La discreción de la justicia

Los secretarios de los juzgados de paz de Lleida denuncian que el logotipo que llevan los siete vehículos oficiales entregados por la Generalitat con 10 años de retraso no son apropiados porque pueden dificultar su trabajo y atentar contra la intimidad de las personas implicadas en alguna causa judicial.

Los funcionarios también reprocharon al consejero de Justicia, Josep-Delfí Guàrdia, que durante todo este tiempo han tenido que utilizar sus coches particulares sin recibir a cambio ninguna compensación económica.

Los coches facilitados a las siete agrupaciones de secretarios de ...

Los secretarios de los juzgados de paz de Lleida denuncian que el logotipo que llevan los siete vehículos oficiales entregados por la Generalitat con 10 años de retraso no son apropiados porque pueden dificultar su trabajo y atentar contra la intimidad de las personas implicadas en alguna causa judicial.

Los funcionarios también reprocharon al consejero de Justicia, Josep-Delfí Guàrdia, que durante todo este tiempo han tenido que utilizar sus coches particulares sin recibir a cambio ninguna compensación económica.

Los coches facilitados a las siete agrupaciones de secretarios de juzgados de paz de Lleida, que agrupan 40 municipios, llevan en la parte lateral trasera el emblema de la Generalitat y el nombre de la agrupación a la que pertenecen.

Los funcionarios consideran que en los pueblos no ocurre como en las grandes ciudades, donde un vehículo con símbolos oficiales vistosos pasa más inadvertido. Aseguran que esa circunstancia puede perjudicar su seguridad y no les permitirá realizar su trabajo con la discreción necesaria, además de violar la intimidad de las personas afectadas.

La representante de las agrupaciones de los juzgados de paz de la demarcación, Lidia Aguiló, aprovechó su intervención en el acto de entrega de las llaves de los turismos para reivindicar el reconocimiento de la peligrosidad que entraña su trabajo y la necesidad de tener un chófer a su disposición para desempeñar las tareas propias del cargo.

Guàrdia calificó las quejas de 'inoportunas, corporativistas y egoístas', y añadió que la Administración pública 'tiene otras prioridades y los presupuestos son los que son'.

Por otra parte, el consejero de Justicia manifestó que la Generalitat no tuvo ninguna responsabilidad en la fuga de los presos Manuel Brito y Francisco Picatoste, ocurrida el 14 de octubre de 2001, cuando el primero era trasladado por los Mossos d'Esquadra desde el centro penitenciario de Ponent al hospital Arnau de Vilanova de Lleida para ser atendido de una lesión simulada. Picatoste, que se hallaba de permiso, disparó a los agentes que custodiaban a Brito.

Antes de ser detenidos en Collserola, los dos fugitivos violaron a una joven y asesinaron a su novio en Cerdanyola.

La juez que instruye la causa tiene previsto interrogar al director de Seguridad Ciudadana, Xavier Martorell, por presunta negligencia en el traslado del preso. Guàrdia dijo al respecto que el permiso concedido a Picatoste se ajustó a la legalidad y que la fuga fue un hecho imprevisible.