Reportaje:

Entre el viejo y el nuevo Poblenou

La lentitud de las expropiaciones del Poblenou provoca la degradación de la zona que ocupará el Parc Central La lentitud de las expropiaciones del Poblenou provoca la degradación de la zona que ocupará el Parc CentralLa lentitud de las expropiaciones del Poblenou provoca la degradación de la zona que ocupará el Parc Central

Toneladas de basura y escombros, casas medio derruidas y otras que se caen a pedazos, ropa tendida, una furgoneta, gatos merodeando y una perra que se llama Luisa. Este es el desolador panorama que ofrece la esquina de la calle de Pere VI con la avenida Diagonal, en el barrio del Poblenou de Barcelona, a pocos metros de flamantes nuevos edificios.

Este paraje se convertirá en una parte del Parc Central de la Diagonal, una zona verde de 45.000 metros cuadrados integrada en la reforma urbanística del barrio. Concretamente, se trata de la unidad de actuación número 8 del plan Diagon...

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Toneladas de basura y escombros, casas medio derruidas y otras que se caen a pedazos, ropa tendida, una furgoneta, gatos merodeando y una perra que se llama Luisa. Este es el desolador panorama que ofrece la esquina de la calle de Pere VI con la avenida Diagonal, en el barrio del Poblenou de Barcelona, a pocos metros de flamantes nuevos edificios.

Este paraje se convertirá en una parte del Parc Central de la Diagonal, una zona verde de 45.000 metros cuadrados integrada en la reforma urbanística del barrio. Concretamente, se trata de la unidad de actuación número 8 del plan Diagonal-Poblenou. Pero la lentitud del proceso de expropiación, negociado caso por caso con 204 familias y un centenar de pequeños negocios y talleres por la sociedad municipal Bagur, SA, ha supuesto que en el largo tiempo transcurrido entre la marcha de las primeras familias y el derribo total de los edificios, la zona haya caído en un lamentable estado de degradación.

En estos momentos quedan tan sólo cuatro familias, que no se ponen de acuerdo con el Ayuntamiento y se resisten a marcharse de sus casas, pero mientras tanto otra decena de familias de inmigrantes se ha instalado ilegalmente y en pésimas condiciones en los pisos que han ido quedando vacíos, pese a que las puertas fueron tapiadas con ladrillos.

Entrar en la única casa que se mantiene en pie de lo que un día fue la calle del Puigmal es como trasladarse a otra época o algún lugar en guerra. La casa permanece en pie porque una de las vecinas no acepta las condiciones del Ayuntamiento, pese a que el resto de los vecinos se marcharon en septiembre a otros pisos de la calle de Venezuela. Desde entonces, el edificio ha sido literalmente desvalijado. Los expertos en la materia comenzaron llevándose muebles, grifos, lámparas, persianas o cualquier cosa que pudiera ser vendida. Ahora ni siquiera quedan las barandillas de la escalera, por no hablar de los balcones, las tuberías o las instalaciones eléctricas. Pero aun así, cuatro de los pisos están habitados.

Son una treintena de personas, procedentes de países del Este de Europa, que viven sin agua, pinchando la electricidad y con las ventanas desnudas. Algunos llevan así dos años. Siempre en Barcelona, siempre en edificios pendientes de derribo y cambiando de lugar cada vez que llega la piqueta. Ayer, parte de un grupo de polacos, búlgaros y rumanos mataba la mañana alrededor de una mesa, fumando, bebiendo vodka y coca-cola, y comiendo pepinillos. El resto del grupo, entre ellos los picolinos -los niños-, estaban trabajando, según contaban: recogiendo chatarra, vendiendo La Farola o limpiando parabrisas en los semáforos.

Comparten historias parecidas que cuentan con una mezcla de español e italiano. Mitea, gitana, fue expulsada de Rumania, donde tiene tres hijos. Donato tuvo que huir de Bulgaria por razones políticas. Marjana, polaca, llegó a España con un grupo de compatriotas y un contrato para trabajar en Huelva, en la recogida de la fresa. Cuando acabó la temporada de la fruta decidió no regresar a su país. Desde entonces vive con su marido en una furgoneta, con la que viajan cada año para trabajar a Huelva y a Francia, para la vendimia. Todos se quejan de la 'dificultad de obtener papeles para poder trabajar', pero tienen miedo a pedir ayuda a los servicios sociales por si les 'echan del país'. Cuando se les pregunta adónde irán cuando llegue el momento de demoler el edificio, se encogen de hombros y señalan la ventana: 'A otra de estas casas'. El próximo lunes, Bagur, SA, desalojará a los inmigrantes de la calle del Puigmal y tapiará el edificio por tercera vez. Y así tantas veces como haga falta hasta que se pueda derribar.

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JORDI ROVIRALTA

'De aquí no nos movemos'

Enriqueta Marzal es la última inquilina que queda del único edificio que se levanta en la calle de Puigmal. Pasa los días 'montando guardia' en el solar, pendiente de la llegada de las excavadoras que derrumbarán el edificio donde creció. Quiere impedirlo y de momento lo ha conseguido. La casa permanece en pie porque Marzal no acepta la compensación que le ofrece el Ayuntamiento: 24.000 euros.Marzal quiere que el Ayuntamiento le facilite un piso, pero le responden que ya tiene uno de la familia en el que podría vivir. El caso está en los tribunales y en un plazo máximo de dos meses se dictará la orden de desahucio, según explica Francesc Arrabal, gerente de la sociedad municipal Bagur, SA.Es el último recurso del Ayuntamiento cuando los vecinos se niegan a abandonar sus casas. Hasta que no hay orden de un juez, no se puede derribarlas.El matrimonio formado por Pilar Pellicer y su marido, Rafael, tampoco quiere marcharse. 'De aquí no nos movemos, resistiremos'. El suyo es otro caso de falta de acuerdo entre los propietarios y el Ayuntamiento. Ellos eran propietarios de la finca número 259 de la calle de Pere IV, de uno de los pisos del edificio y de la tienda de comestibles de los bajos, que la familia regenta desde hace 75 años. Vendieron la finca y ya tienen otro piso adjudicado, pero se niegan a abandonar el negocio, por el que, dicen, les ofrecen 'sólo 18.000 euros'. La versión municipal es otra: 'Están pendientes de un acuerdo privado y están forzando la situación', asegura Arrabal. El juez decidirá.

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