Costas da a conocer hoy su informe sobre la protección del área del proyecto Megapark
La decisión de marzo de establecer el deslinde en 20 metros ha recibido 12 alegaciones
El Ministerio de Medio Ambiente anunciará hoy públicamente cuál será el área de protección en las vegas de Ibarreta-Zuloko, en Barakaldo, donde se han iniciado las obras para la construcción del gran complejo comercial Megapark. Medio Ambiente ha resuelto ya las doce alegaciones presentadas a su decisión inicial, en marzo pasado. Hace nueve meses propuso el deslinde del dominio público marítimo-terrestre a una distancia de 20 metros del cauce del río Castaños - en vez de los 100 recomendados por un estudio-, con lo que hacía viable el proyecto comercial.
Los responsables de la Demarcaci...
El Ministerio de Medio Ambiente anunciará hoy públicamente cuál será el área de protección en las vegas de Ibarreta-Zuloko, en Barakaldo, donde se han iniciado las obras para la construcción del gran complejo comercial Megapark. Medio Ambiente ha resuelto ya las doce alegaciones presentadas a su decisión inicial, en marzo pasado. Hace nueve meses propuso el deslinde del dominio público marítimo-terrestre a una distancia de 20 metros del cauce del río Castaños - en vez de los 100 recomendados por un estudio-, con lo que hacía viable el proyecto comercial.
Los responsables de la Demarcación de Costas del País Vasco, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, realizarán hoy en el área de Ibarreta-Zuloko (junto a la A-8 en Barakaldo y frente a Max Center) la denominada acta de apeo. Se trata de un acto público, al que acuden representantes de las administraciones afectadas, así como agentes sociales interesados, en el que se marca sobre el terreno la limitación del dominio público marítimo-terrestre, es decir la franja de la vega a la que llega la marea del mar y, por tanto, debe ser protegida.
Los responsables de la Demarcación de Costas harán público, mediante este acto, su decisión final sobre el deslinde en Ibarreta-Zuloko, aunque todavía quedará un último plazo de alegaciones. Si no hay sorpresas, el área de protección será de 20 metros lineales a ambos márgenes del río Castaños. Esta distancia fue la propuesta inicial del ministerio en marzo pasado, tras una polémica intensa. Antes, en enero se conoció un informe externo encargado por Medio Ambiente en el que se proponía establecer el deslinde a 100 metros del cauce río, lo que coincidía con los argumentos de los ecologistas y hacía inviable Megapark, el proyecto estrella del Ayuntamiento de Barakaldo que contempla una inversión de 270,4 millones de euros.
Sin embargo, la Diputación de Vizcaya envió un informe, tras dos anteriores en el que persistían dudas, que certificaba que el suelo en Ibarreta-Zuloko ya era urbano en 1988, año de promulgación de la ley de Costas, que protege las áreas de domino público marítimo-terrestre. Con ello, y la asunción por el ministerio de este informe, se salvaba el proyecto de Megapark.
12 alegaciones
En marzo pasado se abrió el periodo de alegaciones, que ha finalizado con la presentación de 12 diferentes. Tres de ellas han sido formuladas por grupos ecologistas, cinco por empresas, una por el Ayuntamiento de Barakaldo y las tres restantes por asociaciones diversas. Con la decisión de hoy se sabrá la respuesta del Ministerio de Ambiente a estas proposiciones.
Un portavoz oficial afirmó que con la delimitación del deslinde se abre otro periodo de alegaciones, con un plazo de 15 días. Tras su estudio, se redactará el informe final, que se trasladará al ministerio para que se redacte una orden ministerial que concrete el área de protección en esta zona de Barakaldo. Este proceso se puede resolver en el primer trimestre de 2003, aunque dependerá de las objeciones que se planteen.
La plataforma ecologista Ezpitsua, creada hace tres años en contra del proyecto Megapark, ha exigido repetidas veces la paralización del proyecto, cuyas obras de urbanización están ya en marcha. Este grupo presentó una queja ante la Unión Europea, que el pasado mes de noviembre decidió abrir el denominado proceso de infracción, es decir la existencia de posibles vulneraciones de las directivas comunitarias.
La UE basa su decisión en la falta de una evaluación de impacto ambiental, aunque el Ayuntamiento de Barakaldo adujo, tras difundirse la apertura del proceso infractor, que la legislación española no exige la declaración de impacto.