Bruselas demanda a España por el impuesto de las plusvalías
La Comisión Europea decidió ayer llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo por negarse a modificar la legislación sobre el impuesto de plusvalías. Bruselas considera que la normativa española es "discriminatoria", ya que permite aplicar un régimen fiscal menos favorable para las acciones negociadas en el extranjero, fuera de los mercados bursátiles españoles. Los servicios de Mercado Interior del Ejecutivo comunitario afirman que se trata de una violación en toda regla del principio de libre establecimiento recogido en el Tratado.
El Gobierno español ha hecho caso...
La Comisión Europea decidió ayer llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo por negarse a modificar la legislación sobre el impuesto de plusvalías. Bruselas considera que la normativa española es "discriminatoria", ya que permite aplicar un régimen fiscal menos favorable para las acciones negociadas en el extranjero, fuera de los mercados bursátiles españoles. Los servicios de Mercado Interior del Ejecutivo comunitario afirman que se trata de una violación en toda regla del principio de libre establecimiento recogido en el Tratado.
El Gobierno español ha hecho caso omiso a la primera advertencia seria de Bruselas, lanzada en marzo de 2002. La UE no acepta los argumentos que se han dado desde Madrid. Pero la Comisión Europea insiste en que la diferenciación que hace la legislación española entre sociedades nacionales y no nacionales a la hora de aplicar un impuesto sobre las plusvalías es injustificable. En la práctica, las acciones de las sociedades que cotizan en los mercados españoles están sometidas a una reducción fiscal del 25%, mientras que este coeficiente es de un 14,28% para las que cotizan fuera.
El Ministerio de Hacienda aclaró ayer que desde el 1 de enero, fecha de entrada en vigor del nuevo IRPF, las plusvalías derivadas de la adquisición de acciones antes de 1999 tendrán el mismo tratamiento fiscal, independientemente de que coticen en los mercados españoles o extranjeros. Hacienda argumenta que, con el nuevo impuesto sobre la renta, la legislación objeto de la demanda de Bruselas ya no está en vigor. En cualquier caso, este departamento está estudiando recurrir la denuncia de la Comisión Europea.