El juez requiere a Anticorrupción para que le envíe su querella contra César Alierta
El juez Juan Luis Rodríguez Pons, titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid, dictó ayer una providencia por la cual requiere a la Fiscalía Anticorrupción que le remita todas las actuaciones en relación con las diligencias 1/2002. Dichas diligencias fueron abiertas por la citada fiscalía para investigar un presunto delito de uso de información privilegiada en la compraventa de acciones de Tabacalera por las cuales el ex presidente de esta empresa y hoy presidente de Telefónica, César Alierta, su esposa Ana Cristina Placer, y el sobrino de ésta última, Luis Javier Placer, habrían ob...
El juez Juan Luis Rodríguez Pons, titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid, dictó ayer una providencia por la cual requiere a la Fiscalía Anticorrupción que le remita todas las actuaciones en relación con las diligencias 1/2002. Dichas diligencias fueron abiertas por la citada fiscalía para investigar un presunto delito de uso de información privilegiada en la compraventa de acciones de Tabacalera por las cuales el ex presidente de esta empresa y hoy presidente de Telefónica, César Alierta, su esposa Ana Cristina Placer, y el sobrino de ésta última, Luis Javier Placer, habrían obtenido un beneficio de 309 millones de pesetas entre junio de 1997 y febrero de 1998.
La Fiscalía Anticorrupción elaboró, a partir de dichas diligencias, una querella criminal contra los tres citados y la remitió al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, el pasado 14 de noviembre para su aprobación, todavía pendiente.
Mientras tanto, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE) presentó a su vez una querella en los juzgados de Plaza de Castilla el pasado 22 de noviembre. La nueva acción penal, basada en datos de la Fiscalía Anticorrupción que trascendieron a la prensa, fue repartida al juzgado 32 de Madrid.
Acción popular
La providencia dictada ayer por el juez también requiere a AUGE para que deposite una fianza de 3.000 euros (500.000 pesetas) a fin de ejercer la acción popular ya que dicha entidad no es perjudicada en la operación.
El juez invoca, al requerir las diligencias a la Fiscalía Anticorrupción, el artículo 785 bis, número 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual "cesará el fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos". Ahora, la Fiscalía Anticorrupción tendrá que dar cuenta al fiscal general del Estado del requerimiento judicial y enviar inmediatamente las actuaciones.
La Fiscalía de Madrid, a requerimiento del juez, emitió el pasado lunes 9 de diciembre dictamen favorable a que el juzgado 32 asuma la competencia de la querella presentada por AUGE y, también, a que proceda a admitirla a trámite. La Fiscalía Anticorrupción, a la que el juez remitió el dictamen favorable y testimonio de la citada querella, se dirigió a Jesús Cardenal el pasado martes 10 de diciembre pidiendo que le atribuya la competencia en el procedimiento abierto en el juzgado 32.
Más allá de la valoración que finalmente haga el fiscal general del Estado sobre la querella original de la Fiscalía Anticorrupción, fuentes judiciales dijeron ayer que el juez Rodríguez Pons ha hecho un requerimiento judicial al cual, como es norma, habrá que responder, enviando la querella elaborada por Anticorrupción. Por otra parte, Cardenal tendrá que definir si atribuye la competencia, como se lo ha pedido, a Anticorrupción.