El PP sólo acepta una enmienda a la ley de publicidad institucional
Los grupos de la oposición de las Cortes Valencianas intentaron ayer, sin éxito, que la futura ley de Publicidad Institucional, cuyo articulado fue objeto de debate en comisión, afecte no sólo a las instituciones públicas, sino también a las empresas participadas por la Administración y a los entes dependientes de la misma. Pero el Grupo Popular rechazó 58 de las 59 enmiendas de la oposición y sólo aceptó una, de carácter técnico, defendida por el Grupo Mixto.
El proyecto debatido ayer es el que elaboró el PP tras rechazar el presentado por el PSPV la pasada primavera, al que los popula...
Los grupos de la oposición de las Cortes Valencianas intentaron ayer, sin éxito, que la futura ley de Publicidad Institucional, cuyo articulado fue objeto de debate en comisión, afecte no sólo a las instituciones públicas, sino también a las empresas participadas por la Administración y a los entes dependientes de la misma. Pero el Grupo Popular rechazó 58 de las 59 enmiendas de la oposición y sólo aceptó una, de carácter técnico, defendida por el Grupo Mixto.
El proyecto debatido ayer es el que elaboró el PP tras rechazar el presentado por el PSPV la pasada primavera, al que los populares han dado la vuelta por completo hasta 'pervertirlo', según la diputada socialista María Antonia Armengol. Ésta consideró una 'desfachatez' que el proyecto legislativo excluya a empresas públicas que 'manejan miles de millones de pesetas' en fondos públicos y acusó al PP de 'no estar a favor de la transparencia y la objetividad'.
El portavoz de EU, Joan Antoni Oltra, achacó al PP una 'utilización torticera' de la publicidad institucional y pidió que 'se acabe el fondo de reptiles que desde la Administración se usa para comprar periodistas y cabeceras' y para hacer 'propaganda disfrazada'.
Mientras, el portavoz popular, Alejandro Font de Mora, dijo que es un 'error' considerar publicidad institucional todo lo que emana de organismos públicos y aseguró que el texto 'se ajusta a la legalidad, transparencia y objetividad' en la regulación de la cuestión.
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