Los políticos y el fútbol
El pasado 14 de enero los candidatos del PSPV a la alcaldía de Valencia y a la presidencia de la Generalitat anunciaron conjuntamente una propuesta, a ejecutar en el caso de que ganaran las elecciones, en relación con el estadio de Mestalla. En síntesis contenía lo siguiente:
- Recalificar el suelo de la actual manzana de Mestalla para permitir la construcción de viviendas. Una operación urbanística que reportaría a la propiedad del Valencia CF, una sociedad anónima de capital privado, unos beneficios estimados en 89 millones de euros.
- Construir un nuevo estadio (Gran Mestalla ...
El pasado 14 de enero los candidatos del PSPV a la alcaldía de Valencia y a la presidencia de la Generalitat anunciaron conjuntamente una propuesta, a ejecutar en el caso de que ganaran las elecciones, en relación con el estadio de Mestalla. En síntesis contenía lo siguiente:
- Recalificar el suelo de la actual manzana de Mestalla para permitir la construcción de viviendas. Una operación urbanística que reportaría a la propiedad del Valencia CF, una sociedad anónima de capital privado, unos beneficios estimados en 89 millones de euros.
- Construir un nuevo estadio (Gran Mestalla lo denominaron de acuerdo con su talante triunfalista) con capacidad para 67.000 espectadores, en unos terrenos municipales junto a la Av. de las Cortes Valencianas, al que añadirían pista de atletismo, pabellón cubierto y tres campos de fútbol base. La financiación se repartiría entre el Ayuntamiento, que aportaría el suelo y 9 millones de euros, el Valencia Club de Fútbol, con un máximo de 24 millones de euros, y el resto, unos 40 millones, la Generalitat. No explicaron, o no se publicaron, los criterios a los que obedecía este reparto.
- Constituir una sociedad para compartir la propiedad y encargar la gestión a otra.
- Establecer que RTVV pague al Valencia CF el doble de lo que actualmente paga por los derechos de retrasmisión de los partidos.
La propuesta es probable que no se hubiera hecho pública si no se escucharan próximas las elecciones municipales y autonómicas, y si el PP no se hubiera adelantado con una anterior al respecto. Muchas preguntas surgen al hilo de la misma.
En 1997, cuando se optó por ampliar el actual estadio de Mestalla, un empecinamiento del Valencia CF que el Ayuntamiento no supo frenar, se escucharon voces sensatas abogando por construir un estadio de nueva planta en otro sitio. Me he tomado la molestia de consultar las hemerotecas. No se les hizo ni caso. Junto a la ilegalidad urbanística que suponía la ampliación del vuelo del graderío sobre la vía pública, recurrida por los vecinos, se agregaban otros problemas, como el incremento del déficit de aparcamientos y de accesibilidad de bomberos y ambulancias, los días de partido, a determinados puntos próximos al estadio en casos de urgencias. Cuestiones que aconsejaban la solución a la que ahora parece que se apuntan todos. Entonces el PSPV se mantuvo bien callado y todos los partidos se plegaron a los deseos de ese poder fáctico que es el Valencia CF. Como consecuencia de aquella complicidad, nos encontramos ahora ante una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que declara ilegal la ampliación de Mestalla, lo que debería conducir a demoler lo construido. Sin embargo, conocido el fallo judicial, faltó tiempo al político de turno para asegurar que no se derribaría. Una actitud que me recuerda otro interesante contencioso, el del Teatro Romano de Sagunto, de cuya demolición ha hecho bandera el PP aferrado al argumento de que las sentencias judiciales están para acatarlas y ejecutarlas. Excepto, por lo visto, cuando afecta a ese ente etéreo y temible al que llaman la afición, tras el que se agazapan los intereses privados de los dueños del club. La coherencia no suele formar parte del patrimonio de los partidos políticos.
La operación urbanística de recalificación de suelo se concreta en unos beneficios estimados de 89 millones de euros para el Valencia CF -sociedad anónima de capital privado-, mientras sólo se le reclaman 24, en la propuesta objeto de este artículo, como aportación económica para la construcción del nuevo estadio del que será el beneficiario por excelencia, convirtiendo a la Generalitat, es decir, a los bolsillos de todos los ciudadanos residentes entre Vinaroz y Orihuela, aficionados o no al fútbol y creando agravios comparativos con otros clubs, en la principal financiera. Como si le sobraran recursos o no existieran déficits en infraestructuras y equipamientos sociales prioritarios. Y el colmo, ¿quién es el candidato a la presidencia de la Generalitat, incluso en el caso de que llegara a presidente, para imponer doblar el precio de la retransmisión televisiva de los partidos del Valencia CF? ¿Cómo vamos a creernos que el PSPV respetará la independencia de Canal 9 si antes de ganar la elecciones está anunciando su intromisión en asuntos propios de la gestión de la empresa? Imposible confiar en que sanee en su momento la economía de RTVV con estos planteamientos. Guardar las formas es algo sano y necesario. Es obvio que no se ha hecho.
El PSPV se ha dejado arrastrar por el espejismo populista que envuelve al fútbol y ha decidido rendirle pleitesía preelectoral. La afición lo que quiere es que el Valencia sea campeón en el actual estadio o en otro. Y no creo que este hecho les aporte o les quite ni un voto. Los ciudadanos no entendemos que se haya malgastado dinero en una ampliación ilegal y ahora, para arreglar el entuerto, se organice un tinglado en el que los que obtiene un beneficio extraordinario son los accionistas del club. La construcción del nuevo estadio, sobre suelo municipal o no -y, en su caso, con la compensación económica que proceda-, puede pagarla el Valencia CF con los recursos obtenidos en la recalificación urbanística.
María García-Lliberós es escritora.