El PSC pide la dimisión del director del juego por sus vínculos con el sector

El diputado del PSC Joan Ferran solicitó ayer en el Parlament la destitución del director general de Juegos y Espectáculos de la Generalitat, Amadeu Farré, por sus 'vínculos' con una parte de los empresarios del sector. Los socialistas consideran que la Administración catalana pretendía favorecer a los grandes operadores de las máquinas tragaperras con una reforma del reglamento que las regula, la cual ha sido retirada por el Gobierno catalán.

La discusión sobre la política del juego de la Generalitat volverá al Parlament dentro de 15 días, cuando se debata una moción del PSC en la que ...

El diputado del PSC Joan Ferran solicitó ayer en el Parlament la destitución del director general de Juegos y Espectáculos de la Generalitat, Amadeu Farré, por sus 'vínculos' con una parte de los empresarios del sector. Los socialistas consideran que la Administración catalana pretendía favorecer a los grandes operadores de las máquinas tragaperras con una reforma del reglamento que las regula, la cual ha sido retirada por el Gobierno catalán.

La discusión sobre la política del juego de la Generalitat volverá al Parlament dentro de 15 días, cuando se debata una moción del PSC en la que se reclama al Gobierno catalán la destitución de Amadeu Farré. Si se repite la misma correlación de fuerzas de hace un mes, la moción prosperará. El pasado 3 de octubre, el último día del debate de política general, el PP presentó una resolución por la que instaba al Gobierno catalán a retirar el anteproyecto que modificaba el reglamento de las máquinas tragaperras. El grupo parlamentario socialista e ICV apoyaron la resolución, ERC se abstuvo y CiU votó en contra, por lo que el Ejecutivo tuvo que dar marcha atrás en sus propósitos.

Durante la interpelación parlamentaria de ayer, el consejero de Interior, Xavier Pomés, reiteró su confianza en el director general de Juegos y Espectáculos y anunció que su departamento prepara una nueva reforma de la reglamento de las máquinas tragaperras. Eso sí, aclaró que ha encargado un estudio a un grupo de expertos para que se pronuncien sobre si el intervalo entre partida y partida de las máquinas puede aumentar el riesgo de ludopatía. Esas recomendaciones, dijo Pomés, se incluirán en la nueva modificación, para la que no fijó ningún calendario. En el anteproyecto retirado se reducía de cinco a tres segundo ese intervalo entre partida y partida.

Joan Ferran argumentó en su interpelación parlamentaria que la reforma que preparaba la Generalitat sólo favorecía a los grandes empresarios del sector -el Grupo Cirsa y Recreativos Franco- agrupados en la patronal Cofar, cuyo secretario general es Miguel Durán, ex director general de la ONCE. El diputado socialista aludió a una carta de Durán dirigida a los asociados de Cofar en la que se afirmaba que la Generalitat se había comprometido a 'compensar al sector' con la reforma del reglamento de las tragaperras. Ese dato demuestra, según Ferran, la 'connivencia' del director general de Juegos y Espectáculos con las grandes empresas del sector.

Del mismo modo, Ferran recordó que hace dos años acudió al Departamento de Interior de la Generalitat a interesarse por unos cambios en la titularidad de las máquinas tragaperras y que, una hora después de salir de esas dependencias, la persona que le acompañaba, Laura Guillot, recibió una llamada telefónica de Miguel Durán.

Guillot era entonces la secretaria de Cofar y Durán llamaba desde Buenos Aires para recomendarle que no colaborase con el diputado socialista. ¿Quién avisó a Durán de esa visita al departamento? El diputado socialista asegura que, 'sin duda alguna, desde la propia consejería de Interior', pero Pomés lo desmintió y dijo que tiene una carta de Durán en la que se asegura que fue la propia Guillot. La mujer, presente en el hemiciclo, lo negó de manera categórica al acabar la sesión, y el diputado socialista recomendó a Pomés: 'Si han de dar credibilidad a las cartas de Durán, no deberían olvidar que hace dos años afirmaba en unas cartas que el grupo Cirsa servía para financiar a CiU'.

Los viajes del Gobierno

El Gobierno de la Generalitat deberá informar al Parlament de los viajes al extranjero realizados por cada uno de sus miembros. El pleno de la Cámara aprobó ayer una moción que obliga al Consell Executiu a informar, al finalizar cada periodo de sesiones, sobre la composición de las delegaciones que viajan a cargo del presupuesto público, así como de los motivos, los resultados y las conclusiones de cada desplazamiento. El grupo parlamentario de CiU consiguió que de la propuesta inicial, que había sido presentada por el diputado del PP Daniel Sirera, fuera eliminada la exigencia de que se informe también al Parlament del coste de cada viaje, informa Enric Company.

La moción aprobada es fruto de las críticas que en su momento suscitó en todos los partidos que el líder de Unió Democràtica Josep Antoni Duran Lleida acompañara al conseller en cap, Artur Mas, en un viaje oficial a Cuba. Éste no fue, por lo demás, el primer caso en el que la oposición criticó 'la permanente y enfermiza confusión entre gobierno y partido' practicada por CiU. En el debate de esta moción, se citaron como ejemplos de esta 'interesada confusión' el hecho de que en ocasiones dirigentes del partido presenten proyectos del Gobierno y la celebración de reuniones de la cúpula de CiU en el Palau de la Generalitat. El diputado de ERC Joan Ridao sostuvo en el debate de esta moción: 'No es que hilemos demasiado fino: es que se ha insistido tanto en confundir a CiU con la Generalitat que al final parece normal lo que no lo es'.

Contra el acoso sexual

Otro de los acuerdos tomados ayer por el Parlament es el de aumentar los recursos de la inspección laboral para atender las demandas por acoso sexual en el trabajo. El acuerdo, adoptado por unanimidad a instancias de una moción del Grupo Socialista, prevé que el Gobierno catalán presente en el plazo de seis meses un estudio sobre el impacto y la situación del acoso sexual y moral de las mujeres trabajadoras de Cataluña; asimismo deberá promover que los convenios colectivos incluyan cláusulas contra el acoso sexual y las discriminaciones por razón de sexo.

En una sesión secreta, el Parlament aprobó también su presupuesto para 2003, que asciende a 36.230.640 euros, y el presupuesto de la Sindicatura de Greuges, de 2.464.036 euros.