CPV
La justicia siempre fue representada como una mujer con los ojos tapados. Todos hemos visto en lugares públicos y centros oficiales esas fornidas señoras de piedra con un pañuelo bajo la frente y sosteniendo una balanza bien equilibrada. Es la forma de simbolizar que los jueces han de aplicar las leyes con equidad absoluta y sin mirar a los que juzgan. Cada vez que veo una de esas estatuas me pregunto si en ocasiones no deberían levantar un poco el pañuelo y echar un vistazo. La ley a priori debe ser igual para todos, pero no todos son realmente iguales ante la ley.
Soy de los qu...
La justicia siempre fue representada como una mujer con los ojos tapados. Todos hemos visto en lugares públicos y centros oficiales esas fornidas señoras de piedra con un pañuelo bajo la frente y sosteniendo una balanza bien equilibrada. Es la forma de simbolizar que los jueces han de aplicar las leyes con equidad absoluta y sin mirar a los que juzgan. Cada vez que veo una de esas estatuas me pregunto si en ocasiones no deberían levantar un poco el pañuelo y echar un vistazo. La ley a priori debe ser igual para todos, pero no todos son realmente iguales ante la ley.
Soy de los que piensa que existen básicamente dos tipos de delincuentes: los que delinquen arrastrados por las circunstancias y la gentuza que no tiene corazón. Al día de hoy esos tipos de CPV que han dejado en la estacada a 1.200 familias los sitúo en el segundo grupo. Me estremece pensar qué clase de personas es capaz de dar correa a tanta gente sabiendo que sólo disponían de terreno para 50 cochinos pisos. Hay que ser realmente cruel para burlarse vilmente de unas personas que depositaron en ellos sus esperanzas, sus ilusiones y los ahorros de su vida. Podría entender el que, obcecados por la ambición, actuaran de forma temeraria o irresponsable, pero pegar semejante palo a la gente sabiendo el tremendo esfuerzo que han tenido que hacer para reunir el dinero es sencillamente infame.
No sé si la ley en estos casos contempla esa frialdad maligna como agravante contra los implicados, si no es así la justicia será incompleta. Hace unos días coincidí en un estudio de radio con un grupo de afectados por este presunto fraude. Los miré uno a uno detenidamente intentando imaginar su sentimiento de impotencia y desesperación. Allí abundaban las ojeras cosechadas por el pertinaz insomnio y las caras pálidas mayoritariamente cruzadas por una mueca de tristeza. Entre ellos hablaban de llevar su reclamación a todos los frentes posibles y especialmente a los medios de comunicación. Unos a otros se animaban disparatando a veces sobre sus posibilidades de ocupar las páginas de los diarios y los espacios de denuncia en radio y televisión. En mi prospección fui más allá tratando de imaginar que pasó por todas aquellas cabezas para caer en tan burda trampa. Qué afán desaforado de conseguir una casa pudo nublar el más elemental sentido de la prudencia confiando dineros esforzadamente logrados sin más garantía que una oficina y un cartel. Qué seguridad pudieron inspirarles esos tipos que no les presentaban más aval que unos folletos de colorines y unos bonitos planos. Lo que dice el alcalde Manzano, de que éste es un problema entre particulares, es cierto solamente a medias.
No hay duda de que legalmente la Administración nada tiene que ver con la cuestión, pero desde luego sí tiene obligación de prevenir a los ciudadanos, especialmente a los más ingenuos, de los canallas. Recuerdo hace año y medio el malestar que produjeron en el propio Ayuntamiento de Madrid las manifestaciones del concejal de Vivienda Sigfrido Herráez advirtiendo a la gente de los riesgos que corría entregando su dinero a las promotoras de los nuevos barrios sin las mínimas garantías. En las más altas instancias municipales le acusaron entonces de provocar un alarmismo excesivo entre los compradores.
Los sucesos de ahora han demostrado hasta qué punto acertó alertando a la ciudadanía y cómo, en el peor de los casos, Herráez habría pecado por defecto nunca por exceso. El Gobierno regional por su parte intentó hincarle el diente a CPV hace un par de años. Lo hizo la Dirección General de Consumo a instancias de un exiguo grupo de afectados que detectaron fallos tan brutales como que la empresa carecía de autorización para construir las viviendas que promocionaba. No hubo, sin embargo, forma de sancionarla, el Juzgado 34 ordenó la suspensión de ese procedimiento administrativo a favor del judicial. Lo más curioso es que esta última investigación fue provisionalmente archivada hasta hace unos días porque, con la ley en la mano, el juez no halló entonces indicios de delito. En resumidas cuentas, el sistema legal no protege al incauto de los especuladores sin escrúpulos. La inocencia es letal en esta selva de ladrillos y así será mientras el sistema favorezca a los listos y la justicia siga estando ciega.