Reportaje:LA POLÉMICA DE LAS ENCUESTAS OFICIALES LLEGA AL PARLAMENT

Una cascada de "errores"

El equipo de Presidencia ha admitido fallos y omisiones, pero los juzga poco trascendentes

El conseller en cap del Gobierno catalán, Artur Mas, ha admitido "pequeños errores" en los sondeos públicos, pero los considera "muy poco trascendentes". El secretario general de la Presidencia, Carles Duarte, acepta que ha habido "errores y omisiones". Y también el secretario de Comunicación del Gobierno catalán, David Madí, cuya dimisión reclaman insistentemente socialistas e Iniciativa, dictó en su día un comunicado a las agencias en el que reconocía "un error que subsanar al facilitar los datos" de uno de los barómetros de la Generalitat. No obstante, los tres altos cargos de Presid...

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El conseller en cap del Gobierno catalán, Artur Mas, ha admitido "pequeños errores" en los sondeos públicos, pero los considera "muy poco trascendentes". El secretario general de la Presidencia, Carles Duarte, acepta que ha habido "errores y omisiones". Y también el secretario de Comunicación del Gobierno catalán, David Madí, cuya dimisión reclaman insistentemente socialistas e Iniciativa, dictó en su día un comunicado a las agencias en el que reconocía "un error que subsanar al facilitar los datos" de uno de los barómetros de la Generalitat. No obstante, los tres altos cargos de Presidencia, departamento del que dependen los sondeos, se muestran tajantes al descartar que pueda hablarse de manipulaciones en las encuestas públicas, a pesar de que la cascada de errores que EL PAÍS ha puesto de manifiesto siempre beneficia al Ejecutivo de CiU y a menudo al conseller en cap.

La sucesión de equivocaciones ha beneficiado a Mas y al Gobierno de CiU

Los "errores involuntarios" reconocidos por escrito por Mas en varias respuestas parlamentarias arrancan de lejos, pero se han acentuado desde que su equipo de asesores se hizo cargo, a principios de 2000, de la difusión de los barómetros elaborados por Line Staff. Tras su ajustada investidura de finales de 1999, Jordi Pujol diseñó un Ejecutivo con dos polos muy fuertes, dirigidos por los dos aspirantes de CiU a la sucesión: el convergente Artur Mas, que asumió Economía y fue designado portavoz del Gobierno, y el democristiano Josep Antoni Duran, quien se situó al frente del nuevo Departamento de Gobernación.

En teoría, ambos políticos se enfrentaban en igualdad de condiciones, pero las cartas parece que estaban marcadas: los barómetros de Line Staff -hasta entonces bajo la supervisión directa del entorno más cercano a Pujol- pasaron a depender del equipo de Mas, quien asumió la difusión de los datos.

En los barómetros hechos públicos durante la carrera para suceder a Pujol, los "errores" cometidos beneficiaron los intereses de Mas y perjudicaron a todos sus rivales: los socialistas Pasqual Maragall y José Montilla, el democristiano Josep Antoni Duran y el popular Josep Piqué.

El 9 de enero de 2001, sólo dos días antes de que Pujol anunciara su designación como conseller en cap -y, por tanto, fuera ungido delfín en detrimento de Duran-, Mas presentó un barómetro cuyas tablas enviadas al Parlament estaban llenas de datos falsos. Se alteraron 150 registros -de una muestra de 800 personas- y se modificó completamente el paisaje del estudio original: se rebajaron las valoraciones de Maragall, Montilla y Duran y se fabricó la nota de Pujol, quien apareció como líder mejor valorado.

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El barómetro anterior fue enviado a la Cámara sin las valoraciones de Mas, Duran y Piqué en uno de los momentos álgidos de la competición en CiU para suceder a Pujol. Los resultados dejaban a Mas en una situación complicada: Duran obtenía una valoración superior y se situaba incluso por encima de Maragall. Además, un líder del PP -Piqué- obtenía una valoración inusualmente buena en Cataluña y doblaba a Mas en grado de conocimiento.

En 2001, Presidencia envió al registro público de encuestas otro sondeo mutilado. El estudio original, elaborado por el Instituto Opina, ponía de relieve que los ciudadanos reprobaban la política eléctrica del Departamento de Industria de la Generalitat y secundaban al Ayuntamiento de Llagostera (Gironès), que se oponía a la instalación de una línea de alta tensión en Les Gavarres.

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