Columna

Nunca máis

Las investigaciones que venía practicando un juzgado de instrucción de Málaga para conocer las causas que originaron la muerte de siete inmigrantes marroquíes y que tuvieron lugar durante su detención en uno de los calabozos de una comisaría han concluido. El juez ha acordado el archivo de las diligencias. No existe responsabilidad penal alguna por parte de los policías encargados de la vigilancia y custodia de los detenidos. Se cierra así -y a expensas de lo que decida la Audiencia, si se presentan los recursos anunciados- una de las páginas más negras de la historia de la inmigración en Espa...

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Las investigaciones que venía practicando un juzgado de instrucción de Málaga para conocer las causas que originaron la muerte de siete inmigrantes marroquíes y que tuvieron lugar durante su detención en uno de los calabozos de una comisaría han concluido. El juez ha acordado el archivo de las diligencias. No existe responsabilidad penal alguna por parte de los policías encargados de la vigilancia y custodia de los detenidos. Se cierra así -y a expensas de lo que decida la Audiencia, si se presentan los recursos anunciados- una de las páginas más negras de la historia de la inmigración en España, como no hace mucho denunció la Asociación de Jueces para la Democracia con motivo de estas muertes.

Un libro que tiene que cambiar el rumbo que está tomando. Son, ya, demasiados los casos en los que da la impresión que la pérdida de vidas humanas y la privación de derechos fundamentales, cuando afectan a inmigrantes, tienen un trato diferenciado y distinto. Parece como si existieran dos clases de normas. Unas para negros y otras para los demás, siendo el Derecho el mismo. Y no se trata de una sensación, motivada por la tristeza de que alguien se muera en el cuarto oscuro de tu casa, se trata de algo más. No hace mucho lo hemos visto con motivo del encierro en la Pablo de Olavide. Se cursaron denuncias por diversos delitos cometidos contra los inmigrantes. Al día de hoy nada se ha actuado para saber de la certeza de estas denuncias. Situaciones que contrastan con otras, como la de un juez de Almuñécar, que hace un año mandó a prisión a un inmigrante durante tres meses, sin practicar la comparecencia previa, y hasta anteayer -un año después- no se le ha recibido declaración por un presunto delito contra la libertad individual y, sin duda, continuará dictando autos y sentencias.

Una realidad a la que hay que empezar a faltarle el respeto si no queremos que estas historias se sigan escribiendo y terminen siendo leídas por una sociedad indiferente. Una falta de respeto que busca que exista una ética de la responsabilidad. Sólo su exigencia puede permitir que nunca máis acompañe la muerte a aquellos que, como los inmigrantes de Málaga, estando privados de libertad y de hacer daño, lo puedan sufrir durante su custodia.

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