Angelismo ingenuo y exorcismo diabólico

El primer Consejo de Ministros del año aprobó el pasado viernes una cuádruple reforma (del Código Penal, la Ley Penitenciaria, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Poder Judicial) para elevar las penas de los delitos terroristas y endurecer su tratamiento carcelario. Dos días más tarde, Aznar anunciaba -en una descortés rueda de prensa informal con ocasión de la Pascua Militar- que utilizaría la mayoría absoluta del Gobierno en ambas Cámaras para aprobar ese proyecto "aunque no haya consenso". Tras la reunión celebrada ayer por el Comité Ejecutivo del PP, su secretario general ratifi...

El primer Consejo de Ministros del año aprobó el pasado viernes una cuádruple reforma (del Código Penal, la Ley Penitenciaria, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Poder Judicial) para elevar las penas de los delitos terroristas y endurecer su tratamiento carcelario. Dos días más tarde, Aznar anunciaba -en una descortés rueda de prensa informal con ocasión de la Pascua Militar- que utilizaría la mayoría absoluta del Gobierno en ambas Cámaras para aprobar ese proyecto "aunque no haya consenso". Tras la reunión celebrada ayer por el Comité Ejecutivo del PP, su secretario general ratificó (¿ningún asesor de imagen le aconsejará a Javier Arenas que mire a los ojos de la gente cuando habla?) la displicente voluntad de los populares de hacer de su capa un sayo en las Cortes Generales. De esta manera, el Gobierno consuma la ruptura unilateral del Acuerdo contra el Terrorismo solemnemente firmado con el PSOE en diciembre de 2000: el punto 5 del texto compromete a ambos partidos a impulsar "en el marco del mutuo acuerdo" las eventuales reformas legales sobre la materia, incluida la política penitenciaria.

No es la primera vez que el PP emprende un obsceno aprovechamiento electoralista de la lucha antiterrorista por la vía de introducir en la agenda legislativa una política de hechos consumados con el objetivo de que el PSOE se vea forzado a elegir entre la aceptación de las medidas propuestas (una confesión implícita de impotencia política) y el rechazo de sus términos (señal de falta de firmeza ante ETA o de sospechosas connivencias): así ocurrió inicialmente con el borrador de la Ley de Partidos, aunque el Gobierno finalmente rectificase. El oportunismo de vuelo corto de Aznar ha prevalecido de nuevo sobre las responsabilidades que le incumben como presidente del Gobierno: la pasmosa desfachatez del Ejecutivo, que ha roto a la vez sin excusa alguna el Acuerdo contra el Terrorismo y el Pacto por la Justicia, prueba que sus invitaciones a la oposición para consensuar cuestiones de Estado (el ocultamiento cómplice de las negligencias cometidas por la Administración durante el naufragio del Prestige también es incluido abusivamente en ese renglón) constituyen los preparativos retóricos para una posterior estafa. El conejo de la reforma penal, procesal y penitenciaria sacado de la chistera por Aznar (mientras una voz en off dice "esto lo arreglo yo en dos patadas") no pretende sólo distraer al público de la marea negra: es igualmente un adelanto de la campaña planificada por el PP para los comicios municipales y autonómicos del 25 de mayo.

Como toda buena decisión demagógica, la estratagema electoralista puesta en marcha por Aznar con su proyectada reforma antiterrorista moviliza emociones veraces y sentimientos respetables sólo para conducirlas arteramente hacia el molino del PP. Los vendedores de la pócima mágica capaz de suprimir de un día para otro la amenaza de ETA confunden a la opinión pública mediante la manipulación de la complejidad técnico-jurídica y los ámbitos temporales de la normativa aplicable. Dejando a un lado que la ampliación a 40 años del cumplimiento íntegro de las condenas sin reinserción posible tenga el carácter de las penas inhumanas o degradantes que la Constitución prohibe, el principio de irretroactividad alejará -como mínimo- hasta el año 2033 la visibilidad de la medida; mientras tanto, la duración máxima de las penas estará regida según los casos por los Códigos de 1973 (30 años salvo redención por el trabajo) o de 1995 (de 20 a 30 años).

No menos fraudulenta resulta la maliciosa explotación por los portavoces del PP de las consecuencias indeseadas y de los efectos imprevistos de la política de reinserción, una estrategia gracias a la cual un Gobierno de UCD -siendo ministro Rosón- logró la disolución de ETA político-militar. Sin duda, una visión ingenuamente angelista de la reinserción puede fomentar la indebida concesion del tercer grado o de la libertad condicional a los terroristas. No parece, sin embargo, que la mejor forma de evitar ese riesgo sea someter tales beneficios al ritual de la delación oficiado por Aznar como exorcista del diablo.