La Corte Penal Internacional rompe el molde
El próximo 11 marzo, 18 jueces juran sus cargos al frente de la nueva Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. El presidente francés, Jacques Chirac, ha calificado su puesta en marcha de "punto de inflexión en la historia universal", y el secretario general de la ONU, Kofi Annan, de "la mejor defensa contra la impunidad". La CPI, el esperado legado del Tribunal de Núremberg, es una revolución en la historia del derecho y, fiel a ese carácter, nace con rasgos de modernidad: por primera vez, las togas de los magistrados no serán exclusivamente masculinas: de los 18 jueces elegidos, siete (el ...
El próximo 11 marzo, 18 jueces juran sus cargos al frente de la nueva Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. El presidente francés, Jacques Chirac, ha calificado su puesta en marcha de "punto de inflexión en la historia universal", y el secretario general de la ONU, Kofi Annan, de "la mejor defensa contra la impunidad". La CPI, el esperado legado del Tribunal de Núremberg, es una revolución en la historia del derecho y, fiel a ese carácter, nace con rasgos de modernidad: por primera vez, las togas de los magistrados no serán exclusivamente masculinas: de los 18 jueces elegidos, siete (el 44,4%) son mujeres.
La juez del Tribunal Constitucional de Letonia, Anita Usacka, el único magistrado electo en representación de los países del este de Europa en la CPI, sabe muy bien cuál es el papel de las mujeres en tribunales multinacionales precedentes. En el actual Tribunal Internacional de La Haya (que sólo dirime conflictos entre Estados, no juzga crímenes particulares) hay una juez de un total de 15. Es la misma proporción establecida en el Tribunal Europeo de Justicia, con sede en Luxemburgo. En el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo hay ocho de un total de 44. En el tribunal ad hoc instituido para juzgar los crímenes en la antigua Yugoslavia hay dos de 11. Y finalmente, en el de Ruanda, tres de 16, una de ellas, Navanethem Pillay, con rango de presidente.
"Las mujeres solemos estar más atentas a este tipo de tragedias, la violencia sexual, para las que antes sólo te recetaban un poco de calma", dice la juez Usacka
Jurista costarricense
¿Qué es lo que ha hecho posible este salto tan espectacular de siete sobre 18 de la CPI? Elisabeth Odio Benito es parte de la respuesta. Esta jurista costarricense, que ha formado parte del Gobierno de su país en varias ocasiones, fue juez del tribunal de la ex Yugoslavia y es una de las magistradas electas de la CPI. "El tribunal de Yugoslavia, puesto en marcha en 1993, al que se unió después el de Ruanda, permitió poner de nuevo en la agenda la creación de la CPI, que se venía debatiendo desde el nacimiento de las Naciones Unidas", dice Odio Benito.
"El tribunal de Yugoslavia nos evidenció el hecho de que la mayor parte de los crímenes cometidos en los Balcanes fueran crímenes sexuales contra las mujeres, mientras que los que los que juzgaban eran casi todos hombres", agrega Elisabeth Odio. "De ahí que, cuando empezamos a debatir sobre el estatuto de la CPI, desde el principio los grupos de mujeres empezamos a plantear la necesidad de establecer un claro equilibrio de género". "Introducir en la agenda de un tribunal internacional el equilibrio de género ha sido un avance mayor", ratifica la presidenta del Tribunal Internacional de Ruanda, la surafricana Navanethem Pillay, también elegida para la CPI.
Los países de la Europa del Este aceptaron la propuesta mejor que los del Oeste, paradójicamente, según Elisabeth Odio, y África planteó problemas alegando ausencia de candidatas suficientes. "El perfil profesional es alto", explica Irune Aguirreabal, coordinadora europea de la Coalición de ONG para el Establecimiento de la CPI. "Los candidatos debían tener un currículo importante, con experiencia en derecho penal internacional, y además tener un buen nivel de inglés y francés, que son los idiomas oficiales de trabajo".
Finalmente se estableció un complicado sistema de cuotas para que en la composición del nuevo tribunal estuvieran equilibradamente representadas las distintas zonas del planeta, las dos competencias fundamentales (derecho penal y derecho internacional) y los dos géneros: finalmente, se estableció que debía haber un mínimo de seis jueces de cada género. El resultado: 11 hombres y 7 mujeres.
En la práctica, el establecimiento de la CPI ha tenido que aplicar el principio de la discriminación positiva porque sólo hubo 10 candidaturas femeninas frente a 33 masculinas, a pesar de haber establecido aquella base para que los países se animaran a proponer nombres de mujer. El sistema establecido perjudicó a los hombres europeos. Los problemas habidos en el complicado sistema de elección, que requirió hasta 33 rondas electorales, motivó la retirada de varias candidaturas, entre ellas la del diplomático español Juan Antonio Yáñez.
