Freno al hormigón
La protección del litoral de Tarifa se enfrenta a la oposición de los promotores turísticos
Al igual que las malas comunicaciones y la escasez de agua limitaron en su día el desarrollo turístico en los enclaves más valiosos del litoral almeriense, como la franja costera del Cabo de Gata, el viento ha sido el principal aliado de los recursos naturales que aún se mantienen intactos en algunos tramos de la costa gaditana. Antes de que la marea de hormigón terminara por arrasar también estos enclaves, el gobierno andaluz aprobó, el pasado 23 de diciembre, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del futuro Parque Natural del Litoral de Tarifa y Algeciras, medida que venía s...
Al igual que las malas comunicaciones y la escasez de agua limitaron en su día el desarrollo turístico en los enclaves más valiosos del litoral almeriense, como la franja costera del Cabo de Gata, el viento ha sido el principal aliado de los recursos naturales que aún se mantienen intactos en algunos tramos de la costa gaditana. Antes de que la marea de hormigón terminara por arrasar también estos enclaves, el gobierno andaluz aprobó, el pasado 23 de diciembre, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del futuro Parque Natural del Litoral de Tarifa y Algeciras, medida que venía siendo reclamada desde sectores científicos y que ha sido celebrada por los ecologistas, pero que, al mismo tiempo, ha encontrado una fuerte oposición en algunos colectivos de la zona.
El propio Ayuntamiento de Tarifa se ha mostrado contrario a este procedimiento ya que, a su juicio, se trata de una imposición que no ha contado con el consenso de los propios habitantes de la zona a proteger. Las cautelas ambientales que establece el documento son, a juicio del consistorio, un freno al desarrollo del municipio que, de esta manera, se verá "discriminado" con relación a otras localidades cercanas.
La oposición al nuevo parque viene determinada, sobre todo, por las aspiraciones de desarrollo turístico que hasta ahora mantenía Tarifa, aunque también se ha manifestado cierta inquietud en torno a la regulación de algunos aprovechamientos tradicionales, como la agricultura, la ganadería o la pesca.
Esta no deja de ser una tensión clásica, que ya se ha puesto de manifiesto en otros muchos parques naturales aún cuando las estadísticas demuestran que, en estos espacios protegidos, el desarrollo socioeconómico termina por presentar mejores indicadores que en las poblaciones del entorno.
Lo cierto es que el PORN establece, entre otras medidas, la zonificación de un amplio territorio que, en conjunto, supera las 19.000 hectáreas, regulando las diferentes actividades en función del grado de protección otorgado a cada zona. De esta manera, las pequeñas marismas y estuarios de los Lances, los islotes de Cabrita y las Palomas, la orla rocosa de la zona sur de la isla de Tarifa y algunas de las plataformas marinas situadas en la zona central del frente costero del Estrecho, pasan a estar considerados como espacios naturales de extraordinario interés, lo que supone una protección estricta y una severa limitación a cualquier tipo de actuación que no sea de tipo científico o educativo.
También reciben esta misma consideración el conjunto arqueológico de Baelo Claudia, en la ensenada de Bolonia, el asentamiento de Los Algarbes y las canteras y acueducto romano que se conservan en la zona. En total se distinguen como zonas de reserva 2.058 hectáreas, de las que 2.004 se sitúan en el medio marino, como es el caso del entorno de la isla de las Palomas, la isla de Tarifa o el Bajo de la Perla.
Como zonas de regulación especial, también sujetas a medidas de protección específicas aunque permitiendo diversos usos, se catalogan la playa de los Lances y otros espacios costeros de interés natural y paisajístico que suman cerca de 1.500 hectáreas, zonas de sierra (más de 4.000 hectáreas) y áreas con instalaciones sujetas a la defensa nacional (256 hectáreas), así como 7.200 hectáreas de espacios marinos en los que se verán regulados algunos aprovechamientos.
Finalmente, en el tercer tipo de zonas, denominadas de regulación común y ocupadas muchas de ellas por huertas familiares, se permitirán los usos tradicionales, forestales y agroganaderos, aunque conservando el suelo en sus condiciones actuales y evitando la roturación de enclaves con vegetación. En este caso, las cautelas ambientales se aplican a una superficie de más de 3.700 hectáreas.
Incluso en lo que se refiere a las zonas urbanas que, lógicamente, no están sometidas a severas restricciones en cuanto a usos y actividades, se proponen nuevos modelos de planeamiento urbanístico que sean respetuosos con el paisaje.
En definitiva, el futuro parque natural trata de convertirse en una garantía para la supervivencia de una comarca especialmente valiosa, tanto por las comunidades vegetales y animales que alberga, con presencia de numerosas especies endémicas y en peligro de extinción, como por ser punto de referencia en las rutas migratorias que enlazan el continente europeo y el africano, el Mediterráneo y el Atlántico. Al margen del importante trasiego de aves que se registra en esta zona, los sectores marinos que también han quedado protegidos son vitales en el tránsito, por el Estrecho, de mamíferos protegidos, tortugas o bancos de grandes peces pelágicos que acuden a desovar al Mediterráneo.
Comentarios y sugerencias a propósito de Crónica en verde pueden remitirse al e-mail: sandoval@arrakis.es
El orden correcto
En opinión de los ecologistas, el procedimiento que la Administración ha establecido para la protección del litoral de Tarifa y Algeciras sigue, por una vez, el orden correcto, ya que, explica Daniel López, de Ecologistas en Acción, "el PORN precede al parque natural y no al revés, como venía siendo habitual".
De esta manera, sostiene el colectivo conservacionista, pueden preservarse estos terrenos de ciertas maniobras urbanísticas, poco respetuosas con el medio ambiente, ya que, asegura López, detrás de las manifestaciones que se oponen a esta iniciativa "están los propósitos de aquellos que quieren seguir especulando con el litoral".
En cualquier caso, advierten de la necesidad de contar con una dotación económica suficiente y acabar con el "crónico" enfrentamiento entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía.
Existen, además, algunos problemas endémicos a los que habrá que enfrentarse de inmediato, como la presencia de pescadores y mariscadores furtivos en zonas particularmente sensibles, o la existencia de núcleos de población que están al margen de cualquier disciplina urbanística.
Tan sólo en lo que se refiere a puntos de vertido de aguas sin depurar, Ecologistas en Acción ha contabilizado una veintena, así como construcciones ilegales en enclaves de gran interés paisajístico como el entorno de la playa de Bolonia o la de Paloma Baja.
Más complicado de resolver es el problema del elevado tránsito de buques por la zona. Por último, los ecologistas reclaman que se libere la isla de las Palomas de su servidumbre militar, de manera que en ella pueda ubicarse el centro de interpretación del futuro espacio protegido.