Rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición a la Ley de Cajas

El pleno de la Asamblea -el último del año- aprobó, con los votos del PP, la ley de Presupuestos de la Comunidad. Pero el PP rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE e IU al proyecto de Ley de Cajas de Ahorro que limita a un 30% la representación pública de los ayuntamientos, a un 35% la de los impositores y a un 10% la de los empleados. El aspecto más polémico del proyecto gubernamental es la creación de un nuevo sector que encarna a los intereses sociales y colectivos, denominado entidades representativas, que tendrá el 13,75% de representación.

El proyecto de Ley d...

El pleno de la Asamblea -el último del año- aprobó, con los votos del PP, la ley de Presupuestos de la Comunidad. Pero el PP rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE e IU al proyecto de Ley de Cajas de Ahorro que limita a un 30% la representación pública de los ayuntamientos, a un 35% la de los impositores y a un 10% la de los empleados. El aspecto más polémico del proyecto gubernamental es la creación de un nuevo sector que encarna a los intereses sociales y colectivos, denominado entidades representativas, que tendrá el 13,75% de representación.

El proyecto de Ley de Cajas de Ahorro fue la que mayor debate despertó en la Cámara. Llegaba el texto al pleno con polémica previa ante las acusaciones del PP sobre un presunto plagio de la ley por parte del PSOE. Las mayores discrepancias estaban en la cuota de participación en la Asamblea General de Caja Madrid. El Gobierno propone -y así se aprobó- que los Ayuntamientos tengan el 30% (el PSOE quiere el 33,75%); los impositores, esto es, quienes tienen abierta cuenta en las cajas, un 35% (el PSOE, el 31,25%); la Asamblea de Madrid, el 11,25% (el PSOE, 12,5%); los empleados, el 10% (en esto coincide el PSOE), y el Gobierno establece una nueva participación: un 13,75% para entidades representativas, que el PSOE limita a aquellas organizaciones representadas en el Consejo Económico y Social (los sindicatos), a las que daría el 12,5%.

Cada uno fue a lo suyo. Y mientras el socialista Adolfo Piñedo defendió su postura que, en general, aumenta la representación institucional, Franco González (IU) tiró por su lado para defender que en la Caja haya un representante por cada partido con escaño en el Parlamento. Hasta ahora IU está fuera de la asamblea de Caja Madrid, ya que los representantes del Parlamento sólo son del PP y PSOE. Piñedo criticó la falta de consenso del texto del Gobierno y le acusó de traer un proyecto con un Ejecutivo que estaba prácticamente cesado. Y, para rematar, y contestando a las acusaciones de plagio, dijo: "Pues si les hemos copiado, no creo que tengan inconveniente en aprobar nuestro texto, ¿no?".

El diputado de IU pidió una Caja Madrid no gubernamental, que "no esté al servicio del Gobierno de turno". Y, sobre todo, que la reforma no sirviera para expulsar de los órganos de representación a ninguno de los sectores actualmente representados.

El representante del PP, Pedro Muñoz Abrines, dedicó buena parte de su intervención -conti-nuamente interrumpida por murmullos y gestos de protesta desde los bancos socialistas- a demostrar que el PSOE había copiado literalmente el texto del Gobierno. Y preguntó por qué, en vez de eso, no había plagiado la ley de Cajas de Andalucía que, en su opinión, sí adolecía de todos los males denunciados por el grupo socialista.

No hubo debate excesivo en el proyecto de Ley de Residuos, aunque fueron rechazadas las enmiendas presentadas por el PSOE e IU. El consejero de Medio Ambiente, Pedro Calvo Poch, destacó que se trata de una ley muy importante, teniendo en cuenta que en Madrid se producen 4 millones de toneladas de basuras urbanas al año, 300.000 toneladas de residuos peligrosos y 12 millones de toneladas de residuos de construcciones y demoliciones.

Régimen sancionador

Como novedad de esta ley, Calvo destacó que se imponía a los fabricantes y responsables de determinados productos (teléfonos móviles, pilas, ordenadores) que se ocupen de gestionar sus residuos. En el régimen sancionador se establecen multas de hasta tres millones de euros y, en ningún caso, la sanción será inferior al beneficio que genere la infracción. Esta posibilidad ya se contemplaba en la Ley de Evaluación Ambiental aprobada en junio. De tal manera que un infractor al que le correspondiera una multa por un infracción grave o muy grave se le podrá llegar a duplicar la sanción en caso de que éste hubiera obtenido un beneficio al realizar esta falta.

Tanto PSOE como IU se mostraron contrarios al texto del Gobierno. Francisco Garrido (PSOE), aunque la consideró necesaria, aclaró que la falta de presupuesto hace de ella una ley inoperante. Y Julio Setién, de IU, la calificó de inverosímil y aseguró que el aumento de residuos dejaba claro qué clase de política había seguido el Gobierno en este sentido.

Más voluntad hubo en la ley de la Agencia de Calidad de Universidades, que fue aprobada con los votos a favor del PP, la abstención del PSOE y los votos en contra de IU. La Agencia de Calidad universitaria es un organismo adscrito a la Consejería de Educación y de la que formarán parte autoridades universitarias que supervisarán y velarán por la calidad en las universidades madrileñas.