El Consell amplía las garantías de los expropiados y del agente urbanizador

El anteproyecto del Consell que modifica la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) varía 16 artículos, la mayoría de ellos referidos al procedimiento de aprobación y adjudicación de los programas de actuación urbanística, con cuya modificación se intenta dar mayor objetividad a la selección del agente urbanizador, así como incrementar las garantías de los particulares propietarios del suelo.

Según indica en la exposición de motivos, tras ocho años de aplicación de la polémica norma y decenas de litigios, se pretende 'reforzar las garantías de los propietarios del suelo, dotar...

El anteproyecto del Consell que modifica la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) varía 16 artículos, la mayoría de ellos referidos al procedimiento de aprobación y adjudicación de los programas de actuación urbanística, con cuya modificación se intenta dar mayor objetividad a la selección del agente urbanizador, así como incrementar las garantías de los particulares propietarios del suelo.

Según indica en la exposición de motivos, tras ocho años de aplicación de la polémica norma y decenas de litigios, se pretende 'reforzar las garantías de los propietarios del suelo, dotar de mayor transparencia y seguridad a la actuación administrativa en el proceso de selección del agente urbanizador y aumentar las garantías de cumplimiento de las obligaciones específicas asumidas por el agente urbanizador'.

Así, por ejemplo, la reforma incluye la obligatoriedad de los ayuntamientos de aprobar unas bases que establezcan las condiciones técnicas, jurídicas y administrativas de aplicación común a todos los programas que se presenten y, por tanto, que sean susceptibles de ser adjudicatarios. Además, la modificación permite mayor transparencia en los procesos de adjudicación urbanística y mejora la protección de la figura del propietario.

Tras las modificaciones introducidas, el Comité Económico y Social (CES) aprobó ayer el dictamen favorable a la reforma de una ley cuya aplicación, tal como admitieron los dos vicepresidente del CES, Rafael Montero (miembro de la patronal) y Juan Ortega (representante de los sindicatos), ha generado disfunciones y deficiencias, reconocidas por el Consell. Según el CES, la modificación supondrá que los procesos de adjudicación se hagan con valores técnicos realmente contrastados, para que los propietarios tengan la información necesaria y no se vean perjudicados.