Leganés ordena el cierre temporal de un geriátrico

El Ayuntamiento de Leganés ha ordenado a la residencia Solyvida, concertada con la Comunidad, que suspenda temporalmente su actividad, iniciada el 12 de febrero, "por carecer de la licencia municipal de primera ocupación". En el centro residen ya 32 mayores, todos derivados por la Consejería de Servicios Sociales regional. Según el concejal de Urbanismo de Leganés, Álvaro Couso, los responsables del geriátrico solicitaron la licencia la semana pasada. "Sin ella no pueden desarrollar su actividad y lo están haciendo. Por eso ordenamos el cese hasta que la obtengan ", añade.

La residencia...

El Ayuntamiento de Leganés ha ordenado a la residencia Solyvida, concertada con la Comunidad, que suspenda temporalmente su actividad, iniciada el 12 de febrero, "por carecer de la licencia municipal de primera ocupación". En el centro residen ya 32 mayores, todos derivados por la Consejería de Servicios Sociales regional. Según el concejal de Urbanismo de Leganés, Álvaro Couso, los responsables del geriátrico solicitaron la licencia la semana pasada. "Sin ella no pueden desarrollar su actividad y lo están haciendo. Por eso ordenamos el cese hasta que la obtengan ", añade.

La residencia, situada en el número 5 de la avenida de María Moliner, en el barrio de Leganés norte, es un inmueble de dos plantas con forma de hache. Por ahora sólo hay residentes en una de las dos alas del edificio, ya que la otra está pendiente de remates. El pasado día 12, mientras llegaban los primeros ancianos, los operarios seguían trabajando en el vestíbulo de entrada, en los futuros jardines y en el ala inconclusa. También faltaba por colocar el mobiliario de algunas estancias como el comedor.

El edificio es amplio, luminoso, moderno y acogedor. Cuando sus dos alas estén concluidas, contará con 265 plazas, aunque ahora sólo están disponibles la mitad, concertadas casi todas con la Consejería de Servicios Sociales, que dirige Pilar Martínez. Como el traslado de ancianos comenzó hace menos de una semana, hoy sólo viven en el centro 32 ancianos.

Couso explica que la residencia cuenta con licencias de instalación y obra, pero no con la de primera ocupación "que es la que el Ayuntamiento de Leganés exije para iniciar la actividad porque con ella se comprueba que está correcta la obra y la instalación industrial". Por eso el Consistorio, tras comprobar a través de los agentes locales y del arquitecto y el aparejador municipal que el geriátrico estaba ya abierto, ha ordenado suspender su actividad a partir de que reciban la notificación y hasta que obtengan la licencia.

Couso matiza que si los responsables del centro acatan el mandato, que les será notificado en dos o tres días, "y si cumplen todos los requisitos demandados para obtener la licencia de primera ocupación" podrán reabrir "sin pagar ninguna multa". "Si desobedecen la orden se les podría precintar el local e imponer una multa", concluye.

Francisco Panadero, secretario general técnico de la Consejería de Servicios Sociales, asegura que su departamento ha trasladado ancianos a este centro "porque contaba con las licencias de instalación y obra y también con el visto bueno de nuestros inspectores".

"No se trata de un centro pirata, tiene buenas instalaciones y desde el punto de vista de esta consejería es legal. Lo que parece que incumple es un requisito urbanístico sobre el que tiene potestad el Ayuntamiento de Leganés; una vez que nos informe sobre él, decidiremos qué hacer", asegura Panadero. Éste añade que se intentará buscar una solución sin mover a los ancianos que ya viven allí. El secretario general técnico niega que su departamento haya presionado para acelerar la apertura del centro. "La única prisa la tienen los usuarios que necesitan una residencia", dice.

Responsables de la empresa que gestiona la residencia se muestran sorprendidos por la decisión municipal. Aseguran que la semana pasada hablaron con responsables del Ayuntamiento para comunicarles que ese mismo día solicitaban la licencia de primera ocupación y que iniciaban la actividad sin que les pusieran inconveniente alguno. Añaden, asimismo, que "los técnicos de todos los ayuntamientos son conscientes de que se inician actividades sin licencias de primera ocupación, por ejemplo, cuando se entregan viviendas, y no se dedican a cesar todas esas actividades".

El grupo Solyvida, que regenta un geriátrico en la localidad toledana de Ocaña, ha sido el principal beneficiario del concurso convocado en el otoño de 2002 por la Consejería de Servicios Sociales entre las empresas del sector para concertar plazas residenciales de mayores. De las 788 plazas que salieron a concurso, 242 (un 30%) se adjudicaron a esta sociedad : repartidas a partes iguales entre la residencia de Leganés y otra que esta empresa inauguró en Las Rozas el pasado 27 de enero. La consejería destaca la calidad del proyecto presentado por esta compañía a la convocatoria.

La mitad de las 242 plazas concertadas con Solyvida están subvencionadas por Servicios Sociales. En ellas, el anciano paga las mismas tarifas que en un geriátrico público, ésto es, del 20% al 80% de su pensión. El resto son cofinanciadas, lo que significa que el mayor y su familia abonan el 60% del coste de la plaza y el 40% restante lo costea la Comunidad. El precio sin subvención de la cama para ancianos que no pueden valerse solos es de unos 360 euros al mes en habitación doble.

Privatización de servicios

Por otra parte, CC OO denunció ayer la "privatización" de los servicios sociales por parte de la Comunidad de Madrid. Según sus datos, el Gobierno regional sólo gestiona directamente el 47% de las 13.304 plazas en residencias de ancianos; el 29% de las 7.795 plazas para discapacitados y el 40% de las 1.874 plazas en centros de menores desamparados. Javier Díaz Toril, coordinador de CC OO en la administración regional, considera que "el dinero que se utiliza para que las empresas privadas gestionen servicios públicos debería destinarse a mejorar la red pública".