El fiscal general autoriza a Anticorrupción a investigar la denuncia contra Cajasur

Cajasur, la caja de ahorros cordobesa fundada por la Iglesia católica, tiene otro frente abierto. La Fiscalía General del Estado ha autorizado a la Fiscalía Anticorrupción a investigar la gestión de la entidad presidida por el sacerdote Miguel Castillejo, quien desde hace cuatro años mantiene una pugna sin cuartel con la Junta de Andalucía, gobernada por el socialista Manuel Chaves. La investigación es consecuencia de la denuncia presentada por la Junta, que ha detectado irregularidades que, en su opinión, constituyen delitos de apropiación indebida y falsedad en documento contable.

El ...

Cajasur, la caja de ahorros cordobesa fundada por la Iglesia católica, tiene otro frente abierto. La Fiscalía General del Estado ha autorizado a la Fiscalía Anticorrupción a investigar la gestión de la entidad presidida por el sacerdote Miguel Castillejo, quien desde hace cuatro años mantiene una pugna sin cuartel con la Junta de Andalucía, gobernada por el socialista Manuel Chaves. La investigación es consecuencia de la denuncia presentada por la Junta, que ha detectado irregularidades que, en su opinión, constituyen delitos de apropiación indebida y falsedad en documento contable.

El enorme embrollo en el que se encuentra Cajasur vivió ayer un nuevo capítulo, que para el Ejecutivo andaluz se antoja decisivo. El Gobierno autonómico presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Carlos Jiménez Villarejo, el pasado día 20. Esta denuncia se fundamenta en la inspección que desde octubre de 2002 ha realizado la Junta en Cajasur, una inspección que suspendió "provisionalmente" un día antes de presentar la documentación ante el fiscal.

La inspección autonómica pretendía analizar la gestión de la caja en los tres últimos años, aunque se ha centrado en 2001, según fuentes de la Junta. De los datos recabados, el Gobierno andaluz ha llegado a la conclusión de que hay operaciones de la caja que, supuestamente, ocultan apropiaciones indebidas de fondos de la entidad y del presupuesto de la obra social que ascienden a 10,3 millones de euros. Asimismo, la Consejería de Economía aprecia un posible delito de falsedad documental al no reflejar la caja su situación económica real.

Tras recibir la denuncia, Jiménez Villarejo solicitó al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, la competencia para investigar el asunto, autorización que recibió ayer. La consejera de Economía andaluza, Magdalena Álvarez, subrayó ayer la importancia de esta investigación toda vez que deben concurrir tres hechos para que intervenga la Fiscalía Anticorrupción: la cuantía económica del delito, el que éste afecte a numerosas personas y el hecho de que se trate de un "bien social".

Póliza del presidente

La inspección de la Junta fue la que detectó la póliza de 2,9 millones de euros que suscribió Cajasur en favor de Castillejo, de 73 años, lo que permitirá a éste cobrar una renta vitalicia de al menos 213.000 euros cuando abandone la presidencia de la entidad. Esta póliza garantiza que la mitad de esta renta la heredarán las cuatro hermanas de Castillejo, de mayor a menor, hasta el fallecimiento de la última. La Consejería de Economía ha declarado ilegal esta póliza al entender que se trata de una indemnización, una figura prohibida por la Ley de Cajas de Ahorros autonómica, mientras que Cajasur sostiene que es un complemento de pensión a la pensión de jubilación de Castillejo.

Cajasur ha intentado por todos los medios frenar la inspección autonómica con dos argumentos: el primero es que, tras acogerse a la Ley Financiera, la caja está fuera de la tutela de la Junta de Andalucía, y el segundo, que en la inspección ha participado la consultora privada KPMG. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) avaló la competencia de la Administración autonómica para realizar la inspección en Cajasur, aunque ordenó el cese de las tareas de KPMG, que cumplía tareas auxiliares.

El lío competencial es consecuencia de que Cajasur se acogió en diciembre del año pasado a la Ley Financiera en virtud de su fundación eclesiástica. Esta ley ha permitido a la caja situarse bajo el paraguas del Ministerio de Economía y escapar, parcialmente, de la tutela autonómica.

Cajasur, que cuenta con seis canónigos en su Consejo de Administración, es la única caja que depende del Gobierno central para la aprobación de sus estatutos y su obra social. La Ley Financiera fue el último paso que dio el Ejecutivo del PP para mantener el status de la caja, con primacía de la Iglesia católica. Anteriormente, en 2000, recurrió la Ley de Cajas andaluza, que regulaba que Cajasur debía regirse como el resto de las cajas andaluzas en cuanto a la composición de sus órganos de gobierno, lo que menguaba la representación de la Iglesia (en el Consejo de Administración pasaba de un 35% a un 9%). El Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre este recurso.

Paralelamente, la Junta y el PSOE han recurrido al Constitucional la Ley Financiera por entender que vulnera competencias autonómicas.