La supervivencia de la empresa catalana de telecomunicaciones al-pi, en peligro

La supervivencia del operador de telecomunicaciones catalán al-pi, fruto de la mayor privatización pilotada hasta ahora por el Gobierno catalán, pende de un hilo. Los propietarios de al-pi, que son Uni2 (France Telecom) y la Generalitat, no han logrado cerrar un acuerdo para capitalizar la compañía, a sólo 20 días del plazo máximo fijado para elegir entre una ampliación de capital o, de forma irremediable, la disolución de la empresa. Ante el desacuerdo, fuentes del sector señalaron ayer que existe un "riesgo real" de que el socio francés, mayoritario, opte por la disolución de al-pi.

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La supervivencia del operador de telecomunicaciones catalán al-pi, fruto de la mayor privatización pilotada hasta ahora por el Gobierno catalán, pende de un hilo. Los propietarios de al-pi, que son Uni2 (France Telecom) y la Generalitat, no han logrado cerrar un acuerdo para capitalizar la compañía, a sólo 20 días del plazo máximo fijado para elegir entre una ampliación de capital o, de forma irremediable, la disolución de la empresa. Ante el desacuerdo, fuentes del sector señalaron ayer que existe un "riesgo real" de que el socio francés, mayoritario, opte por la disolución de al-pi.

Las pérdidas acumuladas por la empresa catalana al-pi, fruto de la privatización de Catalana de Telecomunicacions hace tres años, son superiores a sus recursos propios, de modo que, por ley, o se amplía capital o la empresa se disuelve.

Los dos accionistas de la empresa, que cada vez parecen mirarse con menos cariño, deben hacer frente, como consecuencia, a una inyección de fondos por valor de 52 millones de euros. La intención de ambos socios es participar en este bombeo de dinero de acuerdo con su peso proporcional en el accionariado: France Telecom, representada por su filial española Uni2 y que controla el 75% del capital, con 39 millones de euros, mientras que a la Generalitat, con el 25% restante, le correspondería poner 13 millones. El peso de ambas partes se mantendría.

Pero fuentes solventes próximas a los accionistas señalaron que Uni2 está "en total desacuerdo" con la posición oficial adoptada por la Generalitat: capitalizar deuda. Es decir, acudir a la ampliación aportando únicamente el dinero que el Gobierno catalán tiene pendiente de cobrar de al-pi tras habérselo prestado en el momento de la privatización con el fin de ayudarla a financiar sus inversiones, y que asciende a poco más de 12 millones de euros. La deuda de al-pi ronda los 80 millones de euros.

Los franceses quieren "dinero fresco", porque, de lo contrario y siempre según las mismas fuentes, la Generalitat convertiría la ampliación de capital en una operación para cumplir con "un puro trámite jurídico" que evitaría la disolución de al-pi sin que se garantizara la viabilidad financiera y, por tanto, el futuro del operador catalán. Preguntada al respecto, Uni2 se limita a reiterar su lacónica respuesta sobre su "apuesta por al-pi".

"Todo, menos la quiebra"

Por su parte, la Generalitat mantiene que su posición "garantiza el restablecimiento del equilibrio patrimonial y la viabilidad futura" de la empresa.

El Gobierno catalán, que se ha convertido en un accionista atrapado por la crisis del sector de las telecomunicaciones y también en su política de telecomunicaciones errática hasta hace un año, contempla diversos escenarios. Desde vender su 25% a la propia France Telecom, si consigue arrancarle garantías sobre el modelo de negocio del operador catalán, hasta recomprar al socio mayoritario su 75%, con la idea de poner la infraestructura de al-pi al servicio de otro posible operador.

"Todos los escenarios, menos la quiebra", afirmaron hace pocos días fuentes de la Administración. En el sector, la opción más celebrada sería la de una recompra por parte de la Generalitat, pese a los tintes de fracaso de la privatización que la operación acarrearía. Pero está por ver a qué precio lograría la Generalitat hacerse con ese 75%, un paquete accionarial por el que, en los años de euforia, France Telecom llegó a pagar 78,13 millones.

La cuestión es si France Telecom está realmente dispuesta a forzar la quiebra o si juega esta baza para intentar sacarle más dinero a la Generalitat. Fuentes del sector subrayan incluso un posible interés del socio francés, que éste rechaza, por disolver al-pi y desembarazarse de un problema, ante el lastre que supone para el segundo operador europeo una deuda de casi 70.000 millones y unas pérdidas hasta el primer semestre del año de 12.200 millones.

Una disolución tendría su precio. La Generalitat cuenta con los avales de 28,85 millones de euros asumidos por France Telecom para cumplir con sus compromisos de empleo e inversión en Cataluña, que se cumplieron hasta 2001. Al-pi prometió crear 540 empleos (hoy no llegan a los 300) e invertir hasta 288,49 millones hasta 2008. De momento, se han invertido en torno a 90 millones.

Sin olvidar otro problema añadido: la Generalitat, además de accionista, no sólo es el principal cliente de al-pi, sino también el primer cliente del grupo Uni2. Una ruptura de su contrato de servicios no jugaría a favor de los ingresos de Uni2, que tiene previsto alcanzar sus primeros beneficios operativos a finales de este año.