LA CRÓNICA

La larga sombra de Eduardo Zaplana

Se han evocado estos días las pintorescas admoniciones con las que el concejal Alfonso Grau conminaba a finales de 1999 a la empresa Aguas de Valencia (AVSA) para que valencianizase su capital como trámite previo a la renovación del contrato de suministro de agua a la ciudad durante medio siglo más. Unos 3.000 millones de euros (500.000 millones de pesetas) en concepto de ingresos y las presiones del Ayuntamiento y Generalitat consiguieron que la composición accionarial de esta mercantil -hegemonizada hasta entonces por el grupo francés Bouygues- se plegase a las exigencias. Redistribui...

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

Se han evocado estos días las pintorescas admoniciones con las que el concejal Alfonso Grau conminaba a finales de 1999 a la empresa Aguas de Valencia (AVSA) para que valencianizase su capital como trámite previo a la renovación del contrato de suministro de agua a la ciudad durante medio siglo más. Unos 3.000 millones de euros (500.000 millones de pesetas) en concepto de ingresos y las presiones del Ayuntamiento y Generalitat consiguieron que la composición accionarial de esta mercantil -hegemonizada hasta entonces por el grupo francés Bouygues- se plegase a las exigencias. Redistribuido el capital y renovada la gestión, mediante la destitución de su director general, Álvaro Aguirre, generosamente indemnizado, la compañía sosegó sus sobresaltos y se aplicó a cultivar el dividendo y expandirse en el negocio más próspero del milenio, por lo menos hasta que cubiquen y nos cobren el aire que respiramos, asimismo privatizado.

Tres años después, o sea, ahora mismo, la referida compañía vuelve a estar en crisis y a constituirse en el vórtice del turbión mediático. No se cuestiona su eficiencia ni la legitimidad del servicio privatizado que presta, que por cierto y que sepamos nunca ha sido puesto en la picota por la izquierda. Resulta asombrosa la discreción de la progresía ante determinados expolios. Hasta parece que todos -digo de los partidos políticos- cobren su viático correspondiente. El problema, decimos, no es ese, sino otro que confieso no saber definir, perdido como estoy entre el alud de informaciones contradictorias, no verificadas e incluso temerarias. Pero una cosa está clara, en tanto que es un hecho probado: su consejero delegado, Aurelio Hernández, ha sido súbitamente destituido, y despedido el director general, Francisco Pontes. A partir de ese episodio todo son conjeturas más o menos verosímiles.

La primera de ellas alude a la causa de tan radical y drástica decisión. ¿Por qué se les da la boleta, o sea, se les tira con cajas destempladas? Aurelio -que es el protagonista de esta película- tiene un denso expediente de servicios al PP, lealtad contrastada a quien le amparó la prebenda (¿y quién va ser, sino es el que más manda?) y experiencia en esta industria. Exhibe, además, un excelente balance de gestión -"los mejores resultados en facturación y beneficios", dicen las crónicas- y no se sabe que postulase un proyecto empresarial discrepante con las directrices del consejo de administración. Sin embargo, en vez de reconocerle la destreza se le pone en el disparadero y, lo que es peor, se sugiere taimadamente desde el entorno del PP que ha metido la mano donde no debe. Ningún consejero de AVSA, no obstante, avala esta versión.

Para acabarlo de embrollar, provisionalmente, al menos, se tienen noticias de que por vía amistosa y desde el seno del consejo se quiso propiciar la dimisión del destituido ante la fatalidad del relevo que se gestaba. No obstante, ¿por qué se resistió Aurelio Hernández a transigir discretamente y no se limitó a ensacar la millonada prevista del despido? Y más raro aún: ¿por qué invoca la larga mano del ex presidente Eduardo Zaplana como artífice de esta sacudida? Sea por coraje, desesperación o porque se marcha con el riñón cubierto, la verdad es que el destituido ha puesto en un brete al hoy ministro, reputado de manifasser en el País Valenciano. Quiéralo o no, y en tanto no se clarifique este suceso -que en realidad importa menos que un cuesco al vecindario- el ex molt honorable no se está saliendo de rositas y nos tememos que le resultará arduo explicar su neutralidad en esta historia que tiene más visos de política que de financiera. Así de larga es su sombra.

Y otra conjetura más: ¿se está postulando la apertura de Aguas de Valencia al capital de otras empresas que, de producirse, diluiría la cantada valencianización de la firma? En realidad, poco ha de desvelarnos la circunstancia de que el agua que bebemos engorde la cuenta de explotación de inversores foráneos. A la postre, los reajustes del accionariado que se reclamaron no tienen más razón de ser que el favorecer a los amigos. Al currante de a pie ha de traérnosla floja que se llame Boluda, Bouygues o Fefé quien nos pasa factura por un servicio que debería ser público. Respiremos gratis mientras podamos.

INVERSORES EN VILO

La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, tan celebrada por los promotores de viviendas, tiene unos efectos colaterales imprevistos. Su aplicación extensiva a cualquier paraje y superficie obliga a los propietarios afectados a cargar con gastos y sacrificios no previstos cuando adquirieron su residencia y que, en definitiva, favorecen preferentemente al promotor. Es, a menudo, el caso de los extranjeros asentados en territorio valenciano, conminados a pagar cifras desmesuradas en concepto de infraestructuras o a ser expropiados. Grave asunto.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
SIGUE LEYENDO

Archivado En