El Gobierno de Aznar defiende la inmunidad de EE UU ante la Corte Penal
El PSOE rechaza el giro del Gobierno y le pide respeto a la Corte Penal Internacional
El Gobierno español promueve un consenso europeo para dar satisfacción a la demanda de inmunidad frente a la Corte Penal Internacional formulada por Estados Unidos, que podría ser aprobado el próximo lunes en Bruselas, dados los avances alcanzados anoche por los embajadores de los Quince en la reunión del Comité de Representantes Permanentes (Correper). El PSOE reaccionó ayer con irritación frente a esta iniciativa española, porque rompe sin previo aviso el consenso de las Cortes y compromete el futuro mismo de la CPI, según los socialistas.
El protagonismo español en la formulación de ...
El Gobierno español promueve un consenso europeo para dar satisfacción a la demanda de inmunidad frente a la Corte Penal Internacional formulada por Estados Unidos, que podría ser aprobado el próximo lunes en Bruselas, dados los avances alcanzados anoche por los embajadores de los Quince en la reunión del Comité de Representantes Permanentes (Correper). El PSOE reaccionó ayer con irritación frente a esta iniciativa española, porque rompe sin previo aviso el consenso de las Cortes y compromete el futuro mismo de la CPI, según los socialistas.
El protagonismo español en la formulación de un consenso en el seno de la Unión Europea ha sido destacado por la propia ministra de Exteriores, Ana Palacio, que el pasado martes indicó que la CPI había sido el tema central de la conversación telefónica que había mantenido con el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, en la mañana de aquel día.
Fuentes diplomáticas españolas explicaron ayer que la propuesta promovida por el Gobierno en la UE se basa en la idea de que resulta indispensable llegar a un compromiso con EE UU, porque, con la animadversión de ese país, la CPI tendría poca vida.
Las mismas fuentes precisaron los principios del consenso que pretende regular la respuesta homogénea de cada uno de los Quince a la petición de Washington: los acuerdos deben ser bilaterales, porque los tratados europeos no admiten otra fórmula; su objetivo no puede ser la impunidad, sino la entrega de los reclamados a la justicia estadounidense en lugar de a la CPI; su alcance debe quedar limitado a personal militar y diplomático, pero no al resto de los civiles que pide Washington; en contra de los usos internacionales, estos acuerdos no pueden ser recíprocos, para no extender más la inmunidad.
Una propuesta de consenso basada en estas líneas obtuvo anoche en el Correper un apoyo ad referéndum, con dos excepciones destacadas: Alemania, que es contraria a que se hagan los nuevos acuerdos bilaterales que pide Washington, e Italia, que quiere que la inmunidad se extienda a todos los estadounidenses, civiles incluidos. Las fuentes españolas precisaron que, si no se cerrara un acuerdo en el Consejo de Asuntos Generales del lunes, el Gobierno seguirá presionando por un consenso europeo y descartando la firma de un compromiso bilateral con EE UU como dijo estar dispuesto a hacer el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, hasta que los Quince reafirmaron en Elsinor la vía del consenso, hace dos semanas.
La actuación del Ejecutivo, que ha sido el más comprensivo con los planteamientos de EE UU en este asunto, junto a los del Reino Unido e Italia, ha encrespado los ánimos del PSOE, que entiende que el Gobierno ha roto el acuerdo de no limitar la jurisdicción de la CPI alcanzado en las Cortes durante el debate de ratificación de su estatuto, en junio de 2000, sin informar siquiera a la oposición del cambio de la actitud española.
El Grupo Parlamentario Socialista, alertado por una 'insinuación' hecha el pasado martes por Palacio ante la Cámara, presentó ayer una proposición no de ley, elaborada por Diego López Garrido, en la que insta al Gobierno a que se oponga en el seno de la UE a la celebración de los acuerdos bilaterales que pide EE UU, promueva una declaración comunitaria de que tales acuerdos son contrarios al Estatuto y, por supuesto, se niegue en cualquier caso a firmarlos. La proposición socialista va más allá de la resolución aprobada el jueves por el Parlamento Europeo, instando a los Quince a no limitar la aplicación efectiva del Estatuto de la CPI.
Organizaciones como Aministía Internacional y Human Rights Watch han protestado porque los Quince puedan engrosar la lista de firmantes de estos tratados con EE UU, que, de momento, incluye a Rumania, Israel, Tayikistán, Timor Oriental, Honduras, India, Uzbekistán, Mauritania, Palau, Islas Marshall y República Dominicana.