Los impositores piden equiparar su peso en las cajas al de los políticos

La Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana lamenta que la adaptación de la ley valenciana de cajas a la ley financiera estatal restrinja a un 33% la presencia de los ahorradores en los órganos de gobierno de las entidades financieras frente al 50% que acumulan los representantes de la Generalitat y los municipios. La ley financiera estatal establece que los representantes institucionales no pueden superar el 50%, pero no fija ningún mínimo. En cuanto a la representación de los impositores en los órganos de gobierno, señala que debe oscilar entre el 25% y 50%.

La Unión de Consum...

La Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana lamenta que la adaptación de la ley valenciana de cajas a la ley financiera estatal restrinja a un 33% la presencia de los ahorradores en los órganos de gobierno de las entidades financieras frente al 50% que acumulan los representantes de la Generalitat y los municipios. La ley financiera estatal establece que los representantes institucionales no pueden superar el 50%, pero no fija ningún mínimo. En cuanto a la representación de los impositores en los órganos de gobierno, señala que debe oscilar entre el 25% y 50%.

La Unión de Consumidores, recuerda que la ley de 1990 equiparaba el peso de los representantes institucionales, entonces designados por los ayuntamientos, con los portavoces de los ahorradores. Ambos ocupaban un 35% de los órganos de gobierno.

La ley de 1997 elevó hasta un 56% la presencia institucional de ayuntamientos y Generalitat, que doblaban el peso de los impositores (28%). El anteproyecto aprobado por el Consell el pasado martes mejora la posición de los impositores, pero no agota los límites que ofrece la ley financiera.

Los consumidores también lamentan la ausencia de regulación de las obligaciones y derechos de los clientes. El nuevo texto recoge la figura del defensor del cliente, pero no establece garantías específicas para la contratación bancaria.

El anteproyecto todavía debe ser sometido al Consejo Económico y Social, pero los primeros comentarios al texto formulados por la oposición socialista fueron despreciados ayer por el consejero de Hacienda.

Privatización

Ricard Torres, secretario de Economía del PSPV, denunció que la Generalitat ha evitado respetar la proporcionalidad parlamentaria en la designación de sus representantes en la cajas y abre la vía a una futura privatización de las entidades financieras a través de las cuotas participativas, una especia de acciones que no generan derechos políticos en los órganos de gobierno. Rambla tachó de "ridícula" la posibilidad de privatizar las cajas de ahorro y recordó que tiene previsto reunirse la próxima semana con representantes del PSPV para abordar las posibles diferencias en la interpretación del texto.

Al margen del debate político, portavoces de Bancaixa y de la CAM trasladaron a Efe su satisfacción por la rápida adaptación de la ley valenciana a la ley estatal, que contribuirá a una reforma "tranquila y ordenada" de las entidades, según Bancaixa, y "coherente", según la CAM.