"Es una pena que Yáñez, gran amigo mío, no haya podido estar", dice la juez Sylvia Helena de Figueiredo Steiner, miembro de la CPI. "Pero tenemos claro que hay que estimular las diferencias de tratamiento para que el resultado refleje la búsqueda de la igualdad. Los desiguales tienen que ser tratados de forma desigual para buscar la igualdad".
¿Es tan importante la proporción femenina para impartir justicia internacional? "No, no es importante, es fundamental", argumenta Elisabeth Odio. "Porque la perspectiva de género que aportamos en materias tan importantes como los crímenes de violencia sexual en los conflictos armados hace la diferencia. Por eso nos hemos empeñado en este equilibrio, además de las razones básicas de justicia y equidad en sociedades democráticas, porque no puede haber una verdadera sociedad democrática sin este equilibrio".
Violencia sexual
Los tribunales de la ex Yugoslavia y de Ruanda demostraron que una gran parte de los crímenes de guerra son crímenes de violencia sexual, y que las mujeres son víctimas y testigos de una gran parte de las atrocidades, además de los niños. "Por eso los tribunales internacionales tienen que contar con expertos en este terreno", explica la juez Anita Usacka. "Las mujeres solemos estar más atentas a este tipo de tragedias para las que antiguamente sólo te recetaban un poco de calma. Tragedias difíciles de entender por parte de muchos y que, sin embargo, constituyen crímenes muy graves".
"La experiencia nos ha demostrado que el impacto de un conflicto armado en las mujeres es enorme", coincide la magistrada Navanethem Pillay. "Los crímenes sexuales se usan como arma de guerra".
Cuando Elisabeh Odio aterrizó en el tribunal ad hoc para los crímenes de la antigua Yugoslavia, ni siquiera estaba tipificada la violencia sexual contra las mujeres como un crimen de guerra. "Fue uno de los grandes aportes de ese tribunal", cuenta. "No fue fácil, pero los propios casos tratados y la jurisprudencia fueron imponiendo la idea".
La magistrada Pillay, presidenta del tribunal para juzgar los crímenes de Ruanda, asegura que el concepto de tribunal internacional persiste en las sociedades humanas desde hace 2.000 años y que sólo se ha hecho realidad en la última década con las diversas cortes puestas en marcha, y sobre todo con la CPI que ahora echa a andar, con la revolución añadida de un equilibrio de género sin precedentes. Los 18 jueces electos ya están haciendo las maletas para volar a La Haya y saben que de su trabajo va a depender en gran medida la futura credibilidad de un órgano internacional de estas características. "Es un desafío", dice Pillay, "y al mismo tiempo una misión dolorosa porque eres testigo de muchos sufrimientos y debes juzgar y dictar sentencia. Ayer mismo condenamos a un pastor protestante a 10 años de cárcel, y a su hijo médico, a 25 años de prisión. Son decisiones muy penosas".
Bajo la amenaza de una nueva guerra
EL NACIMIENTO de la Corte Penal Internacional (CPI) ha estado plagado de dificultades. Grandes potencias como Estados Unidos, India y China no han ratificado el estatuto, y el resto se ha tenido que plegar, por ejemplo, a la demanda de inmunidad para los militares destacados en el extranjero por el Pentágono. Pero la ausencia de esos grandes países y sus reservas no siempre se perciben como el peor escollo. Tanto Sylvia Steiner como Navanethem Pillay creen que estos países acabarán aceptando las reglas y sumándose a la CPI a medio plazo, cuando comprueben que ésta funciona con independencia e imparcialidad. Para ello, los 18 magistrados de esta primera composición del tribunal deberán ser capaces de emitir un nítido mensaje sobre su capacidad, que obtenga toda la legitimidad y la credibilidad necesaria en un mundo desunido sobre su propia existencia.
Para llegar a ello quedan aún algunas dificultades que sortear. La Asamblea de los Estados Parte, formada por los 89 países que han ratificado el estatuto (el último en adherirse ha sido Afganistán), ha tenido que posponer hasta abril la elección del fiscal por falta de acuerdo. Su perfil es aún más complicado que el de un juez, dado que será un fiscal jefe para todos los asuntos.
También es una preocupación inminente, según Steiner, para todos los magistrados elegidos la amenaza de una guerra contra Irak. "Son momentos muy difíciles los que estamos viviendo justo cuando estamos intentando establecer una institución sólida", lamenta Steiner, que sabe lo que un conflicto armado supone para un tribunal internacional.
Pillay añade otro nivel de preocupación: el éxito de la CPI va a depender directamente del nivel de cooperación de los Estados parte porque sólo un alto nivel de cooperación permitirá que el nuevo tribunal funcione correctamente. "Únicamente los países", dice la presidenta del Tribunal Internacional para Ruanda, "son los que pueden permitir, por ejemplo, que el fiscal investigue a fondo los casos y sólo con su ayuda se podrá transferir ante el tribunal a testigos y acusados".