La derecha francesa se enfrenta al primer conflicto por la reforma social

El miedo de los trabajadores de las empresas estatales a la privatización y al recorte de pensiones se reflejó ayer en las manifestaciones que recorrieron París, Toulouse, Marsella y otras ciudades "en defensa del servicio público", en una jornada de paralización del tráfico aéreo. La jornada puso en evidencia el aislamiento del Partido Socialista: tres ex ministros tuvieron que retirarse de la marcha de París en medio de fuertes abucheos.

Este incidente evitó que el desgaste político recayera sobre el Gobierno. Cuando arrancó la manifestación de París aparecieron Daniel Vaillant, Elisa...

El miedo de los trabajadores de las empresas estatales a la privatización y al recorte de pensiones se reflejó ayer en las manifestaciones que recorrieron París, Toulouse, Marsella y otras ciudades "en defensa del servicio público", en una jornada de paralización del tráfico aéreo. La jornada puso en evidencia el aislamiento del Partido Socialista: tres ex ministros tuvieron que retirarse de la marcha de París en medio de fuertes abucheos.

Este incidente evitó que el desgaste político recayera sobre el Gobierno. Cuando arrancó la manifestación de París aparecieron Daniel Vaillant, Elisabeth Guigou y Ségolène Royal, antiguos ministros de Interior, Asuntos Sociales y de la Familia, respectivamente, de Lionel Jospin, e intentaron unirse a la cabeza. Habían advertido de sus intenciones amistosas, pero se retiraron ante el griterío y las actitudes amenazadoras de algunos. Guigou hubo de ser rescatada por el servicio de orden.

Fue el único incidente de una manifestación integrada principalmente por ferroviarios, a la que se unieron grupos de otras empresas públicas. En total, 80.000 manifestantes, según los sindicatos, o 30.000, según la policía, que realizaron un largo recorrido por barrios de la orilla izquierda del Sena hasta disolverse cerca de Matignon, el palacio del primer ministro, quien ayer estaba en España.

La marcha parisiense fue dirigida por Bernard Thibault, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien la consideró una evidencia de la amplitud del descontento social, al tiempo que cuestionaba "las decisiones presupuestarias" del Gobierno de Jean-Pierre Raffarin, que "pretende reducir los efectivos [de las empresas estatales], cuya consecuencia es la reducción de los servicios públicos y los atentados a la cohesión social".

Los sindicatos de ferroviarios son unánimes en la reivindicación de impedir la fragmentación de su empresa, la SNCF, proyecto que consideran preñado de intenciones de recorte de salarios, condiciones de jubilación y de parón a las contrataciones. La movilización de los ferroviarios sirve de catalizador para otras reivindicaciones: los nueve sindicatos de Air France, que se oponen a la privatización, llamaron a apoyar esta marcha y protagonizaron una huelga ampliamente seguida en los aeropuertos de París y de otras ciudades, apoyada desde el control aéreo.

Millares de trabajadores del servicio estatal de Correos se concentraron ante el Ministerio de Economía y casi la mitad de la plantilla del grupo semipúblico France Telecom (la empresa más endeudada) secundó un llamamiento a la huelga. El personal de la televisión pública France 3, que lleva dos semanas en paro, completó la marcha.

"Medios humanos, materiales y financieros", así como aumentos de salarios y pensiones y el mantenimiento de sus estatutos particulares, son reivindicaciones muy distintas a las que planea el Ejecutivo. Todos piensan en 2003 como el año clave en que el Gobierno intentará recortar las pensiones, alargar la edad de la jubilación y privatizar empresas públicas. No hay elección alguna en el calendario, la oposición de izquierdas está deshecha -ayer su supo que Jospin ha pedido el reingreso en una sección socialista de París- y el poder neoconservador se siente fuerte.

Uno de los símbolos del cambio es la transformación del estatuto de las empresas Electricité de France (EDF) y Gaz de France (GDF), hasta ahora públicas al 100%. "Por supuesto que vamos a oponernos a la apertura del capital de EDF y GDF", afirmaba ayer un delegado sindical de este sector, decidido partidario de "la vuelta al monopolio".

Vivamente denunciada por la izquierda, la combinación de diálogo y firmeza exhibida por el Gobierno -el método Raffarin- ha dado sus primeros síntomas de éxito en el terreno social. Las amenazas de los agricultores y de los camioneros de paralizar Francia no se han cumplido, y las manifestaciones y huelgas de ayer en el sector público, pese a su importancia, no parecen la prueba de una voluntad decidida de movilización general, sino un modo de comprobar la fuerza de cada sindicato ante las elecciones del 11 de diciembre.

Se trata de elegir a los jueces de lo social, arcaico procedimiento usado en Francia para contabilizar la fuerza de cada central sindical y la subvención pública a la que se hará acreedora. Pero el envite del Gobierno va mucho más allá: Raffarin asegura que comprometerá su responsabilidad política, en junio de 2003, para sacar adelante la reforma del sistema de pensiones.