La UE dará más poder a las regiones, pero bajo la tutela de los Estados
Los debates de la Convención insisten en respetar la organización interna de cada país
La posibilidad de que los gobiernos de las comunidades autónomas tengan representación directa en Bruselas dependerá de que cuenten con el visto bueno del Estado español. En el seno de la Convención sobre el futuro de Europa son mayoritarias las posiciones que abogan por dar un mayor protagonismo a las regiones, pero reservando a los estados la responsabilidad última.
Con la ampliación prevista en 2004, la UE será un club de 25 países y 250 regiones. Los Quince apuestan por dar más poder a las regiones, pero mantienen el principio de que corresponde a cada Estado decidir su organización...
La posibilidad de que los gobiernos de las comunidades autónomas tengan representación directa en Bruselas dependerá de que cuenten con el visto bueno del Estado español. En el seno de la Convención sobre el futuro de Europa son mayoritarias las posiciones que abogan por dar un mayor protagonismo a las regiones, pero reservando a los estados la responsabilidad última.
Con la ampliación prevista en 2004, la UE será un club de 25 países y 250 regiones. Los Quince apuestan por dar más poder a las regiones, pero mantienen el principio de que corresponde a cada Estado decidir su organización interna y la propia intervención de esas comunidades ante la UE.
Las iniciativas que hoy recogen mayor consenso son: el Tratado o Constitución de la UE reconocerá el importante papel de las regiones en la política europea; las regiones podrán actuar ante la Comisión Europea si ésta pone en marcha proyectos legales que afecten a sus competencias (el Gobierno español se opone); el Comité de las Regiones debe ser reforzado (hoy es solo un órgano consultivo de la Unión) y tendrá la facultad de acudir al Tribunal de Justicia de la UE; la representación de las regiones ante la UE debe ser dirimida en el seno de cada Estado; el último responsable ante la Unión es el Estado, aunque sean las regiones las que apliquen, o incumplan, la legislación comunitaria.
La semana pasada, el debate en la Convención fue clarividente. Íñigo Méndez de Vigo, responsable del grupo de Subsidiariedad (el principio según el cual las decisiones en la UE deben ser tomadas, siempre que sea posible, por la institución más próxima al ciudadano), fue el protagonista del debate. Por primera vez, se planteó con apoyo mayoritario la posibilidad de que los parlamentos nacionales puedan intervenir ante la Comisión cuando les afecten las iniciativas legales de ésta. El alemán Erwin Teufel y el belga Elio Di Rupo reclamaron ese mismo derecho para las regiones con capacidad legislativa. En nombre del Gobierno español, Alfonso Dastis argumentó que semejante posibilidad abre el peligro 'de trasladar al nivel europeo algunos conflictos nacionales internos'. Podría darse la situación de que algún Gobierno de la UE apoyara una ley comunitaria, alegó, mientras una region del mismo país la recurría o incluso lograba cambiarla. El argumento de Dastis fue asumido por Méndez De Vigo, pero no por el representante del Gobierno alemán, Peter Glotz, para quien todos los parlamentos, nacionales o regionales, deberían tener esa posibilidad.
El eurodiputado vasco-francés Alain Lamassoure, miembro de la Convención, defendió la pasada primavera que algunas regiones deberían tener un estatuto especial en la UE, una tesis rechazada por la Eurocámara y por la propia Convención y ahora también por Giorgio Napolitano, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo. Napolitano cree que no es 'ni oportuno ni viable' dividir a las regiones europeas entre las que tendrían estatuto especial y todas las demás. Aunque, ni en competencias ni en autonomía tienen nada que ver las regiones de países con altas dosis de federalismo o regionalismo (Alemania, Austria, Bélgica, España o Italia) y el resto.
Pero incluso en el primer grupo no son comparables los niveles de autogobierno y presencia en la UE de regiones de países federales (Alemania y Bélgica) o regionalizados (España). Las tres regiones belgas, por ejemplo, pueden suscribir acuerdos internacionales de comercio al margen del Gobierno federal. Esa diferencia se ha plasmado al plantearse la posibilidad de que las regiones estén representadas en el Consejo de la UE, lo que permite el Tratado de la UE. En España, lo reclaman los Gobiernos vasco o catalán, mientras el Gobierno central lo rechaza. En Bélgica (donde líderes regionales representan habitualmente a todo el Estado belga en el Consejo), ocurre lo contrario: es el Gobierno federal el que reclama que Bruselas dé más cancha a las regiones. A unos y otros, Bruselas, la Convención y la mayoría de los Quince les responde lo mismo: 'Organícense ustedes dentro de sus territorios; a la UE le da igual quién sea el representante de cada Estado, pero, eso sí, será el representante de todo el Estado y será al Estado al que se le pidan responsabilidades a la hora de aplicar el derecho comunitario'.