recogían aceitunas. El tribunal, en una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Ana Ferrer, entiende que no se ha podido acreditar la detención ilegal de estas personas.

La mayor condena impuesta, 15 años de cárcel, ha recaído sobre Serghi Blonsky, ucranio de 38 años y supuesto cabecilla de la organización. Para los otros las penas fluctúan entre cuatro y cinco años y seis meses de prisión.

Tráfico ilegal

En síntesis, el tribunal afirma que los ocho procesados "han favorecido y facilitado el comercio o tráfico ilegal desde, en tránsito o con destino a España". Las víctimas eran traídas en autobús desde Ucrania a Madrid y eran alojadas en casas del extrarradio de la capital bajo permanente vigilancia; luego, sus servicios eran alquilados a latifundistas andaluces para trabajar en el campo, entre otras actividades. Sus salarios como braceros se los quedaban casi íntegros los miembros de la organización.

La sentencia declara probado que cinco de los acusados, dirigidos por Blonsky, "se concertaron de manera estable, jerárquica y organizada" con el fin de "favorecer la entrada y permanencia en territorio español de ciudadanos ucranios y de otros países del este de Europa".

Los procesados tenían contactos con agencias de viajes en los países de origen, que les ayudaban a reclutar allí a trabajadores para luego enviarlos a España en autobús.

Miembros de la red les esperaban a la llegada del autobús, les retiraban el pasaporte y les alojaban en pisos de Leganés y Móstoles gestionados por la organización.

En ellos permanecían hasta que les buscaban un trabajo. Las intervenciones telefónicas acordadas por el Juzgado de Instrucción 44 de Madrid revelan claramente la conexión entre la banda y las agencias de viajes que captaban a los inmigrantes, a los que llamaban "paletos" los miembros de la red cuya misión era recogerles en la Estación Sur de Autobuses.

La organización se quedaba una parte del sueldo hasta que la deuda (por buscarles trabajo y por traerles a Madrid) quedaba totalmente saldada.

Según la sentencia, Blonski y los también condenados Igor Ivanets y Alexandre Zoubko se encargaban de organizar la recogida de los inmigrantes y de hablar con empresarios agrícolas de distintos lugares de España para buscarles un trabajo. Un lugarteniente de Blonski cobraba los sueldos por ellos, directamente del empresario agrícola, y detraía una parte sustancial del dinero para saldar la deuda.

Intervenciones telefónicas

Las declaraciones de cuatro testigos protegidos y la ardua labor de un inspector de policía, ayudado de intervenciones teléfonicas, han permitido desmantelar esta red, otra de cuyas actividades era la de extorsionar a compatriotas residentes en Madrid.

Es decir, exigían cantidades "periódicas de dinero" a cambio de protección, y amenazaban con causar daños a las familias de quienes rechazaban tan singular oferta.

Los jueces explican en su sentencia: "Tenían establecida una red que se dedicaba a la extorsión de distintos ciudadanos ucranios, bajo la apariencia de proporcionarles seguridad, y la amenaza de que en caso contrario sufrirían un perjuicio". Durante el juicio se han visto vídeos y oído cintas con escenas de extorsión.

Por estas amenazas han sido condenados el cabecilla, Blonsky, y los también miembros de la banda Nazar Priveda y Mikola Yakubyshin.