Las víctimas del terrorismo se suman a las demandas de ilegalización de Batasuna
Firman una declaración notarial que será incorporada a los testimonios del proceso
Las víctimas del terror en el País Vasco tendrán presencia en el proceso de ilegalización de Batasuna a través de un documento notarial de apoyo a las demandas del Gobierno y el Ministerio Fiscal que firmaron ayer en Bilbao representantes de asociaciones y colectivos de lucha por las libertades, entre los que se encuentran algunos de los testigos a los que renunció el Ministerio Fiscal. En el Tribunal Supremo, el proceso marcha a buen ritmo tras las trabas puestas inicialmente por Batasuna, y los más optimistas creen que puede haber sentencia para finales de marzo.
El documento de apoyo...
Las víctimas del terror en el País Vasco tendrán presencia en el proceso de ilegalización de Batasuna a través de un documento notarial de apoyo a las demandas del Gobierno y el Ministerio Fiscal que firmaron ayer en Bilbao representantes de asociaciones y colectivos de lucha por las libertades, entre los que se encuentran algunos de los testigos a los que renunció el Ministerio Fiscal. En el Tribunal Supremo, el proceso marcha a buen ritmo tras las trabas puestas inicialmente por Batasuna, y los más optimistas creen que puede haber sentencia para finales de marzo.
El documento de apoyo a la ilegalización de Batasuna será aportado por la Fiscalía General y por la Abogacía del Estado al proceso de ilegalización, como prueba testifical. Se trata de una declaración escrita en la que los representantes de 14 fundaciones, asociaciones y colectivos de víctimas del terror, exponen que su experiencia en situaciones de amenazas, acoso, coacciones y exclusión social confirma la vinculación entre Batasuna y la banda terrorista ETA.
En el acto intervinieron Cristina Cuesta, de Covite; Edurne Uriarte, de la Fundación para la Libertad; Maite Pagazaurtundua, de !Basta Ya¡; Jaime Larrinaga, del Foro El Salvador; Leonor Regaño, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo; Consuelo Ordoñez, de la Fundación Gregorio Ordóñez; y el alcalde Ermua, Carlos Totorika, entre otros.
La firma, en un hotel de Bilbao, fue apoyada por el ministro de Justicia, José María Michavila; el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal; el director del Servicio Jurídico del Estado, Arturo García Tizón; Jaime Mayor Oreja y Carlos Iturgáiz, del PP, y Juan Fernando López Aguilar y Rodolfo Ares, del PSOE-PSE
Los firmantes denuncian que ellos son "testigos directos" de que Batasuna "apoya políticamente" la acción de ETA en las calles, en actos públicos o en sus ayuntamientos y de que la formación abertzale presenta la situación que vive Euskadi como un conflicto político en la que las víctimas son los "enemigos".
Proposición de prueba
Por otra parte, la Sala del Tribunal Supremo encargada de los procesos de ilegalización de partidos políticos se encuentra a la espera de que Batasuna presente su escrito de proposición de prueba. El plazo finaliza a las tres de la tarde del día de Nochebuena.
El presidente de la Sala de lo Civil del Supremo, Ignacio Sierra, redactó las cinco resoluciones sobre las recusaciones planteadas por Batasuna y, como presidente accidental de la Sala especial, imprimió un nuevo ritmo al proceso al rellenar una "laguna legal" de la Ley de Partidos y determinar la extensión del periodo de prueba.
Sierra propuso que antes de aplicar los plazos previstos en la Ley de Partidos que remitían a los de determinados procesos civiles de imposible determinación, se aplicase el que contempla la ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es decir, 15 días para proponer prueba y 30 días para practicarla. Ese plazo para proponer prueba finalzia el día 24.
El ministerio fiscal ya ha remitido su escrito renunciado a la mayoría de los testigos inicialmente propuestos y reproduciendo lo dicho en su demanda. La Abogacía del Estado también está pendiente de cumplimentar el trámite.
Según fuentes jurídicas, la Sala especial del Supremo tendrá que reunirse después para examinar cuáles de las pruebas propuestas por las partes admite y cuáles rechaza, lo que podría acontecer tras las vacaciones de Navidad, en torno al 7 de enero. Después, el Supremo dispondrá de 30 días para practicar las pruebas, fase que podría acabar a mediados de febrero.
Practicadas las pruebas admitidas, la Ley de Partidos da un plazo de 20 días para formular alegaciones, transcurridos los cuales, el proceso queda visto para sentencia, que debe dictarse en un plazo máximo de otros 20 días. Las estimaciones más optimistas apuntan que la sentencia sobre la ilegalización podría conocerse entre finales de marzo y mediados de abril.