Cascos fracasa en su plan de lograr un gran pacto sobre el suelo
Las comunidades socialistas y el País Vasco se oponen a un acuerdo que no obliga a promover viviendas protegidas en suelo público
El Gobierno sacó ayer adelante un "acuerdo de mínimos" para reformar la normativa sobre suelo, cuyo objetivo es frenar la escalada del precio de la vivienda, pese al firme rechazo de las seis comunidades autónomas del PSOE y el País Vasco, que lo consideran insuficiente. El documento, firmado sólo por 10 comunidades, contempla algunas modificaciones para limitar la especulación e introduce el sistema de concurso para la venta de suelo público, pero no será obligatorio promover viviendas de protección oficial (VPO) en estos terrenos.
La razón de ser del pacto era alcanzar un acuerdo entr...
El Gobierno sacó ayer adelante un "acuerdo de mínimos" para reformar la normativa sobre suelo, cuyo objetivo es frenar la escalada del precio de la vivienda, pese al firme rechazo de las seis comunidades autónomas del PSOE y el País Vasco, que lo consideran insuficiente. El documento, firmado sólo por 10 comunidades, contempla algunas modificaciones para limitar la especulación e introduce el sistema de concurso para la venta de suelo público, pero no será obligatorio promover viviendas de protección oficial (VPO) en estos terrenos.
La razón de ser del pacto era alcanzar un acuerdo entre el Ejecutivo y las comunidades para buscar una fórmula que pusiera freno al encarecimiento del suelo, que se ha disparado un 120% en los últimos seis años y supone ya más del 50% del coste final de una vivienda. Pero el esperado acuerdo nació ayer sin consenso, ante la existencia de dos concepciones distantes del suelo: una más liberalizadora (la del Gobierno) y otra más intervencionista (la del PSOE).
Tras cuatro horas de negociaciones en la sede del Ministerio de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos reunió el apoyo de las comunidades gobernadas por el PP, además de Cataluña, Navarra y Canarias. También firmaron Ceuta y Melilla. Mientras, los representantes de las comunidades que se han descolgado del pacto (País Vasco, Castilla La-Mancha, Andalucía, Extremadura, Baleares, Aragón y Asturias) mostraban su decepción en los pasillos por un texto que, según fuentes de la delegación balear, creará una "ley del pelotazo inmobiliario". Todos coincidieron en que Fomento no ha variado ni un ápice sus propuestas desde la última reunión, mantenida en diciembre y que acabó sin acuerdo.
El texto firmado ayer gira en torno a tres grandes bloques:
- Patrimonio público de suelo. La venta de suelo público se llevará a cabo, por regla general, a través de un concurso, y no por subasta. El precio será fijado de antemano y se dará prioridad a las ofertas que se comprometan a promover un mayor porcentaje de viviendas protegidas (tienen un precio limitado y están destinadas a las familias con rentas más modestas). Pero puede darse el caso de que ninguna oferta se comprometa a construir VPO, porque no es obligatorio. Las propuestas del PSOE, que fueron presentadas ayer por su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, incluyen que todo el suelo público que no se destine a uso público sea para VPO.
- Criterios de valoración. En las directrices que establecen cuánto vale un suelo urbanizable "se descartarán los elementos especulativos del cálculo". Éste es uno de los puntos que recoge el documento. Para los no firmantes del pacto, es insuficiente. El consejero vasco de Vivienda, Javier Madrazo, echó en falta que no se determine el valor del suelo no urbanizable: "Si un terreno es una huerta debe ser valorado por su valor agrícola y no por la expectativa de lo que se puede construir en él [en un futuro]".
- Agilizar los trámites. El documento incluye la agilización de los procesos de transformación del suelo para evitar que los retrasos se traduzcan en un mayor encarecimiento de los terrenos. Sin embargo, en este aspecto suelen tener la última palabra los ayuntamientos, que no han participado en las negociaciones, aunque Fomento tiene la intención de ponerse en contacto con ellos en las próximas semanas.
El pacto seguirá ahora un doble camino: el Gobierno llevará al Congreso los aspectos del acuerdo que afectan a las competencias estatales, mientras las comunidades firmantes trasladarán el documento a sus respectivos parlamentos.