El Ayuntamiento de Rota regula la instalación de placas solares
El Ayuntamiento de Rota (Cádiz) aplica una de las primeras normativas españolas para regular las instalaciones de energía solar. Se trata de una experiencia "pionera", según el alcalde, Domingo Sánchez Rizo (PSOE), con la que el Ayuntamiento quiere normalizar el desarrollo de una tecnología "en alza" en la zona.
La Comarca Noroeste de la provincia de Cádiz disfruta de unas 3.200 horas de luz solar anuales, lo que está animando a particulares y empresas a instalar las placas solares y los transformadores necesarios. "Pretendemos evitar", dice Sánchez Rizo, "una proliferación incontrolada...
El Ayuntamiento de Rota (Cádiz) aplica una de las primeras normativas españolas para regular las instalaciones de energía solar. Se trata de una experiencia "pionera", según el alcalde, Domingo Sánchez Rizo (PSOE), con la que el Ayuntamiento quiere normalizar el desarrollo de una tecnología "en alza" en la zona.
La Comarca Noroeste de la provincia de Cádiz disfruta de unas 3.200 horas de luz solar anuales, lo que está animando a particulares y empresas a instalar las placas solares y los transformadores necesarios. "Pretendemos evitar", dice Sánchez Rizo, "una proliferación incontrolada que reste valor arquitectónico a la ciudad". Para ello, la normativa establece la obligatoriedad instalar las placas de absolución de energía solar en lugares poco visibles y con ángulos de inclinación semejantes a los de los propios edificios, para evitar su impacto negativo. Además, la normativa dicta criterios de seguridad y establece un pago anual de unos 50 euros por metro cuadrado de vivienda.
La asociación de promotores inmobiliarios de Cádiz Asprica denunció el "efecto de freno" que tendrá la normativa en el desarrollo de un sector que aún está en proceso de implantación. Según las empresas constructoras, la entrada en vigor de la normativa es "precipitada".
Según los representantes del sector inmobiliario, el pago de una tasa municipal por las instalaciones solares provocará una caída de la demanda, a pesar de que el sistema tiene demostrada su efectividad y está contrastado el ahorro que supone en el largo plazo. El Ayuntamiento estudia ahora la posibilidad de suspender la aplicación de la normativa durante un año.