Inmoralización
¿Cumbre de Johannesburgo o pleno para promover la ilegalización de Batasuna? Los dos temas coinciden en el tiempo. A tenor de lo que tantos sostienen, bien parece que el destino del planeta merece menos atención que el destino de Batasuna, fuente para unos de todos los bienes, origen para otros de grandes males. No hay para tanto, pero algo hay en esta cuestión que la convierte en referencia obligada. No se puede no hablar de ello. Y así, la querencia global de este columnero se ve interferida por la dinámica local: el pleno del Congreso de los Diputados, reunido con carácter extraordinario, i...
¿Cumbre de Johannesburgo o pleno para promover la ilegalización de Batasuna? Los dos temas coinciden en el tiempo. A tenor de lo que tantos sostienen, bien parece que el destino del planeta merece menos atención que el destino de Batasuna, fuente para unos de todos los bienes, origen para otros de grandes males. No hay para tanto, pero algo hay en esta cuestión que la convierte en referencia obligada. No se puede no hablar de ello. Y así, la querencia global de este columnero se ve interferida por la dinámica local: el pleno del Congreso de los Diputados, reunido con carácter extraordinario, instó ayer al Gobierno a promover ante el Tribunal Supremo la ilegalización de Batasuna.
Javier Pérez Royo y Marc Carrillo han publicado en este diario sendos artículos en los que cuestionan radicalmente la legalidad de fondo de la decisión, que en su opinión está destinada a ser revisada y revocada por instancias judiciales encargadas de velar por la constitucionalidad de las leyes o por su adecuación al estándar europeo de derechos fundamentales. La argumentación de ambos expertos es, para un lego en la materia como el que esto firma, abrumadoramente convincente. Imagino que existirán informes jurídicos igualmente abrumadores que apuntalarán la idoneidad de la Ley de Partidos, pero no recuerdo haber leído nada al respecto. Sí he podido leer abundantes opiniones favorables a la ilegalización, algunas de ellas ética y políticamente irreprochables, otras no tanto, pero todas jurídicamente irrelevantes. No basta con decir lo que Mayor Oreja en una reciente entrevista: 'Marcará una nueva etapa en España. Es como Ermua, que no marcó sólo un hito en el País Vasco, sino en toda España. La Ley de partidos y la futura ilegalización de Batasuna van a marcar un hito en la manera de comprender y defender la democracia en España. Es atreverse a dar un paso que antes no habíamos sido capaces de dar, probablemente porque no había que haberlo dado antes' (EL PAÍS, 23 de agosto). Whisful thinking, lenguaje performativo y partidario que muy poco ha de pesar, digo yo, en un tribunal de justicia. Otra cosa son los tribunales populares.
Sí, ya sé que el Gobierno ha presentado un documento en el que recoge 23 supuestos elementos de prueba contra Batasuna. No dicen nada nuevo, nada que no supiéramos ya. No parece que los tales 'elementos de prueba' hayan servido anteriormente para activar un procedimiento judicial contra la coalición. Uno de ellos se presenta de la siguiente manera: 'Singular importancia tiene que el señor Otegi comparta un escaño parlamentario con Josu Ternera, responsable de los múltiples asesinatos cometidos en el atentado del centro Hipercor de Barcelona'. Hombre, si el citado Urrutikoetxea fuese responsable del bárbaro atentado de Hipercor (eso sí que es un acto genocida, señor Otegi) habría sido procesado y condenado por el mismo y hoy no estaría sentado en el Parlamento vasco. Esto si hablamos en términos jurídicos, como es de esperar de un informe de los servicios jurídicos del Estado presentado por el ministro de Justicia. Otra cosa sería si hablamos de responsabilidades políticas o éticas. Pero bueno: lo que sea, sonará, aunque la mezcolanza jurídico-política que viene caracterizando toda esta historia no invita al optimismo.
La justicia, dada su naturaleza ciega, actúa en función de una lógica propia y autónoma, al margen de oportunidades o de coyunturas. Preocupa por ello el instrumentalismo con el que el PP aborda la cuestión de la ilegalización, vinculándola explícitamente con el fin de la violencia de ETA -violencia que no tiene solución, aunque a buen seguro tendrá, está teniendo ya, fin- y con la delimitación de un espacio genuinamente democrático del que quedarían desplazados quienes no apoyan con entusiasmo su iniciativa. Lo que está claro, en todo caso, es que Batasuna no va a recibir solidaridad en este trance fuera de los cada vez más estrechos límites del MLNV. El proceso de inmoralización de la política asociada a la violencia es imparable.