El PP anuncia en solitario un plan para que los etarras cumplan íntegra la pena

El Comité Ejecutivo Nacional del PP, reunido ayer, en plenas navidades, con carácter extraordinario para afrontar la crisis del Prestige, concluyó, para sorpresa de toda la oposición, con el anuncio de una reforma legal que obligará a los terroristas y otros criminales a cumplir de manera íntegra y efectiva el límite máximo de sus condenas. Los populares han optado por dar este paso sin esperar a las conversaciones que mantendrán con las restantes formaciones parlamentarias. De la reunión no salieron nuevas medidas para afrontar la catástrofe del petrolero, pero sí una dura campaña para...

El Comité Ejecutivo Nacional del PP, reunido ayer, en plenas navidades, con carácter extraordinario para afrontar la crisis del Prestige, concluyó, para sorpresa de toda la oposición, con el anuncio de una reforma legal que obligará a los terroristas y otros criminales a cumplir de manera íntegra y efectiva el límite máximo de sus condenas. Los populares han optado por dar este paso sin esperar a las conversaciones que mantendrán con las restantes formaciones parlamentarias. De la reunión no salieron nuevas medidas para afrontar la catástrofe del petrolero, pero sí una dura campaña para denunciar la "insolidaridad" del PSOE.

La reforma legal que permitirá el cumplimiento íntegro de las penas por terrorismo fue anticipada por el presidente del Gobierno, José María Aznar, en el cónclave extraordinario de los populares sobre el Prestige, al que se sumó el presidente de la Xunta, Manuel Fraga. Aznar se preocupó además de poner fecha a esta iniciativa, que el PP ha optado por defender en solitario: el 3 de enero aprobará el anteproyecto en el Consejo de Ministros.

Los socialistas, que no esperaban esta reforma para antes de febrero, han sido los primeros sorprendidos. El primer partido de la oposición cree que Aznar ha acelerado esta propuesta para tapar la crisis del Prestige.

La reforma modificará los artículos 78 y 36 del Código Penal. Los delincuentes comunes condenados a más de cinco años tendrán que cumplir un "periodo de seguridad". Y los condenados por sustracción de fondos públicos verán limitado su acceso al tercer grado si no han devuelto las cantidades sustraídas.